Nueva ley educativa de México: más represión que educación

“Es posible que el gobierno quiera que los niños paguen por los libros…”
Nueva ley educativa de México: más represión que educación
Organizaciones de la comunidad oaxaqueña y migrante participan en una manifestación frente al consulado mexicano.

En 2013, el dócil Congreso de México aprobó la reforma educativa enviada por el presidente Enrique Peña Nieto. La nueva ley fue aceptada por el sindicato de maestros aliado al poder, pero fue rechazada en cuatro estados por sindicatos más críticos.

Maestros de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero se niegan a implementar la ley que consideran que tiene poco de educativa y más bien parece orientada a controlar, precisamente, a aquellos grupos de maestros disidentes o sindicatos rebeldes.

“Aunque las autoridades aseguran que la educación en México seguirá siendo gratuita, hay indicios de una tendencia privatizadora reflejadas en la nueva ley”, afirma Pergentino José Ruiz, maestro y escritor de origen zapoteco que recientemente visitó Los Ángeles y Fresno, California, para realizar talleres literarios con énfasis en la escritura indígena. En Fresno se realizó además una vigilia organizada por grupos indígenas oaxaqueños en favor de una resolución pacífica del conflicto entre maestros y el gobierno. “Por ejemplo, desde hace unos años la publicación de textos escolares pasó a manos de editoriales privadas, y en su mayoría extranjeras, por lo que nuestros niños ya no leen a nuestros poetas, sino a los de otro país”.

El principal punto de enfrentamiento entre el gobierno y los maestros disidentes es la implementación de evaluaciones para maestros.

Los maestros en México no eran evaluados, pero ahora el gobierno comenzó a realizar evaluaciones.

Quienes se oponen a la nueva ley aseguran que no se realizaron consultas sobre el contenido de esas evaluaciones y también cuestionan que ésta se hace por medio de empresas privadas. Y agregan que la ley no establece ninguna reforma en materia pedagógica.

“La ley dice que un maestro (o una maestra) tiene tres oportunidades de pasar la evaluación. Si no la pasa, pierde su plaza y queda como trabajador administrativo”, explica Ruiz. “También establece que si un maestro falta tres días de manera injustificada, será despedido. Cada día que falta, se le descuenta el salario”.

Según Ruiz, esto afecta los contratos laborales ya firmados y apunta directamente a evitar que los maestros se manifiesten en las calles.

Y para demostrar su repudio, los maestros hicieron exactamente eso: salir a las calles. En Chiapas hubo represión policial, en Oaxaca las fuerzas del orden tomaron los edificios del sindicato y se apoderaron de la nómina, o sea que el gobierno tiene los datos de cada maestro del estado. Después arrestó a los dirigentes máximos del sindicato local, conocido como “Sección 22”.

Y después llegó lo peor.

El 19 de junio, cientos de policías federales reprimieron la marcha de maestros en la localidad de Nochixtlán, cercana a la capital de Oaxaca. Algunos policías usaron armas de fuego, dejando entre 6 y 9 muertos y decenas de heridos.

Esta agresión —que el gobierno mexicano, fiel a su tradición primeramente negó— radicalizó aún más a los maestros.

Debido a las críticas, incluso internacionales, el gobierno tuvo que reconocer su responsabilidad en el ataque —pero sin abrir una investigación independiente— y dejar por el momento la represión, invitando a los maestros a dialogar. Claro, con una condición: la nueva ley no se modificara.

Entonces, ¿qué es lo que se negociará?

De acuerdo a Ruiz, las condiciones de las escuelas en Oaxaca son lamentables. Un 25% de ellas tienen un solo maestro. Muchas no tienen luz ni piso de material. Y no se están entregando los libros de texto a los estudiantes.

“Es posible que el gobierno quiera que los niños paguen por los libros…”, dice Ruiz, quien comenta que existen 70 líderes del magisterio en distintas cárceles.

Y agrega que la Sección 22 tiene una propuesta educativa positiva, pero el gobierno ni siquiera la menciona. Y explica que esta propuesta pretende enseñar a partir de las tradiciones indígenas.

“Mi impresión es que el otro objetivo del gobierno es controlar —y quizás cerrar— las escuelas normales del estado, que operan bajo control del sindicato”.

Las escuelas normales de México, donde se forman los futuros maestros, tienen una tradición crítica. La más famosa de éstas, por razones que también implica la represión del estado, es la de Ayotzinapa, Guerrero.

De acuerdo a diversos analistas, el gobierno mexicano quiere establecer una sociedad más “domesticada”. Y qué mejor manera que empezar por los maestros de la Sección 22, una verdadera piedra en el zapato del gobierno derechista mexicano.

“El conflicto esta muy politizado… Al principio los padres apoyaban a los maestros pero ahora muchos piden que empiecen las clases porque de lo contrario sus hijos se atrasaran en sus estudios”, dice Ruiz. “Nada de esto le preocupa a la gente de dinero, ellos mandan a sus hijos a escuelas privadas”.

En este sentido, recientemente algunos empresarios pidieron a los maestros que cedan y que la ley se aplique.

Para muchos, la reforma educativa es otro fracaso del gobierno de Peña Nieto, quien ya privatizó el petróleo.

No queda claro si la nueva ley elimina la práctica de que los maestros hereden o vendan sus puestos al jubilarse.

Mientras tanto, el gobierno sigue comprando armas para reprimir a su propia gente. “Sería mejor dedicar ese dinero a arreglar las escuelas de zonas pobres”, concluyó Ruiz.


Eduardo Stanley es un periodista independiente radicado en Fresno, California, desde donde escribe sobre temas de inmigración, trabajadores agrícolas, efectos de la sequía, influencia de la cultura indígena, y más.