Grijalva presenta ley para que veteranos deportados puedan regresar legalmente a EEUU

WASHINGTON.- Para algunos veteranos de guerra su servicio militar no los escudó de la deportación, pero este jueves el legislador demócrata por Arizona, Raúl Grijalva, presentó un proyecto de ley para que éstos puedan regresar legalmente a EEUU.

Durante una rueda de prensa, Grijalva presentó el llamado “Acta de Protección y Visas para Veteranos”, que establecería un programa de visas para que los veteranos deportados puedan regresar a Estados Unidos con visas de residencia permanente.

“No es una amnistía general, se hará una revisión caso por caso,  es un proceso, y es para quienes cometieron delitos no violentos”, explicó Grijalva, al presentar la iniciativa H.R. 5695.

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La iniciativa tiene una veintena de copatrocinadores, entre éstos el congresista demócrata por California, Juan Vargas, quien consideró que “no es justo” que por “errores menores” muchos veteranos de guerra son “castigados dos veces”, primero con la cárcel y después con la deportación.

La legislación también mantendría en pie los privilegios en vigor para aquellos miembros del Ejército que quieran solicitar la ciudadanía –la puedan obtener en un plazo acelerado de tres años- además de los beneficios federales.

Grijalva estuvo acompañado, mediante “Skype”, de Héctor Barajas, un veterano de la División Aérea 82 del Ejército (1995-2001), que fue deportado en 2004 a las polvorientas calles de Tijuana (México).

Ya en Tijuana, sin posibilidades de regresar, creó en 2013 una casa de refugio, popularmente conocido como “el bunker”, para veteranos que, como él, fueron deportados por errores del pasado.

Uno de esos errores fue no solicitar la ciudadanía mientras estuvo en activo, porque pensó, erróneamente, que su juramento con las Fuerzas Armadas era sinónimo de juramento de naturalización. Ahora, luciendo su uniforme de gala del Ejército, Barajas dijo que está en proceso de solicitar la ciudadanía con la ayuda de un abogado.

“No hay nada honorable deportar a veteranos de guerra”, afirmó Barajas, al señalar que su grupo ha identificado a poco más de 200 veteranos de 34 países.

Aunque la iniciativa de Grijalva no establece ningún límite al número de veteranos elegibles para recibir los beneficios de la ley en ciernes, su oficina no pudo precisar cuántos han sido deportados porque las agencias federales no mantienen ese tipo de estadísticas.

Un informe del Pentágono de 2008 indicó que alrededor de 8,000 extranjeros se enlistan en las Fuerzas Armadas cada año, mientras algunos activistas calculan que al menos 2,000 vetearnos de guerra viven en poblados del norte de México.

De ser aprobada, algo improbable en este Congreso,  el gobierno tendría que determinar que el veterano en cuestión no fue deportado por cometer un crimen violento o “un crimen que ponga en peligro la seguridad nacional de EEUU y por el cual ha purgado al menos cinco años en prisión”.

La semana pasada, la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) divulgó un informe, titulado en inglés “Discharged Then Discarded”, que detalla los casos de 59 veteranos, algunos condecorados, que han sido deportados o afrontan una inminente expulsión por delitos cometidos en el pasado pero que los ponen en la vía rapida de la deportación.

“Son miembros de la que es desafortunadamente una creciente hermandad –veteranos de las Fuerzas Armadas de EEUU que han sido deportados” sin pena ni gloria, indicó el documento.

Una ley federal de 1996 delineó una serie de delitos, antes considerados infracciones menores, pero que ahora son “delitos agravados” que exigen la deportación.

“En muchos casos, estas fueron infracciones menores de veteranos que sucumbieron a las dificultades de un reajuste a la vida civil, y pagaron su deuda a la sociedad”, pero ahora se les niega la entrada “de por vida” de EEUU, dijo el informe de ACLU.

El Congreso inició hoy un receso de ocho semanas, y no está claro que vaya a debatir esta iniciativa este año.