Colombia responde a las críticas por acuerdo con las FARC

El gobierno de Juan Manuel Santos responde una carta enviada por Human Rights Watch (HRW), en la que se critica duramente la posibilidad de que condenados puedan evitar ir a prisión
Colombia responde a las críticas por acuerdo con las FARC
El presidente Juan Manuel Santos ha declarado que en ocasiones es necesario sacrificar un poco de justicia con el fin de conseguir la paz.
Foto: Hector Vivas / Getty Images

El gobierno de Colombia difundió este jueves una carta que le envió a Human Rights Watch (HRW), en la que responde a una serie de críticas que la organización internacional planteó hace dos semanas acerca del acuerdo de víctimas firmado con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), difundido el 15 de diciembre pasado.

“Respetamos y valoramos sus opiniones, pero nos vemos en la obligación de hacer algunas precisiones”, se señala al inicio la misiva firmada por el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo.

Luego da respuesta a los señalamientos de HRW de que el acuerdo garantizará que los responsables de atrocidades de ambas partes del conflicto eludan cualquier tipo de castigo genuino.

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“Se trata de asegurar (…) que se satisfagan de la mejor manera los derechos de las víctimas, y que se den garantías de seguridad jurídica a todos los que se acojan a los diferentes mecanismos y medidas del Sistema (Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición)”, dice el texto.

Según lo firmado por el gobierno colombiano y las FARC, aquellos que hayan cometido crímenes graves en el marco del conflicto interno de más de 50 años en que está sumido el país, podrán evitar penas de prisión si cuentan en forma temprana la verdad de lo que hicieron.

Estarán sometidos entonces a penas privativas de la libertad que no involucran la cárcel. Ese es un punto crítico para HRW.

“Equilibrar múltiples objetivos”

Ningún tribunal internacional ha permitido que aquellos que han sido condenados por crímenes de guerra puedan evitar la prisión por crímenes tan graves”, dijo en su momento José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

En la carta, Jaramillo responde: “Las anteriores experiencias de procesos de justicia transicional en Colombia y las experiencias internacionales han demostrado que resulta imposible satisfacer los distintos derechos de todas las víctimas sólo a través de procesos penales, o sólo a través de procesos extrajudiciales”.

Cita además un informe del Secretario General al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 2004, que señala: “Tras los conflictos es necesario equilibrar múltiples objetivos, entre los que se encuentran la búsqueda de la rendición de cuentas, la verdad y la reparación, la preservación de la paz y la construcción de la democracia y el Estado de derecho“.

Vivanco dijo que aunque el acuerdo contiene numerosas alusiones a la justicia, la rendición de cuentas e incluso a restricciones efectivas de la libertad, resulta insuficiente.

“Un análisis minucioso del texto revela numerosas ambigüedades, omisiones y lagunas que convierten a tales referencias, en el mejor de los casos, en promesas vacías”, señaló.

“En el contexto de una negociación que busca poner fin a una guerra, el derecho internacional permite sanciones alternativas y reducidas, sobre todo en combinación con medidas integrales de verdad y reparación y garantías de no repetición”.

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El texto firmado por Jaramillo reconoce que las sanciones deben guardar proporción con la gravedad del crimen.

Sesión permanente

“En ese sentido, sigue la línea marcada por el presidente Juan Manuel Santos, quien ha admitido en más de una ocasión que considera que es necesario sacrificar un poco de justicia con tal de conseguir la paz“, recordó el corresponsal de la BBC en Colombia, Natalio Cosoy.

La carta de respuesta a HRW fue difundida por el gobierno luego de una alocución del presidente Santos, realizada al concluir el primero de dos días de reuniones con su equipo negociador y asesores internacionales para hacer un balance de los diálogos de paz.

En ella señaló que cuando se reinicien las negociaciones en La Habana el próximo 12 de enero quiere que se establezca una sesión permanente de trabajo hasta que se acuerden todos los puntos de la agenda que faltan por resolver.

El objetivo de Santos es que el 23 de marzo, o incluso antes, se firme un acuerdo definitivo que ponga fin a un conflicto interno de más de cinco décadas, en el que han estado involucrados las FARC y otros grupos guerrilleros, paramilitares y fuerzas del Estado y que ha dejado más de 220.000 muertos y más de siete millones de víctimas.