Las más grandes corporaciones de EEUU contribuyen al plan de gobierno de Trump

Las más grandes corporaciones de EEUU contribuyen al plan de gobierno de Trump
La campaña “Corporate Backers of Hate”, insta a las compañías a distanciarse del gobierno de Trump y suspender prácticas corporativas que se benefician de sus planes. /ARCHIVO

Donald Trump ha dejado en claro que pretende gobernar exactamente como prometió durante su campaña: poniendo en práctica una serie de nocivas medidas de política concebidas para perjudicar a los inmigrantes, trabajadores y sus familias.

Sin embargo, el gobierno no puede implementar por sí solo este plan de odio. Por ejemplo, respecto a inmigración, necesitará la ayuda de corporaciones para operar prisiones privadas y centros de detención de inmigrantes que puedan dar cabida al gran número de inmigrantes que ya se está deteniendo para deportación; firmas de Wall Street que proporcionen fondos para ellas; compañías de software que ganan miles de millones en contratos con las agencias del gobierno que deportan a inmigrantes y militarizan la frontera, y constructoras que edifiquen el muro fronterizo.

Estas compañías de nombre conocido, como JP Morgan Chase, Wells Fargo y Boeing, tienen la posibilidad de ganar cantidades enormes gracias a los planes de Trump.

Ejecutivos de muchas de estas compañías son miembros del Consejo Empresarial de Trump o asesoran al presidente. Y si bien todos buscan ganarse una buena reputación como líderes cívicos, pocos han denunciado públicamente el plan de Trump contra los inmigrantes o la eliminación de medidas de protección para trabajadores, pero sí todos se han mostrado dispuestos a beneficiarse de la política de Trump.

A diferencia de los decretos ejecutivos de Trump que se destacan en los titulares, los contactos de estas compañías en la Casa Blanca han pasado desapercibidos. Eso debe cambiar.

Es hora de identificar a dichas corporaciones y revelar de una vez por todas su complicidad con el plan de gobierno de Trump. Por eso alentamos al pueblo estadounidense a desenmascarar a dichas compañías y alentamos a los funcionarios públicos a dejar de invertir fondos públicos en ellas.

El Center for Popular Democracy y Make The Road New York han lanzado una campaña para enfocar la atención en nueve compañías: Goldman Sachs, Blackstone, JP Morgan Chase, Wells Fargo, Blackrock, Boeing, IBM, Uber y Disney. Su campaña contra las corporaciones que respaldan el odio, “Corporate Backers of Hate”, insta a las compañías a distanciarse del gobierno de Trump y suspender prácticas corporativas que se benefician de sus planes.

No somos los primeros que pintamos de sospechosas las fechorías de estas empresas. Portland, Oregon, recientemente decidió dejar totalmente de invertir en corporaciones, prohibió toda inversión en deudas empresariales y trasfirió el dinero municipal a otros tipos de inversiones como bonos del Tesoro de Estados Unidos. Funcionarios públicos en estados como Nueva York exploran el uso de estrategias similares.

Nuestra campaña alentará a otros estados y ciudades a seguir su ejemplo, y dejar de invertir o hacer negocios con compañías que ponen en peligro a las comunidades inmigrantes y los trabajadores.

Entre ellas se encuentran JP Morgan Chase y Wells Fargo, que financian la deuda de dos de las principales compañías de prisiones en el país, CoreCivic y GeoGroup. Wells Fargo tiene más de $30 millones en acciones en estas compañías. Su inversión se ha duplicado en valor desde el Día de las Elecciones, ya que el precio de las acciones de dichas empresas ha aumentado considerablemente desde la victoria de Trump.

La lista continúa. Goldman Sachs ocupa el noveno lugar entre los accionistas de CoreCivic y el 33mo entre los de GeoGroup. Blackrock tiene acciones en ambas empresas con un valor de más de $700 millones.

Mientras tanto, Boeing Company posiblemente pase a ser un protagonista crucial en la construcción de un muro fronterizo. Desde el año 2008, la compañía ha recibido contratos por más de $1,000 millones de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para apoyar la labor de vigilancia por dicha agencia en la frontera entre Estados Unidos y México. En el 2005, recibió un contrato de varios años por $67 millones para ayudar a construir un “muro fronterizo virtual” de 2,000 millas a lo largo de la frontera, un proyecto que se eliminó a fin de cuentas tras significativos retrasos y gasto excesivo. Recientemente, el director de Boeing se ha rehusado a descartar la posibilidad de trabajar con este gobierno en su equivocado intento de construir un muro.

Finalmente, la política de inmigración de Trump beneficiará a compañías con participación en manejo de datos, particularmente IBM, que ha recibido $1,700 millones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE por su sigla en inglés) y CBP desde 2008. El director de IBM es miembro del Consejo Empresarial y asesora a la nueva Oficina de Innovación Estadounidense de Trump. Cuando más de 100 firmas de tecnología firmaron un informe legal oponiéndose a la prohibición de musulmanes propuesta por Trump, IBM no se sumó a ellas. Y a pesar de que miles de empleados de IBM se han opuesto públicamente a los vínculos entre la compañía y el gobierno de Trump, su director se ha rehusado a renunciar al Consejo Empresarial.

Estas son solo algunas de las empresas que se podrían beneficiar del dolor de las comunidades inmigrantes y la separación de las familias. En su deseo de lucrar, afectarían la vida de gente de carne y hueso. La expansión acelerada de las medidas de ICE ya ha perjudicado a muchos inmigrantes. En las pocas semanas que Trump lleva de presidente, se ha detenido y posiblemente separado de su familia a más de 21,000 inmigrantes, y las corporaciones que apoyan a Trump están implicadas directamente en su sufrimiento.

Considerando todo lo que está en juego, está claro que ya no es una opción hacer negocios como si no pasara nada. Estas corporaciones usan su influencia en nuestra democracia desde hace demasiado tiempo. Es hora de ponerse firme y dejar en claro que no se puede explotar a nuestras comunidades para aumentar las ganancias de las corporaciones. Ya no nos vamos a quedar callados.

-Ana María Archila es codirectora ejecutiva del Center for Popular Democracy y Javier H. Valdés es codirector ejecutivo de Make The Road New York.