Senadores presentan ley para castigar los “abusos” de Venezuela contra población civil
Los congresistas condenaron que el presidente venezolano esté sumiendo a su país en una profunda crisis
WASHINGTON.- Ante la crisis política y económica en Venezuela, un grupo de senadores bipartidista presentó este miércoles un proyecto de ley que codifica las sanciones impuestas por la Administración de Barack Obama contra individuos involucrados en corrupción y abusos, y autoriza $10 millones en ayuda humanitaria para ese país.
La medida bipartidista, presentada formalmente por los senadores Ben Cardin, demócrata por Maryland, y Marco Rubio, republicano por Florida, apoya una “solución negociada a la crisis en Venezuela” e insta al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a que permita la entrada de ayuda humanitaria; ponga en libertad “de inmediato” a todos los prisioneros políticos, cuyo número supera el centenar, y busque asistencia de instituciones financieras internacionales.
En un comunicado conjunto, los senadores condenaron que Maduro continúe la represión contra gente inocente y esté sumiendo al país en una profunda crisis que afecta el diario vivir de los venezolanos.
“Está en el interés estratégico de EEUU apoyar el restablecimiento de la democracia en Venezuela y trabajar con socios regionales para reencauzar al país por el sendero a la paz, prosperidad y estabilidad”, dijo Cardin, el demócrata de mayor rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
Por su parte, Rubio, quien preside el subcomité para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo que “el dictador Maduro y sus matones usan la violencia para suprimir las protestas pacíficas en pos de la democracia”.
“Estados Unidos debe apoyar al pueblo venezolano mientras lucha por defender sus derechos y restaurar los mecanismo constitucionales y restablecer la democracia en su país”, enfatizó Rubio.
La medida, que contiene 11 secciones, aún no tiene fecha de votación pero cuenta con el copatrocinio de otros influyentes senadores, como los republicanos John McCain, de Arizona, y John Cornyn, de Texas.
También de los senadores demócratas Bob Menéndez, de Nueva Jersey, Tim Kaine, de Virginia, Bill Nelson, de Florida, Chris Van Hollen, de Maryland, y Dick Durbin, de Illinois.
En declaraciones a este diario, Menéndez, el demócrata de mayor rango en el subcomité para Asuntos del Hemisferio Occidental, pidió la ayuda la comunidad internacional para atenuar la crisis en el país sudamericano, y lamentó que, una vez más, el Congreso se ve obligado a tomar una fuerte acción legislativa ante la “explosión de abusos de derechos humanos y una sofocante crisis económica en Venezuela”.
La iniciativa fue presentada en unos momentos en que, según observadores, se profundizan tanto la escasez de medicinas y productos básicos como la crisis general en Venezuela, donde la oposición lleva semanas convocando protestas para exigir la realización de elecciones libres.
La cancillería venezolana ha dicho en Twitter que el gobierno de Maduro apoya un diálogo nacional por la paz.
Maduro presentó hoy oficialmente la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, propuesta que fue rechazada por la oposición.
El proyecto de ley bipartidista, adelantado en la mañana a la agencia Reuters, exige que el Departamento de Estado coordine un esfuerzo regional para aliviar la crisis en Venezuela.
Maduro siempre ha insistido en que EEUU está detrás de esfuerzos por desestabilizar al país y lograr su salida del poder. Su decisión de retirar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA), sin embargo, sólo ha aumentado las tensiones con la comunidad internacional.
La iniciativa codifica las sanciones que había impuesto mediante una orden ejecutiva el entonces presidente Barack Obama en mayo de 2015.
También autoriza $10 millones en ayuda humanitaria para que el Departamento de Estado y la Agencia Internacional para el Desarrollo Estadounidense (USAID) trabajen a través de “organizaciones no gubernamentales independientes para proveer medicinas esenciales, suplementos nutritivos, y asistencia técnica para mejorar la distribución de medicinas y alimentos”.
Además pide que la Administración Trump tome medidas para impedir que la empresa estatal petrolera de Rusia, Rosneft, pueda “acceder al control de la infraestructura energética” en EEUU. Rosneft ha concedido préstamos por hasta $5,000 millones a Petróleos De Venezuela S.A (PDVSA).
También pide que los servicios de inteligencia y el Departamento de Estado elaboren un informe detallado –con un apartado con datos clasificados- sobre funcionarios del gobierno venezolano que estén involucrados en actos de corrupción y narcotráfico.
Bajo las leyes actuales, el Departamento del Tesoro puede congelar los bienes de personas, empresas o corporaciones extranjeras que estén incluidas en una “lista negra” por su participación en el narcotráfico, además de prohibir que estadounidenses realicen negocios en este país.
La Casa Blanca no ha ofrecido comentarios respecto al proyecto de ley. Cuando surgió la noticia de que el gobierno de Maduro donó medio millón de dólares para la investidura del presidente Donald Trump en enero pasado, a través de CITGO, la filial de PDVSA en EEUU, la Casa Blanca refirió preguntas de este diario al comité de investidura, que tampoco hizo declaraciones.
