Deudas del ex gobernador de Chihuahua y otras paralizan los estados

Corrupción, impunidad, gobernantes ligados al narco y la creciente violencia ponen en jaque la estabilidad de varias entidades

MÉXICO – La ciudad de Veracruz debería ser uno de los lugares más cuidados de México; en sus mejores tiempos, se llamaba con orgullo turístico el “tres veces heroico puerto” porque ahí se ganaron batallas clave en la historia del país, pero cayó en la ruina. Hoy es un laberinto de calles llenas de baches con olor a orines tomadas por vagabundos y narcomenudistas.

La descompuesta ciudad, junto con la destartalada infraestructura de la zona de discotecas de Cancún, lejos de la Riviera Maya, son dos rostros visibles de las consecuencias de la corrupción y el endeudamiento irresponsable de los estados, un problema  que los gobernadores afectados califican como una “herencia maldita” que no los deja trabajar.

Veracruz tiene que pagar diariamente alrededor de un millón de dólares de intereses por la deuda que se fue acumulando en tres administraciones y que se agudizó en la última administración del prófugo de la justicia Javier Duarte, acusado del desvío de múltiples recursos públicos.

Su sucesor, Miguel Ángel Yunes, intentó reestructurar la deuda de alrededor de 4,400 millones de pesos (unos 220 millones de dólares) pero el congreso desautorizó un nuevo endeudamiento para pagar el capital anterior y hoy la entidad se encuentra prácticamente inoperante.

“Una de las primeras afectaciones es a la infraestructura pública. Si se obtienen créditos para pagar deudas anteriores, por ejemplo, o hay desvios, el beneficio no se ve reflejado en la mejora de vida de la población, en la calidad de vida, y se crea un circulo que hace que el estado crezca menos y sus ciudadanos padezcan más”, dijo el analista político de la Universidad Iberoamericana, Abraham Vergara.

Pero Veracruz no es el único. Otros nueve se suman a la alerta roja, según un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad: Nuevo León, Distrito Federal, Quintana Roo, Jalisco, Chiapas, Coahuila, Tamaulipas, Quintana Roo y Chihuahua, estos dos últimos también a la cabeza.

Arturo Fuentes, secretario de Hacienda de Chihuahua consideró recientemente que la deuda local es la más grande del país porque representa poco más del 8% de su Producto Interno Bruto mientras que la veracruzana es de 4%.

De acuerdo con Fuentes, el ex gobernador de la entidad, César Duarte (hoy requerido por la justicia) creció el crédito de la entidad desde alrededor de 600 millones de dólares hasta 2750; esto es, casi 300% más, un dinero que terminará de pagarse hasta el año 2044.

“Sólo en este 2016 el pago por capital de intereses de deuda pública es de 1904 millones de pesos (alrededor de 100 millones de dólares), que representan más de la mitad de la inversión estatal.

Otro que pelea el título de afectado por deudas de sus sucesores es Quintana Roo. El estado que alberga la joya turística de México tiene en la ciudad de Cancún otro de los mejores ejemplos de descuido con las calles sin asfaltar desde hace al menos una década, agua putrefacta en las aceras y basura entre los pasillos de tiendas de ropa.  El actual gobernador Carlos Joaquín González, afirma que tiene el primer lugar en deuda pública por persona: cada ciudadano debe indirectamente 700 dólares.

Las entidades tenían restringido adquirir créditos, pero una reforma les dio facilidades para incrementarlos en la última década hasta que el abuso se volvió una contante y el congreso federal tuvo que intervenir nuevamente para poner topes y candados.

Pero el problema es más profundo y aún no está resuelto. David Colmenares, experto en análisis de deuda estatal en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destaca que los estados se endeudan porque un pacto fiscal surgido hace cerca de 40 años ha limitado las posibilidades recaudatorias de los gobiernos locales.

“Con el pretexto de evitar la doble tributación las entidades se adhirieron al sistema nacional de coordinación fiscal y cedieron sus facultades tributarias más importantes, para que el gobierno federal -“más eficiente”– las cobrase y las diera una parte, un porcentaje de lo cobrado, esto es lo que llamamos participaciones”, explicó.

“El problema es que estas participaciones representan hoy casi el 90% en promedio, de los ingresos totales de las entidades federativas, ya que estas sólo pueden cobrar impuestitos de bajo potencial y esto es insuficiente”.