Editorial: Ataque a los derechos civiles

La administración Trump está revirtiendo la labor que por décadas lleva haciendo el gobierno federal en favor de una sociedad más justa
Editorial: Ataque a los derechos civiles
Las Ciudades Santuario están en la mira de Trump. Joe Raedle/Getty Images

Los derechos civiles están bajo ataque por el gobierno del presidente Donald Trump. Las políticas del gobierno federal para combatir la discriminación se están recortando de una manera sin precedentes.

Cada sector del gobierno federal suele tener un área para asegurar que las minorías raciales, las mujeres y los discapacitados, entre otros, tengan acceso a las mismas oportunidades que todos y garantizar el respeto a sus derechos.

La administración Trump está revirtiendo la labor que por décadas lleva haciendo el gobierno federal en favor de una sociedad más justa al desmantelar algunas oficinas federales de derechos civiles , y colocando a su cargo a personas con ideas opuestas a la misión que deberían cumplir.

Este último es el caso en los departamentos de Educación, de Justicia y de Vivienda.

Ben Carson criticó una importante decisión de la Suprema Corte de Justicia de 2015 que mantuvo en pie una cláusula de la ley federal que prohíbe la discriminación en la vivienda. También dijo que la participación del gobierno en políticas de equilibrio racial en la vivienda eran “experimentos socialistas.” Hoy Carson es el secretario de Vivienda.

Los recortes de presupuesto y de personal impiden que la gente de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación pueda investigar casos en las escuelas. Mientras que su directora, Candice Jackson, ha sobresalido por sus escritos asegurando que la Acción Afirmativa es discriminación racial contra los blancos.

El Departamento de Justicia cambió su política de investigar los incidentes policiales que resultan en muertes de afroamericanos, por una que ahora protege la moral de los agentes. Para el área de derechos civiles se ha nominado al abogado Eric Dreiband, quien se ha destacado por defender a empresas importantes cuando son acusadas de discriminación.

En la Agencia de Protección al Medio Ambiente (EPA) se elimina la Oficina de Justicia Ambiental. Esta es solo una de los políticas en esta área que perjudica a las minorías. Las medidas contrarias a la vigilancia y control de la contaminación dañan especialmente a latinos y afroamericanos que viven en lugares vecinos a las fuentes de contaminación.

Finalmente, la división del Departamento de Trabajo, dedicada a vigilar que los contratistas federales cumplan con las leyes antidiscriminatorias, se disuelve en otra agencia de la burocracia. Esto da fin a 40 años de labor.

Esto ocurre cuando las tensiones raciales y el hostigamiento hacia grupos étnicos está muy presentes en nuestra sociedad.

Hay un clima de hostilidad a los musulmanes, de vilificación de los inmigrantes, de violencia policial hacia los afroamericanos y de alta visibilidad de supremacistas y neonazis.

El gobierno federal, en gobiernos republicanos y demócratas, asumió la protección de las minorías contra la discriminación. Lo hizo con mayor o menor fervor, pero nunca con la postura destructiva de la administración Trump.

Hay una idea equivocada de que los problemas económicos de la gente blanca se deben al avance de las minorías, y que estas no merecen protección porque ya no hay racismo.

Este punto de vista se sostiene por el resentimiento y por la ignorancia de la realidad socioeconómica de Estados Unidos.