¿Son los juicios orales una sentencia a muerte para la impunidad en México?

MÉXICO.- Jesús Gutiérrez fue acusado de manejar borracho su BMW por la lateral del periférico en la Ciudad de México, atropellar a tres ciclistas, matar a uno de ellos y de herir a dos. Así llegó a los nuevos tribunales orales de la justicia mexicana, donde una juez le impuso una fianza de alrededor de 30,000 dólares y le dio la oportunidad de reunir pruebas a su favor porque él alegaba sobriedad.

La juez también habló a Gutiérrez sobre su derecho a mantener bajo reserva sus datos personales, fijó un domicilio para notificarle sobre futuras presentaciones ante las autoridades y ofreció un abogado de oficio; el Ministerio Público, por su parte, tuvo oportunidad de defender la legal detención del implicado para evitar violaciones al debido proceso.

Once meses después, pero a más de 150 kilómetros al oriente de la capital mexicana, a Idelfonso Zamora, un líder campesino que durante más de 20 años ha defendido los bosques de la comunidad de San Joaquín Tacozutla, en el Estado de México, se lo llevaron directo a prisión por presunto robo.

A Zamora lo detuvieron sin orden de aprehensión y sin notificación de que tenía una denuncia en su contra ante el ministerio público, tal y como lo han notificado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la organización internacional Greenpeace que abogan por el ambientalista.

Dos casos, dos actitudes. Dos maneras de conducirse aunque en ambos estados ya estaba funcionando el nuevo Sistema de Justicia Penal que tiene como pilar un esquema de juicios orales que desplazará al fracasado sistema de justicia que tenía en la impunidad al 98% de los delitos debido principalmente a juicios escritos  (Sistema Inquisitorio) y donde muchas veces los implicados jamás veían al juez.

Aplicación del nuevo Sistema de Justicia Penal

Algunos estados del país se adelantaron a otros y empezaron desde mucho antes a implementar los juicios orales. Nuevo León, por ejemplo, en 2012, aunque es hasta el próximo 18 de junio cuando se vence el plazo constitucional para que las 32 entidades federativas ya estén trabajando con el nuevo sistema de justicia con los juicios orales como reyes de la gran apuesta.

“El 18 de junio es el comienzo de una transformación que nosotros calculamos que durará entre cinco y nueve años”, dijo en entrevista con este diario María de los Ángeles Fromow, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de Sistema de Justicia Penal.

En adelante -precisó Fromow- el gobierno deberá seguir invirtiendo en  reestructurar áreas, seguir capacitando a policías a peritos, a áreas científicas y tecnológicas.

A la larga, “el nuevo sistema de justicia oral acabará con la impunidad”, enfatizó recientemente el presidente Enrique Peña Nieto y los secundó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio.

Pero el Observatorio Ciudadano de la Justicia (OCJ), una organización integrada a la vez por diversas instituciones ciudadanas que trabajan el tema, no tiene el mismo optimismo.  Sobre todo ante  dos grandes retos a los que la sociedad debe estar atenta “si no quiere dejar la puerta abierta a las malas prácticas”: la corrupción y el abuso de poder e ineficiencia.

Un estudio de percepción de Justicia del Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló en 2012 que el 89% de la población mexicana desconoce que se aprobó una reforma constitucional en el 2008 que instauró en México un nuevo sistema de justicia penal que dio facultades de ministerio público a los policías de seguridad, incluyó a los juicios orales, la homologación de los códigos penales y la máxima sobre la presunción de inocencia.

“Para que funcione el sistema debe estar basado en el pilar de que la sociedad conozca cuales son sus derechos en este nuevo sistema”, advirtió Martín Barrón, analista del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Algunas faltas y aciertos

Nuevo León es un ejemplo de lo que enfrentará en adelante el nuevo sistema de justicia porque es uno más avanzados y tiene aún faltas importantes, ¿qué se puede aprender en entidades más atrasadas como Sonora, Campeche, Tamaulipas, Veracruz, Baja California, Michoacán, Jalisco y Guerrero?

El reporte de OCJ –presentado en 2015- señala que el nuevo sistema de justicia penal  aún carece de tecnología, infraestructura y equipamiento para la implementación como una plataforma que facilite el registro y sistematización de la información sobre las causas penales.

Adolece además de unidades especializadas para evitar la sobrepoblación penitenciaria y casos de impunidad; falta capacitación, equipamiento y policías internos que faciliten y promuevan el nuevo sistema e impulsar un servicio profesional de carrera.

5 diferencias entre juicios orales y tradicionales

1. En el juicio oral, el juez escucha por separado a las partes en su oficina; en el juicio oral las conversaciones sin la presencia de la otra parte están prohibidas.
2. El juez de sentencia no es el mismo juez que toma decisiones sobre la prisión preventiva (juez de garantía). Y conduce el juicio públicamente frente a las partes. Además hay un juez que da seguimiento al caso después de la sentencia.
3. En el juicio tradicional, ninguna de las partes del juicio tienen una relación directa con la prueba, En el juicio oral, las partes participan en la presentación de la prueba en colaboración con peritos y policías.
4. En el juicio tradicional la práctica consiste en que las audiencias se difieren cuando falta cualquiera de los citados. De hecho, se estima que 40% de las audiencias se difieren, lo cual hace que procesos que pudieran durar uno o dos días se extiendan durante varios meses. En el juicio oral las audiencias se realizan con eficiencia y faltar a ellas tiene un costo para el ausente o alguna de las partes.
5. En el sistema tradiconal el mismo juez es propenso a inclinarse hacia las peticiones del Ministerio Público. En el juicio oral, hay otro juez (de garantías) decide acerca de la detención previa al juicio, el plazo de investigación que se otorga a la fiscalía. Por tanto, el que controla el debido proceso en la investigación policial, no es el mismo que decidirá el caso.

Fuente: Colegio de la Barra de Licenciados en Derecho.