Una llamada para el abogado que no llega

Se solicita una ley para dar servicio jurídico gratuito a inquilinos de bajos ingresos
Una llamada para el abogado que no llega
El proyecto de ley, Derecho a Asesoría Legal, fue presentada en 2014 por el concejal Mark Levine. /ARCHIVO

Inquilinos y organizaciones como The Urban Justice Center, LiveOn NY, Coalition for the Homeless y AARP tienen previsto citarse en la mañana de este martes en las escaleras de la Alcaldía para pedir al alcalde Bill de Blasio y a la presidenta del Concejo, Melissa Mark Viverito, que se dé el impulso final a una ley que asegura el acceso a un abogado para los inquilinos de bajos ingresos que estén forzados por sus caseros a ir a los tribunales. 

Esta propuesta de ley, Derecho a Asesoría Legal, fue presentada en 2014 por el concejal Mark Levine y la audiencia sobre ella tuvo lugar el pasado septiembre. Aún no hay decisión sobre su aprobación y el martes se van a presentar 5,000 peticiones al alcalde por parte de la coalición de organizaciones de Derecho a Asesoría (Right to Counsel Coalition) para que se vaya adelante con ella.

Esta ley trata de corregir un problema de indefensión en el que están el 70% de los inquilinos que se presentan a los tribunales de vivienda sin abogados para defender su causa mientras que los caseros tienen representación legal en el 90% de los casos.

Las cifras de las organizaciones que apoyan esta propuesta apuntan a que en 2013 unas 30,000 personas fueron desalojadas de sus casas y la mitad de estos casos podrían haber sido evitado por un abogado. La Ciudad ya ha comprometido $62 millones para dar representación legal a personas de bajos ingresos en los tribunales y se han reducido los desalojos un 18%. Con esta ley, se amplía la protección. Las cifras de la coalición que está tras esta propuesta explica que la representación legal puede costar entre $1,600 a $3,200 por caso, una cantidad que se queda pequeña a la hora de encontrar alternativas de vivienda a quienes tienen que dejar sus casas y se ven desamparados.

Los cálculos de quienes apoyan la iniciativa del concejal Levine estiman que cuesta unos $320 millones por año a los contribuyentes mantener los servicios para desamparados.

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