Nueva York y otras 80 ciudades piden apoyo a acción ejecutiva de Obama

NUEVA YORK – Las alcaldías y los líderes de más de 80 ciudades y condados de todo el país -incluyendo a Nueva York, Los Ángeles y Atlanta– acudieron a la Corte Suprema del país para apoyar la acción ejecutiva sobre inmigración del presidente Barack Obama. Los líderes de estos municipios interpusieron un “amicus brief”, es decir, un documento donde presentan su posición y dan argumentos legales para respaldar a una de las partes.

Este es el tercer “amicus brief” que interpone la Ciudad de Nueva York en este caso como parte de la organización Ciudades Unidas por la Acción de Inmigración, en el que se pide que se permita y se agilice la acción ejecutiva de Obama. Esta medida, que fue presentada en 2014 pero que se encuentra entrampada en las cortes, permitiría temporalmente evitar deportaciones y generar permisos de trabajo, beneficiando a alrededor de cinco millones de inmigrantes indocumentados.

“Estamos urgiendo a la Corte Suprema a revisar este caso para que la implementación de la acción ejecutiva del presidente finalmente pueda avanzar, porque las ruedas de la justicia ya han estado atoradas en neutro para miles de familias por demasiado tiempo”, dijo el alcalde Bill de Blasio en un comunicado. “Las ciudades son donde viven los inmigrantes y son nuestros residentes, comunidades y economías las que podrán cosechar los beneficios de estas políticas”.

Por su parte, el consejero de la Corporación de la Ciudad de Nueva York, Zachary Carter, explicó que esta medida ayuda a todos los neoyorquinos. “Negándoles a los padres y niños este importante apoyo humanitario ofrecido por la acción ejecutiva impacta profundamente a la ciudad”, comentó Carter. “Esto desestabiliza a familias, pertura la educación pública e interfiere a empleados y sus empleadores. La Corte Suprema debería revisar este caso ahora, para prevenir más atrasos en implementar ayudas para millones de padres y niños indocumentados”.

La iniciativa del presidente busca expandir el programa lanzado en 2012 para proteger de la deportación a unos 700,000 jóvenes indocumentados que fueron traídos al país cuando eran menores de edad (DACA). Bajo la propuesta, la medida se ampliaría para dar protección a unos 4 millones de padres indocumentados que tienen hijos estadounidenses (DAPA), dándoles permiso de trabajo y un número de seguro social por un periodo de tres años que puede ser renovado.

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