“Préstamos de identidad” hacen más vulnerables a trabajadores migrantes en la era de Trump

La práctica de “prestar” identidades reales a indocumentados para que puedan trabajar, permite a muchos migrantes laborar “legalmente” en apariencia, pero tiene un valor agregado para quienes las prestan y también las empresas que los contratan: la explotación y posible criminalización del migrante lo convierte en un trabajador dócil.

Pero en la próxima “era de Trump”, esta práctica puede ser además una forma de facilitar la “criminalización” de cara al gobierno de un trabajador que no tiene otros delitos en su haber, si como se espera el próximo presidente regresa a las redadas para arrestar a trabajadores indocumentados en sus centros de trabajo y en los campos, donde hay alta presencia de mano de obra indocumentada.

Una investigación recién publicada por una antropóloga que pasó 10 años investigando las condiciones de salud de campesinos en el valle Central, reveló que el préstamo de un “seguro bueno” es más común de lo que se conoce y que en muchas ocasiones las mismas empresas y los mayordomos (supervisores de trabajadores o contratistas) prestan identidades de sus familiares y amigos.

Es lo que le pasó a Raúl, un salvadoreño que llegó a Estados Unidos buscando trabajo y que acudió a un viejo amigo de su pueblo que era mayordomo de un “crew” de trabajadores campesinos.

Raúl le dijo a su viejo amigo que había tenido tiempo aún de comprar un “seguro falso” y su amigo le aseguró que no habría problema, que le prestaría su propio seguro y tarjeta verde, pero que por cada 1000 dólares que ganar debía darle 100 a él.

Otro caso fue el de Paula, quien presentó un seguro “falso” a su mayordomo, quien le dijo que mejor le daba uno mejor. Cada semana le pagaba y se llevaba el recibo de pago y le daba un número nuevo.  El recibo servía como prueba que Paula no podía conservar y todo el pago de impuestos iba a beneficiar al dueño del “seguro bueno”.

Mejor un seguro “bueno” que uno falso

El uso de un seguro social perteneciente a otra persona conocida y no uno falso o inventado es preferido por las empresas que contratan indocumentados a sabiendas, reveló el trabajo de la profesora Sarah Horton, antropóloga de la Universidad de Colorado en Denver quien pasó varios años en la comunidad de Mendota, en el Valle Central de California.

El resultado de la investigación se basó en años de observación y en entrevistas directas con trabajadores, mayordomos y abogados del sistema de “worker comp” que fueron testigos una y otra vez de como las empresas impedían el uso del beneficio a los trabajadores con un “seguro prestado” que se habían lastimado en el trabajo.

“Así fue como descubrí lo prevalente de esta práctica”, dijo Horton en una entrevista. “Resulta que en muchas ocasiones que un trabajador se lastimaba, la razón por la que no iban al médico o el supervisor no los llevaba es porque estaban usando papeles de otra persona, en muchos casos el uso de estos papeles era condición para trabajar en esa empresa”.

A menudo son los propios mayordomos o contratistas los que prefieren que el trabajador use estas “identidades prestadas” y no papeles falsos comprados “por ahí”, ya que son menos vulnerables a las auditorías que hace el gobierno para descubrir a trabajadores con documentos inválidos.

Lo relevante de esta investigación en este momento, dijo la catedrática, es que se descubre que en muchos casos el responsable del “robo de identidad” no es solo el trabajador, sino también el que lo emplea.

En los próximos meses y años este tema volverá a ser relevante porque se espera que el próximo presidente, Donald Trump, regrese a las redadas en compañías para detener a indocumentados, una práctica que había sido abandonada por el actual presidente Barack Obama.

Además, Trump ha dicho que piensa deportar a “3 millones de delincuentes inmigrantes”, una cantidad de migrantes delincuentes que no existe, a menos que se haga algo para “criminalizar” a indocumentados comunes.

El “robo de identidad”

Se anticipa que la política migratoria de Trump volverá al tipo de redadas de centros de trabajo y campos que realizó el gobierno de George W. Bush durante los últimos años. Ese estilo de “ataque” a los indocumentados a menudo lograba el arresto de cientos de trabajadores en una misma empresa y además, se incorporó la práctica de aplicarles un delito adicional para empeorar su record: el robo de identidad.

Para Horton, su investigación recuerda lo ocurrido en 2008 con la gran redada de la compañía de carne Agriprocessors Inc., en Postille Iowa, cuando más de 1000 agentes de ICE descendieron sobre el pequeño pueblito rural y arrestaron a 389 trabajadores indocumentados, a quienes además de encausarlos hacia su deportación también se les acusó de “robo de identidad”, un delito grave que garantizaba que les sería virtualmente imposible regresar a este país en el futuro.

Con el tiempo, sin embargo, y luego que los trabajadores ya habían sido deportados, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que “no había evidencia de que habían usado intencionalmente o a sabiendas el seguro social de una tercera persona” y varios de los supervisores y gerentes medianos de la planta fueron acusados de proporcionarles los documentos.

“Mi investigación ilustra lo injusto de acusar a muchos trabajadores indocumentados de robar identidades, negando el rol activo que muchos patrones tienen en la violación de la ley”, dijo Horson. “En muchas industrias que dependen de los inmigrantes indocumentados, es común para los empleadores hacerse los locos cuando los empleados usan papeles falsos o incluso proporcionar los mismos”.