Una oportunidad justa después del encarcelamiento

Encontrar un trabajo estable es esencial para los ex presidiarios que tratan de recuperar sus vidas después de haber pagado su deuda con la sociedad. Proporcionar a las personas previamente encarceladas  una oportunidad justa para construir una nueva vida es una forma comprobada para reducir la reincidencia y estabilizar las familias y las comunidades.

Sin embargo, a decenas de miles de neoyorquinos se le ha impedido la integración en la sociedad debido a que el mero reconocimiento de una condena anterior en una solicitud de empleo puede constituirse automáticamente en una barrera para ser contratado.

Es por eso que mi oficina ha convertido en una prioridad asegurar que los empleadores no excluyan a posibles empleados  simplemente debido a una condena anterior.

Según datos de la Oficina Federal de Estadísticas de Justicia, uno de cada tres estadounidenses puede tener antecedentes penales. Así que, con casi el 90 por ciento de todos los empleadores realizando verificaciones de antecedentes, no es de extrañar que el 60 por ciento de las personas previamente encarceladas estén desempleados un año después de su liberación. Mientras tanto, la investigación muestra que el tener un puesto de trabajo después de la liberación puede conducir a una disminución significativa en la reincidencia.

El Estado de Nueva York ha estado a la vanguardia en la lucha contra la injusta exclusión  de los ex presidiarios. Desde la década de 1970, la Ley de Derechos Humanos del Estado de Nueva York ha prohibido a los empleadores asumir una prohibición general en la contratación de cualquier persona con antecedentes penales y requiere a los empleadores evaluar individualmente para determinar expediente penal del solicitante es relevante para el trabajo que solicita.

En los últimos años, las ciudades de todo el estado – incluyendo la ciudad de Nueva York, Búfalo y Rochester – han ido más allá y han  promulgado leyes de “Prohibición de la cajita” (refiriéndose al recuadrito donde se le pide a la persona indicar su antecedentes), que prohíbe a los empleadores preguntar sobre los antecedentes penales de los solicitantes en las solicitudes iniciales de empleo. Los empleadores todavía están autorizados a preguntar acerca de la historia criminal más adelante en el proceso de la entrevista, pero se les anima a considerar las calificaciones individuales del solicitante en primer lugar.

Mi oficina ha sido vigilante en asegurarse de que leyes locales, estatales, y las leyes federales se aplican. Recientemente anuncié acuerdos con dos grandes minoristas nacionales, Big Lots y Marshalls, que habían estado violando la ley de “prohibir la cajita” de Búfalo.

Además de pagar un total combinado de $195,000 en multas, ambas compañías acordaron dejar de pedir a los futuros empleados indicar acerca de sus antecedentes penales en sus casi 140 tiendas en todo el estado. Este anuncio se basa en acuerdos similares con Party City y Bed, Bath & Beyond en 2014.

Igual de importante, tanto Marshalls y Party City también han acordado reclutar activamente a los solicitantes con antecedentes penales a través de una organización con experiencia en la formación de las personas previamente encarceladas.

Este es el tipo de compromiso que necesitamos en todos los sectores con el fin de cumplir con el ideal americano de que todo el mundo merece una oportunidad justa en la vida. El rechazo automático de solicitantes simplemente por  haber estado previamente encarcelados los mantiene marginados y con más probabilidades de regresar a la delincuencia.

El impacto de la discriminación basada en antecedentes penales  no se siente de forma homogénea en todas las comunidades. Los hombres negros tienen seis veces más probabilidades de ser encarcelados que los hombres blancos, y los hombres hispanos tienen 2,5 veces más probabilidades de ser encarcelados que los hombres blancos, de acuerdo con a la organización The Sentencing Project. Las preocupantes disparidades raciales de encarcelación en masa se replican incluso después de su liberación por el trabajo y otras formas de discriminación.

También hemos participado activamente en romper las barreras a la educación para las personas con antecedentes penales.

En 2014, mi oficina logró acuerdos con  St. John’s University, Dowling College y otras cinco universidades de la ciudad- para impedir que estos centros académicos pidiesen a los candidatos reportar contactos irrelevantes con el sistema de justicia penal, incluyendo arrestos que no condujeron a ninguna condena o registros que habían sido sellados, borrados o indultados.

Por último, debemos extender nuestros esfuerzos a otras áreas de la discriminación. Un estudio reciente encontró que 180.000 mujeres en Estados Unidos tienen prohibido recibir ayuda del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas porque tienen una condena por un delito grave de  drogas. Esta medida perjudica a los niños en todo el país y debe llegar a su fin.

Mi oficina mantiene su compromiso de garantizar la igualdad de acceso a las oportunidades de empleo, educación y asistencia pública para todos los neoyorquinos. Los acuerdos recientes con las tiendas minoristas pone a todos los empleadores sobre aviso de que no se puede cerrar la puerta a los solicitantes de empleo sólo por su conducta pasada. Todo el mundo merece una oportunidad justa y una segunda oportunidad.