Células de los cárteles controlan educación en Guerrero

MÉXICO – El crimen organizado se metió hasta la médula de la educación pública en el estado de Guerrero y su presupuesto anual de alrededor de 18,000 millones de dólares (en el equivalente en pesos).

“Los cárteles –Los Rojos, Guerreros Unidos, La Familia Michoacana y células derivadas, según la región- controlan con  la nómina con complicidades o extorsión y así quitan a los maestros un porcentaje de sus sueldos y prestaciones”, dijo un profesor investigador con sede en Chilpancingo cuyo nombre se reserva por razones de seguridad.

¡Ay de aquellos que se resistan!, agrega: si se niegan a “compartir” el dinero sigue una muerte dolorosa, torturas. O, si bien les va serán secuestrados hasta que “despelucan” a las familias, las “dejan sin un clavo” tal como se veía venir para los parientes de cinco maestros secuestrados en el municipio de Ajuchitán, el pasado 11 de enero.

“El Tequilero”, un ex miembro de La Familia, pedía alrededor de 250, 00o por liberarlos. Ante la desesperación de no reunir el precio del rescate, los padres comenzaron a pedir dinero en la calle, en las escuelas, a vender comida.

En esas estaban cuando 400 elementos del ejército, la policía federal y la ministerial los salvaron aunque el miedo continúa y 27 escuelas de la región suspendieron clases para 1,574 niños.

El ataque a las escuelas de Guerrero se han denunciado durante años con el común denominador de la impunidad. En 2010 un grupo de profesores presentó ante la secretaria de Educación del puerto de Acapulco, Silvia Romero, una lista de 43 maestros con nombre y apellido que habían sido secuestrados para pedirles el 50% de su salario.

Un año después, ante la falta de justicia –ningún delincuente tuvo sentencia- el problema se extendió hasta la zona norte (por Iguala y Cocula) y la Costa Chica y la Costa Grande donde 700 escuelas tuvieron que cerrar para evitar que los malandrines ubicaran a  los profesores.

Después de meses de negociaciones, los educadores accedieron volver a las aulas, pero con la alerta roja de que si un problema no se resuelve de fondo (el problema de fondo es la impunidad) volverá a ocurrir una y otra vez hasta 2016 o más.

El secretario de Educación del Estado, Salvador Martínez de la Roca, reconoció en mayo pasado que en seis meses asesinaron a ocho maestros y otros 22 fueron víctimas de rapto con fines de lucro.

– El crimen organizado está en las aulas- reconoció frente a intelectuales que asistieron a un evento en Acapulco. Ahí estaba el escritor Juan Villoro; el investigador Sergio Zermeño y el ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, José Woldenberg.

“El asunto del crimen metido en la educación se sabe en las altas esferas del gobierno desde siempre, muchas veces, orquestado desde dentro de éstas”, observa Manuel Gil, analista de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Anterior a la Reforma Educativa, por ejemplo, se presentó hasta los tribunales el caso de 10 jóvenes profesores que fueron timados por funcionarios de la Secretaría de Educación Publica (SEP) en complicidad con dirigente sindicales y hasta una hermana del fallecido líder del PRI y ex diputado, Píndaro Urióstegui.

Nicaulis fue  acusada de contactar a los jóvenes cuando estaban todavía en la normal para ofrecerles plazas de trabajo en la SEP por alrededor de 4,000 dólares. “Dan la mitad de adelanto y cuando empiecen a trabajar la otra mitad”, dijo según los denunciantes. Luego, el trabajo nunca llegó. La justicia tampoco.