Activistas exigen que gobierno garantice acceso a abogados para inmigrantes

WASHINGTON – Cada día, alrededor de 752 extranjeros no logran entrar a EEUU pese a tener una visa y miles más, como el historiador francés, Henry Rousso, son interrogados durante horas sin acceso a un abogado, por lo que este jueves abogados pro-inmigrantes exigieron reglamentos federales que garanticen ese derecho.

Durante una conferencia telefónica, activistas de la Asociación de Abogados de Inmigración de EEUU (AILA), y el “American Immigration Council”, explicaron que situaciones como la que afrontó Rousso en febrero pasado son inaceptables y violan los derechos de los inmigrantes, y destacaron que hacen falta reglas claras ahora que la Administración ha recrudecido sus acciones policiales contra los inmigrantes.

“El acceso a un abogado en cualquier proceso legal es fundamental para la adecuada aplicación de las leyes y para asegurar el debido proceso a todo solicitante de beneficios migratorios… necesitamos una norma que asegure el acceso a un abogado”, dijo William Stock, presidente de AILA.

La petición entregada hoy sólo exige que los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional (DHS) emitan reglamentos federales para que los inmigrantes tengan acceso a un abogado – ya sea de forma gratuita o pagado de su bolsillo-, en una serie de trámites migratorios, incluyendo entrevistas consulares, en los puestos de entrada al país y en “revisiones secundarias” por parte de la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras (CBP).

Bajo una ley federal, todo individuo u organización tiene derecho a presentar peticiones para la adopción de reglamentos, pero debe dar un “tiempo razonable” para que el gobierno responda. AILA y AIC no descartan presentar una demanda contra el gobierno si no obtienen respuesta a la petición presentada hoy.

Según Brent Renison,  un miembro de AILA, las autoridades migratorias procesan un millón de entradas a EEUU, y alrededor de 752 son extranjeros tachados como “inadmisibles”, pero es una cifra que no incluye a miles más que son sometidos a una “segunda revisión”, que en algunos casos puede implicar largos interrogatorios.

Las autoridades de la CBP a veces permiten que abogados tengan acceso a su cliente durante una “revisión secundaria” pero son excepciones raras.

La falta de acceso a un abogado puede acarrear enormes consecuencias tanto para los extranjeros como para los residentes legales y ciudadanos estadounidenses, tomando en cuenta la complejidad de las leyes migratorias.

En algunos casos, los extranjeros han firmado documentos sin entenderlos, o las autoridades les han negado la visa sin causa justa, les han impedido el ingreso al país, o han ordenado su deportación expedita.

En la llamada, Rousso, un reconocido académico internacional y especialista en el Holocausto, recordó su frustrante experiencia cuando fue detenido e interrogado “durante diez horas” al arribar a Houston (Texas), donde había sido invitado a dar una charla en la Universidad de Texas A&M.

Los agentes de CBP le reclamaban, erróneamente, que intentaba ingresar al país para fines académicos con una visa de turismo vencida, inicialmente le negaron acceso a un abogado, y amenazaron con deportarlo a París.

“Me hicieron muchas preguntas… traté de explicarles la confusión,  pero no me entendían, y uno de ellos me llamó  ‘ilegal’, luego otro me siguió interrogando y quería que firmara un documento para mi deportación”, resumió Rousso.

Posteriormente cuestionaron la suma de $2,000 que la universidad le ofrecía para la charla, y gracias a la intervención de la universidad y de abogados, Rousso pudo salir del aeropuerto.

Los activistas destacaron el caos generado en los aeropuertos a finales de enero pasado, cuando centenares de inmigrantes fueron detenidos e interrogados durante horas por agentes de la CBP, tras la puesta en marcha de una orden ejecutiva migratoria emitida en enero pasado por el presidente Donald Trump.

En febrero pasado, varios senadores demócratas, liderado por la californiana Kamala Harris, presentó un proyecto de ley para asegurar que toda persona detenida mientras intenta entrar a EEUU, ya sea a través de un cruce fronterizo o un puerto de entrada, tenga acceso a un abogado. La congresista demócrata por Washington, Pramila Jayapal, presentó una versión similar en la Cámara de Representantes.