Editorial: Un avance contra la pena de muerte
El Alto Tribunal rechaza que los jueces hagan la labor que le corresponde al jurado en estos casos.
La aplicación de la pena de muerte tiene numerosos problemas prácticos aparte del dilema ético, de que su instrumentación no tenga el efecto disuasivo que aseguran sus entusiastas y de ser un castigo que no permite error alguno en el sistema judicial porque es irreparable. La Corte Suprema de Justicia, lejos de abolirla, ayer declaró anticonstitucional la práctica de darle al juez la decisión final sobre la vida y la muerte.
En Florida, al igual que en Alabama y Delaware, el jurado hace la recomendación del castigo, por ejemplo la pena de muerte, pero es el juez el que decide. También en Florida, a diferencia de la mayoría de los Estados que también tienen la pena capital, es innecesario que haya una decisión unánime del jurado para la pena de muerte.
Estos elementos se combinaron en el caso del acusado de asesinato, Timothy Hurst. El jurado recomendó por una diferencia mínima de 7-5 la pena de muerte y el juez después de una investigación de los hechos (fact finding) lo condenó a muerte.
Esto es una violación a la Sexta Enmienda de la Constitución, que establece el derecho a ser juzgado y condenado por un jurado imparcial en vez de ser la decisión unilateral de un juez. Es el jurado el que debe hacer la investigación de los hechos para buscar agravantes o atenuantes, señaló el fallo redactado por la jueza Sonia Sotomayor.
La aberración del sistema usado en Florida se aprecia mejor en Alabama. Allí el juez es electo por los votantes, de manera que la aplicación de la pena capital a discreción del magistrado pasa a ser un acto de proselitismo para mostrar que es duro contra el crimen. Cerca del 20% de los condenados a muerte es resultado de la anulación del veredicto del jurado por parte del juez. Sotomayor, en una decisión de 2013, señaló desde la minoría que los jueces de Alabama impusieron unilateralmente en 101 ocasiones la pena capital cuando el jurado había pedido reclusión perpetua.
Estos casos son un poderoso argumento para eliminar de una vez por todas la pena de muerte. El sistema judicial tiene grandes problemas que se reflejan en la cantidad de presos que son liberados muchos años después de ser condenados, por errores en el juicio. El fallo de ayer lentamente es un paso hacia ese fin.
