El concejo aprueba reformas al sistema de justicia penal

Una de las enmiendas prohíbe que los detenidos comparezcan en traje de presidiarios

NUEVA YORK.- El Concejo aprobó este martes tres proyectos de ley destinados a promover reformas al sistema de justicia penal como al sistema carcelario de la ciudad de Nueva York.

“Mientras este Concejo reafirma las reformas al sistema de justicia penal, estamos implementando reformas graduales que, cuando se combinan, crean un cambio significativo que incentiva nuestro compromiso de ver un sistema de justicia penal justo y equitativo”, dijo la presidenta del Concejo Melissa Mark- Viverito.

Según la edil, los tres proyectos de ley crean reformas de sentido común que ayudarán a garantizar la justicia fundamental y la igualdad económica en el sistema de justicia penal y el trato humano para todos los neoyorquinos, independientemente de su capacidad económica.

La reforma 1260-A, patrocinada por Mark-Viverito, requeriría que el Departamento de Correccionales (DOC) determine cuando un acusado en su custodia tiene otros casos pendientes dentro del circuito penal. El DOC deberá notificar a la Oficina de Administración de la Corte (OCA) su custodia, para hacer la programación de las comparecencias de los acusados. Estos requisitos dependerán de que la OCA proporcione al DOC información pertinente sobre las fechas de comparecencia en los tribunales.

De acuerdo con datos que maneja el Concejo, aproximadamente 7,800 órdenes de arresto son emitidas cada año contra personas que ya están en la cárcel en el momento en que se emite la orden. Esto se debe a que el sistema judicial no tiene un mecanismo adecuado para identificar a las personas que ya están bajo custodia, lo que significa que, sin culpa propia y debido únicamente a ineficiencias burocráticas, cada uno de estos individuos está sujetos a las calamitosas consecuencias de una orden de arresto pendiente.

La segunda enmienda aprobada tiene relación con los casos penales sujetos al pago de fianza. Normalmente aquellos con más capacidad económica para pagar utilizarán una garantía cuando el monto de la fianza es muy alto y en efectivo cuando el monto de la fianza es bajo, a veces tan poco como $ 250 o $ 500.

El asunto radica en que, cuando los amigos y las familias que pagan la fianza mínima, aún así en muchos casos no la pueden cubrir, el Departamento de Finanzas (DOF) cobra hasta un 3 por ciento de esta fianza incluso si el acusado comparece en todas sus citas en corte, La reforma de ley 1261-A, modificaría esta práctica permitiendo que el DOF renuncie a la recaudación del arancel del 3 por ciento de las fianzas y las devueltas en efectivo, aliviando de esta forma, la carga innecesaria sobre aquellos acusados de bajos recursos.

La tercera enmienda aprobada busca eliminar la práctica del DOC de obligar a los detenidos a usar uniforme de presidiarios en sus comparecencias o audiencias previas a un juicio, lo cual, de acuerdo a los patrocinadores del proyecto de ley, todos los acusados de un crimen, tienen derecho a la presunción de inocencia, incluso aquellos que no pueden pagar la fianza, y permitir que un acusado testifique ante el gran jurado con un uniforme de presidiario, no sólo socava este principio constitucional sino que también es económicamente discriminatorio.

El DOC empezó esta práctica en 2015, antes los detenidos comparecían en ropa de civil. El proyecto de ley 1262-A, rectificaría estas prácticas. En adelante se requeriría que los acusados vistan ropa de civil en sus comparecencias. El proyecto de ley también exigiría que el DOC proporcionara ropa de civil apropiada para el clima a los acusados que fueran liberados después de su comparecencia ante los tribunales.