Déficit fiscal en Puerto Rico se extenderá por los próximos 10 años

Se estima que el país vivirá con un déficit de $67,500 millones por la próxima década
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Déficit fiscal en Puerto Rico se extenderá por los próximos 10 años

En una carta conjunta dirigida al gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, y al electo, Ricardo Rosselló, la Junta de Supervisión Fiscal informó que las nuevas proyecciones apuntan a que bajo la ley actual, el Gobierno de Puerto Rico enfrentará un déficit de $67, 500 millones en los próximos 10 años.

Ello sería sin depender de fondos federales adicionales y a menos que el gobierno adopte medidas para disminuir gastos y aumentar ingresos, implante reformas estructurales, y reestructure sus obligaciones a largo plazo (incluyendo la deuda y las pensiones), según una nota difundida hoy.

A su vez, indicó que a menos que se tome acción, cerrar la monumental brecha presupuestaria requeriría el equivalente de que cada familia puertorriqueña pagara 5.400 dólares (más de una cuarta parte, o 28 por ciento, del ingreso familiar anual promedio, además de lo que ya pagan en contribuciones) cada año, por los próximos 10 años.

El nuevo déficit estimado, recalcan, es casi 10.000 millones de dólares más que el déficit de 58.000 millones originalmente proyectado en el Plan Fiscal del Gobierno que presentara García Padilla el 14 de octubre de 2016.

El nuevo estimado revisado fue calculado por el mismo equipo de empleados y asesores del actual gobierno y aún está en el proceso de ser validado por la Junta de Supervisión y sus asesores.

La Junta de Supervisión advierte, a su vez, que buscará que un tercero independiente valide el punto de partida para el Estimado Base, así como el puente con los más recientes estados financieros auditados disponibles, que datan del año fiscal 2014.

Además, recuerda que el 23 de noviembre de 2016, le informó a García Padilla que el Plan Fiscal que sometió no cumplía con los requerimientos contenidos en la Ley PROMESA.

“Luego de un extenso estudio y análisis, queda meridianamente claro que el déficit que el Gobierno de Puerto Rico asumirá en los próximos 10 años es mayor que el que se calculó originalmente”, advierte José Ramón González, miembro de la Junta de Supervisión.

También señala que esta realidad “requiere que el Gobierno asuma su responsabilidad y proponga las iniciativas y medidas necesarias para que oportunamente se pueda superar este abismal reto fiscal; y más aún, para que se pongan en marcha con celeridad las reformas que se requieren para lograr un crecimiento económico sostenible y potenciar un aumento sustancial en las oportunidades de empleo para todos los puertorriqueños”.

“Estas medidas tienen que lograr el balance correcto entre los ajustes fiscales, las reformas estructurales y la reestructuración de la deuda. Y ese balance debe lograrse tomando en consideración el impacto que los cambios potenciales pueden tener en los niños, las personas de la tercera edad y las familias puertorriqueñas, al igual que en los miembros del sector institucional y la sociedad en general”, añadió Ana Matosantos, otra miembro de la Junta de Supervisión.

Matosantos agregó que esto no es meramente un ejercicio matemático de balancear la chequera, aunque lograr un presupuesto balanceado es fundamental.

Por su parte, el responsable de la junta, José Carrión, creyó que Puerto Rico tiene el potencial de salir de esta crisis en una mejor posición económica.

“(Somos) una herramienta que el Congreso ha dispuesto para potenciar que Puerto Rico pueda manejar esta crisis. Pero le corresponde al Gobierno y al Pueblo de Puerto Rico utilizar esta herramienta de manera correcta y efectiva para enfrentar los retos que tienen por delante”, opinó Carrión.

En este sentido, la Junta de Supervisión Fiscal recuerda que delineó una serie de medidas que entiende que el Gobierno de Puerto Rico debe considerar para lograr el crecimiento económico, presupuestos equilibrados y la reestructuración de obligaciones a largo plazo.

Entre las mismas destacaban reformas laborales, energética, tributarias, de los sistemas de educación y salud y regulatorias, así como alianzas público-privadas, reestructurar el gobierno, ajustar los servicios del Gobierno, privatizar los activos del Gobierno y reestructurar las obligaciones a largo plazo.

Carrión enfatizó que el Plan Fiscal no es un mero ejercicio para lograr un presupuesto balanceado, sino que es un documento cambiante que provee unas guías para lograr objetivos concretos que hagan una diferencia en mejorar la vida de todos en Puerto Rico.

Según la Junta de Supervisión, es importante que el Plan Fiscal incluya objetivos medibles o aspiraciones para Puerto Rico, como volver a elevar el desempeño económico de Puerto Rico a un nivel consistente con el de una economía regional de Estados Unidos y aumentar la tasa de participación laboral.

Además se trata de lograr que la mayor cantidad de padres y otros adultos hagan una transición de programas de asistencia social a la autosuficiencia y el empleo; mejorar la competencia en escritura, lectura, bilingüismo y ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) de los estudiantes de K-12 y cnstruir infraestructura moderna, eficiente y costo-efectiva que asegure que se le brinden servicios públicos de manera justa a cada región de la isla.

También debería incluir crear un sector empresarial vibrante; aumentar el ingreso promedio de las familias y reducir la pobreza; mejorar las estadísticas vitales de salud y el promedio de expectativa de vida; mejorar la seguridad y reducir los crímenes y muertes violentas y restablecer el crecimiento de la población en Puerto Rico.

Por ultimo, la Junta de Supervisión indicó que empezará a coordinar conversaciones con acreedores esta semana.