HRW alerta sobre malas condiciones de presos con VIH en cárceles locales de Louisiana

Informe denuncia servicios limitados de pruebas y tratamiento contra el virus del sida para presos en Louisiana, que tiene las mayores tasas de encarcelamiento y de infecciones con el VIH en EEUU

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Crédito: Archivo.

WASHINGTON.- Louisiana, la tierra del jazz, es también “zona cero” de nuevas infecciones con el virus VIH en EEUU y donde los casi 18,000 reos en cárceles locales no tienen buen acceso a pruebas y tratamientos, según denunció este martes el grupo humanitario “Human Rights Watch” (HRW).

El mordaz informe de HRW señaló en sus 70 páginas que la falta de servicios básicos para tratar las infecciones con el VIH entre los reos en cárceles de distrito pone en peligro no sólo su salud sino también la de las comunidades en las que éstos se reinsertan al cumplir sus condenas.

Louisiana “zona cero” de dos epidemias

Según Megan McLemore, autora del informe e investigadora de temas de salud de HRW, Louisiana es “zona cero” de dos epidemias: por un lado, tiene la tasa de infecciones de VIH más alta de EEUU y, por otro, una tasa de encarcelamiento  que supera el promedio nacional.

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En Louisiana, la tasa de nuevas infecciones con VIH de 36,6 personas por cada 100,000 habitantes, en comparación con la tasa nacional de 16,5 por cada 100,000. Su tasa de encarcelamiento es de 816 por cada 100,000 adultos, en comparación con la tasa nacional de 392 por cada 100,000 personas.

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En EEUU, las poblaciones con mayor riesgo de infección con el VIH y las que permanecen tras las rejas suelen ser las mismas: es decir, drogadictos, trabajadores sexuales, los homosexuales, los pobres, indigentes y las minorías étnicas y raciales, indicó HRW.

Se calcula que los presos tienen una tasa de infección con el VIH tres veces más alta que la población en general, mientras que uno de cada siete enfermos con el virus caerá preso cada año.

Por ello, HRW destacó la urgencia de adoptar reformas en Louisiana, donde cerca de una de cada 75 adultos se encuentra en prisión, incluso por infracciones menores o delitos no violentos.

Con demasiada frecuencia y para ahorrar dinero, las autoridades en cárceles locales no ofrecen a los reos infectados con VIH el diagnóstico ni tratamiento adecuado una vez que salen libres.

Las cárceles estatales sí ofrecen pruebas de rutina y tratamiento y tienen acceso a fondos federales para servicios médicos una vez que los reos recuperan su libertad.

Servicios limitados o inexistentes

Pero en las cárceles locales y de distrito, el acceso a servicios contra el VIH suele ser “limitado, disparejo y, en muchos casos, inexistente”, dijo HRW.

De las 104 cárceles en Louisiana, sólo cinco ofrecen pruebas del VIH a los reos, contrariando las recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

“En muchas cárceles, el tratamiento contra el VIH se demora, se interrumpe, o directamente no se proporciona”, indicó el documento.

La investigación de HRW citó el caso de Marvin Auguillard, que fue diagnosticado con el VIH en 2008 en una cárcel de distrito en el Este de Baton Rouge, aunque su caso empeoró durante su estancia en una cárcel en Nueva Orleans en 2012.

“Allí pasé siete meses y no recibí ningún tratamiento médico en absoluto”, recordó Auguillard, quien desarrolló el sida por falta de medicamentos.

Auguillard no es un caso aislado, ya que otros expresidiarios dijeron a los investigadores de HRW que sus familiares tenían que llevarles las medicinas a la cárcel –aunque nunca las recibían-, porque las autoridades carecían de fondos ante el costo prohibitivo de los tratamientos.

No ofrecen las pruebas porque las medicinas son caras: el costo promedio de un tratamiento supera los $50,000 al año. En Louisiana, el presupuesto carcelario depende de los concejos municipales, o “parishes”, que son equivalentes a condados, y éstos afrontan problemas de fondos.

Alrededor del 3,5% de los reos en Louisiana tiene un diagnóstico positivo con el VIH, en comparación con el 1,5% de los reos en todo el país.

En su informe, HRW recomendó que el gobierno estatal continue las reformas del sistema de justicia penal que “promuevan alternativas al encarcelamiento”,  porque eso reduciría la carga fiscal de las cárceles para hacer frente a condiciones de salud crónicas y beneficiaría al sistema de salud pública a largo plazo.

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