Editorial: La pobreza no es un delito
Los pobres son los más perjudicados por la multas y recargos que se les cobra en el sistema judicial
La Suprema Corte de Justicia determinó en 1983 que una persona no puede ir a la cárcel por ser demasiado pobre como para pagar multas y recargos. El fallo señaló que solamente pueden ser condenados aquellos que tienen el dinero e “intencionalmente” se niegan a pagar. El que los magistrados del Alto Tribunal no hayan sido más específicos aparentemente permitió que se desarrolle un sistema que literalmente castiga la pobreza.
Un ejemplo de esto es el caso del acusado de un delito menor que no puede pagar una fianza de 500 dólares, como ocurría con el 79% de arrestados en Nueva York en 2010. Después de estar unos días presos, cuando el individuo es liberado se le pasa la cuenta de los gastos incurridos como el costo de alojamiento y comida, el cargo por defensor de oficio -que no es grátis como se cree- por el costo del fiscal y una prueba de detección de drogas -si fue necesario-, entre otros recargos.
Ante esto el detenido puede volver a la cárcel por no poder pagar o el juez puedar un plan de pagos en cuotas e intereses, quedando expuesto a recargos y multas por atrasos y si no cumple, la orden judicial de su arresto le será también cobrada.
Este sistema lentamente fue diseñándose a partir de la década de los ochentas al combinarse recortes de impuestos con déficits de presupuesto y el interés de los votantes a ser duros contra la delincuencia. De esta manera, las multas y los recargos dejaron de ser solo un castigo para convertirse en una forma de financiamiento del sistema judicial.
Un análisis realizado estado por estado por la Radio Pública halló que por lo menos en 43 estados se le cobra al acusado por el defensor público, en por lo menos 41 estados -incluyendo California y Nueva York- se puede cobrar por alojamiento en la cárcel, en 43 estados se les puede cobrar por los gastos de supervisión en los casos de libertada condicional.
Es el momento de cambiar este modelo que hace de la pobreza un delito más, ahora que la reforma judicial tiene un respaldo bipartidista. La Casa Blanca está destinando fondos para “reestructurar”el sistema de multas y recargos. Este debe ser es el comienzo de hacer respetar la tan ignorada decisión del Alto Tribunal.
