Activistas presentan moción de emergencia para proteger datos de “Dreamers”
Activistas de tres grupos cívicos presentaron una moción para impedir que el juez federal obtenga los datos de miles de “Dreamers”
La lucha por el DreamAct ha sido larga en todo el país. Crédito: Archivo | La Opinión
WASHINGTON.- En nombre de cuatro inmigrantes indocumentados, activistas de tres grupos cívicos presentaron este viernes una moción de emergencia para impedir que el juez federal, Andrew Hanen, obtenga los datos privados y personales de decenas de miles de “Dreamers” que recibieron permisos de trabajo el año pasado.
Hanen, que preside el caso de una demanda contra los alivios migratorios anunciados por la Administración Obama en 2014, ha dado plazo hasta el 10 de junio próximo para que el gobierno entregue datos de 50,000 “Dreamers” que recibieron permisos antes de que él prohibiera su puesta en marcha en febrero del año pasado.
En nombre de cuatro “Dreamers” que recibieron beneficios para el programa de “acción diferida” (DACA) de 2012, y que se verían afectados por la orden de Hanen, tres grupos cívicos presentaron una moción de emergencia ante el Quinto Circuito de Apelaciones –conocida en términos legales como “writ of mandamus- con la meta de proteger los datos de los jóvenes.
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El objetivo del Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC), la Unión de Libertades Civiles (ACLU), y su filial en Texas, es lograr que se postergue o se anule la orden de Hanen del pasado 19 de mayo, al menos hasta que el Tribunal Supremo haya emitido el fallo sobre la legalidad de los alivios migratorios.
Durante una conferencia telefónica con periodistas, los activistas criticaron que el juez Hanen, para comenzar, no ha explicado por qué necesita los datos de los beneficiarios y, en todo caso, la orden no tiene justificación alguna. Los grupos esperan una respuesta a su moción de emergencia para el próximo 8 de junio, dos días antes del plazo que tiene el Departamento de Justicia para entregar una lista detallada de los que recibieron los permisos de trabajo de tres años.
Una de las posibles afectadas por la orden judicial, Angélica Villalobos, resumió el temor de los “Dreamers” sobre el uso que Hanen y los 26 estados demandantes puedan hacer de los datos personales de quienes recibieron los beneficios.
“Los cuatros hemos decidido levantarnos contra el juez Hanen porque lo que está haciendo está equivocado, y no lo vamos a tolerar”, dijo Villalobos.
“Quizá una de las motivaciones (de Hanen) es que se le están acabando las opciones y ahora está usando una táctica asquerosa, que es infundir miedo en nuestra comunidad. El no puede de repente (exigir la lista), sin justificación alguna sobre por qué está pidiendo esta información”, dijo Villalobos, madre de cuatro hijos en Oklahoma.
Los otros indocumentados representados en esta moción son Juan Escalante, de Florida, y dos que viven en Texas pero que se sumaron de forma anónima al documento para proteger su identidad.
La orden de Hanen exige todos los datos personales de los 50,000 “Dreamers” amparados bajo el DACA de 2012, que residen en los 26 estados demandantes y recibieron permisos de tres años bajo las nuevas directrices anunciadas por la Administración Obama en noviembre de 2014.
En total, sin embargo, poco más de 100,000 recibieron o renovaron esos permisos por tres años -los de 2012 eran de dos años- antes de que Hanen emitiera una orden el 16 de febrero de 2015 para suspender temporalmente tanto la puesta en marcha de la ampliación del “DACA”, conocido como “DACA+”, como otro programa similar para adultos con hijos ciudadanos o residentes legales, conocido por su sigla en inglés “DAPA”.
El “DACA+” debía comenzar el 18 de febrero de 2015, y el DAPA el 19 de mayo de ese año. Debido a la orden de Hanen, hasta cinco millones de indocumentados permanecen en limbo, a la espera de que el Tribunal Supremo emita un fallo sobre el caso “United States v. Texas”, previsiblemente para finales de este mes.
Hanen insiste en que los abogados del Departamento de Justicia lo engañaron sobre la puesta en marcha de los alivios migratorios, y como parte de su orden del pasado 19 de mayo, los abogados tendrán que tomar cursos de ética legal.
COBERTURA ESPECIAL SOBRE INMIGRACIÓN
Pero los activistas sugirieron hoy que hay motivaciones políticas detrás del fallo de Hanen contra los alivios migratorios, y su nueva orden solo buscan infundir temor a quienes podrían recibir los alivios migratorios una vez que éstos se pongan en marcha.
El martes pasado, el Departamento de Justicia presentó en paralelo el martes pasado una moción para suspender la orden de Hanen, un juez federal en Brownsville (Texas) que ha sido crítico de la política migratoria del presidente Barack Obama.
Durante la llamada, Greisa Martínez, activista del grupo “United We Dream”, afirmó que con esta moción, tanto los grupos cívicos como los “Dreamers” quieren mandar un mensaje claro a Hanen: “hemos venido demasiado lejos y no daremos marcha atrás. Estamos acá para quedarnos”.
