Presupuesto de Trump elimina ayuda legal gratis para la población de bajos recursos

Aunque aún falta que hable el Congreso, la eliminación de la Corporación de Servicios Legales pegará duro en muchas comunidades pobres y rurales, incluso aquellas que apoyan al presidente, quien prometió ser la "voz" de los que no tienen voz.

Cada año, diversas agencias de “legal aid” ofrecen asistencia legal gratis a casi 2 millones de personas en todo el país para resolver problemas que van desde defenderse ante un casero irresponsable, protección en casos de violencia doméstica y la obtención de beneficios de salud, sociales, de veteranos y muchos otros.

Pero si Donald Trump se sale con la suya, estos programas perderán su principal fuente de ingresos. La propuesta presupuestal que el presidente hizo hace algunas semanas, elimina por completo la contribución del gobierno federal a la Corporación de Servicios Legales (LSC), una organización no lucrativa que financia más de 113 programas de ayuda legal en todo el país.

LSC es una de las 19 agencias que pierden todos sus fondos en el presupuesto de Trump. Otras que han llamado más la atención han sido los recortes a la Corporación de Televisión Pública y el National Endowment for the Arts. Un video en el que el conocido personaje ELMO de Plaza Sesamo (Sesame Street) dice que lo han despedido de su trabajo se ha vuelto popular, pero el efecto de eliminar servicios legales para quienes más los necesitan tendrá quizá efectos más rápidos y directos en la población.

Uno de cada cinco estadounidenses califica para un programa de ayuda legal por sus bajos ingresos.

Un caso que Silvia Argueta, directora ejecutiva de Legal Aid Foundation de Los Angeles menciona para dar ejemplos del tipo de persona que podría verse afectada es el de una señora de 94 años que recibió una golpiza de su hijo de 50 años, adicto a las drogas. 

“Ella trató de ayudarlo y él la atacó”, dijo Argueta. “Nosotros fuimos a la corte por ella y logramos una orden de restricción”.

Legal Aid Foundation de Los Angeles recibe 42% de su presupuesto de los fondos que les otorga el LSC. La agencia tiene una serie de programas que tienen un efecto inmediato en la vida de miles de personas.

“La mayoría del trabajo que hacemos tiene que ver con vivienda. Por ejemplo, ayudar a inquilinos a defenderse legalmente de un casero que no cuida de la propiedad y que cuando estos se quejan, busca sacarlos del lugar”, dijo Argueta. “Ayudamos también a trabajadores a cobrar salarios que se les deben y que sus patrones no quieren pagar. El año pasado cobramos más de 15 millones de dólares en 6 meses que no solo hicieron justicia sino pusieron ese dinero a circular en la economía local”.

El programa tiene más de 40 años funcionando y ha recibido el apoyo de ambos partidos: demócratas y republicanos, liberales y conservadores, quienes están de acuerdo que el acceso a la justicia no es solo algo importante para los beneficiados, sino para el resto de la sociedad.

Linda Klein, presidenta de la Barra Americana de Abogados dijo recientemente que más de 30 estudios independientes han analizado la efectividad de estos programas de ayuda legal gratuita, hallando que ahorran más dinero al país de lo que cuestan.

“Si un veterano no puede obtener ciertos servicios y se convierte en indigente, si una víctima de un desastre natural no puede recontruir, los costos para la sociedad son muchísimo mayores”, explicó Klein.

Muchos veteranos buscan la ayuda de programas de ayuda legal, porque a veces hace falta un buen asesor para hacer frente a las decisiones que toma la Administración Federal de Veteranos, dijo Argueta.

“Desafortunadamente, muchas veces los veteranos regresan de combate y no reciben los beneficios a los que tienen derecho”, dijo la abogada. “Nosotros hemos ayudado a veteranos de cada una de las guerras desde el primero en 1943”.

Pero quizá los que más sentirán los recortes de ayuda legal son los residentes de zonas rurales en Estados Unidos, muchos de los cuales son pobres o de bajos recursos y que viven en zonas donde en general hay pocos servicios de ayuda y pocos abogados. En esos rincones del país es donde muchos partidarios de Donald Trump podrán verse afectados por este recorte radical LSC.

Así lo señaló Kevin Johnson, decano de la escuela de leyes de UC Davis en un artículo publicado este fin de semana por el Sacramento Bee.

Johnson, quien es parte de la junta directiva de Legal Services del Norte de California dijo que “en muchas zonas rurales, legal aid es la única ayuda que la gente pobre y vulnerable recibe. Trump prometió ser la voz de los que no tienen voz, esta ayuda que el pretende eliminar es una de las únicas voces que los trabajadores de bajos recursos tienen en muchos rincones del país”.

Hace pocos días, 160 decanos de las escuelas de leyes de todo el país escribieron una carta al Congreso, pidiendo que rechacen los recortes de Trump para LSC. El Presidente propone y el Congreso dispone en cuestión de presupuesto. 

Históricamente, muchos republicanos se han opuesto a fianciar a LSC por diversas razones, entre ellas porque ayudan a individuos a acceder a servicios a los que se oponen ideológicamente. Poderosos grupos conservadores como el Heritage Foundation han hablado encontra de dar fondos para abogados que ayuden a los pobres.  Pero algunos líderes de la derecha estadounidense, como el fallecido juez de la Corte Suprema Antoni Scalia han sido partidarios. 

En 2014, Scalia fue orador del 40 aniversario de LSC y dijo que este prorama “persigue los valores más fundamentales de justicia igualitaria en las áreas más importantes para la vida de muchos ciudadanos”.

Pero Mallory Curran, del National Legal Center for Medical-Legal Partnership, explicó en una serie de Tweets, que la LSC ayuda a todo tipo de personas como a un oficial de policía retirado, a quien de repente le cortaron sus pagos de discapacidad en forma indiscriminada.

El ex oficial recibió ayuda legal y logró reactivar sus beneficios. Esa fue la diferencia entre vivir en la pobreza o regresar a la clase media, señaló Curran.  El ex policía regresó entonces a la universidad.

El ex  oficial terminó cursos superiores y ahora está planeando entrar a la escuela de leyes.

Según Curran, los recortes que proponer Trump sería devastadores para su organización, ubicada en Brookly, New York.

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