Tribunal ordena transparencia en contratos del gobierno a cárceles privadas
En momentos en que la detención de inmigrantes en las controversiales prisiones privadas seguramente aumentará, las cortes insisten en que el público tiene derecho a saber cuánto paga el gobierno por inmigrante detenido y la influencia de las "cuotas mínimas" para detener a más inmigrantes.
Un tribunal federal de apelaciones rechazó esta semana los intentos de dos empresas de prisiones privadas de mantener en secreto todos los detalles de los contratos que establece con el gobierno federal para detener a decenas de miles inmigrantes.
El tribunal del segundo circuito rechazó los esfuerzos legales de las empresas GEO Group y Core Civic (antes CCA) de mantener en la confidencialidad buena parte de dichos contratos, aún cuando el gobierno federal había dejado de luchar contra la demanda emprendida por grupos de derechos humanos hace dos años.
La razón por la que la organización Detention Watch Network y el Centro por los Derechos Constitucionales (CCR) demandaron al gobierno por esa información es porque esta “muestra como los términos del mismo crean incentivos para la detención de inmigrantes en estos centros”, dijo Guita Schwarz, abogada de CCR.
“Al ver los detalles del precio que el gobierno paga por detener a cada ser humano y la cantidad de personal que despliegan, podemos concluir en el caso incluye un “minimo garantizado”, lo que hace que el gobierno tenga intentivos para detener y enviar inmigrantes a estos centros, ya que igualmente paga por ellos”, dijo Schwarz.
En Julio, un juez federal falló a favor de los demandantes, indicando que el gobierno tenía que publicar la información para conocimiento del público, que al fin y al cabo es el que financia el sistema con su dineros de los impuestos.
“Este es un sistema que a lo largo de los años no sólo ha lucrado con la detención de inmigrantes, sin ser directamente responsable ante el público, sino que ha sido muy criticado por la deficiencia del tratamiento médico que ahí reciben los detenidos y por numerosas muertes que han ocurrido bajo custodia”, dijo la letrada.
Pero aunque el gobierno dejó de apelar el caso, las empresas privadas intervinieron y alegaron que la información era “secreto comercial” y que debía permanecer como tal.
La decisión del tribunal de apelaciones rechaza por completo este argumento y resulta especialmente importante para los demandantes porque el gobierno de Donald Trump no hará sino aumentar la cantidad de inmigrantes detenidos y probablemente, la cantidad de contratos con empresas privadas.
Trump aumentará las cárceles privadas
Una de las órdenes ejecutivas emitidas por Trump estableció nuevas prioridades que abren paso a la construcción de nuevas cárceles privadas para detener a más y más inmigrantes que están en proceso de deportación o esperando resolución de sus casos de asilo.
En los últimos meses del gobierno de Barack Obama, las compañías de prisiones privadas con lucrativos contratos para detener inmigrantes estaban sufriendo pérdidas en la bolsa de valores y enfrentando un futuro en el que el gobierno federal prometía cortar con esos contratos.
La mayoría de los migrantes en proceso de deportación no están detenidos en centros del gobierno, sino en cárceles manejadas por dos compañías privadas que no sólo construyen, mantienen y operan estos centros, sino que han cabildeado al gobierno para que haya un “mínimo obligatorio de camas llenas” en los mismos.
En otras palabras, son empresas que buscan influenciar al gobierno sobre política migratoria y de detención para garantizar un mejor negocio.
Justo después del triunfo de Donald Trump en Noviembre, las acciones de las dos empresas más grandes, GEO Group y Core Civic (antes CCA), aumentaron como la espuma. La razón: Trump promete no sólo seguir usando estas prisiones sino ofrecerles más contratos para detener a aún más inmigrantes.
Las últimas cifras ofrecidas por el gobierno indican que actualmente hay más de 40,000 migrantes detenidos, el 65% de los cuales están en prisiones privadas.
El recién nombrado nuevo director de ICE dijo recientemente que estaba en busca de “más camas” y espacio para las prioridades de detención del presidente Trump. Las cárceles privadas tendrían un papel importante que jugar en esa expansión, como lo tuvieron en años anteriores.
No está claro si las empresas apelarán de nuevo la decisión. No se recibió respuesta a una solicitud de información de las dos compañías.
