Trabajadores de la construcción son arrestados por la Migra en base militar

Para Hugo Mejía y Rodrigo Núñez, dos trabajadores de la construcción, el miércoles 3 de mayo era un día normal. Dejaron su casa cuando aún no salía el sol y tomaron la carretera rumbo a Sacramento. Nunca imaginaron que serían arrestados por agentes de migración en plena jornada de trabajo.

“Yo lo despedí a las 4:30 de la mañana. Le puse su lunch. Como a las 7:15 me llamó. Me dijo que no sabía lo que iba a pasar porque los estaban interrogando en el lugar donde iban a trabajar. ¡Estáte atenta! No me digas eso, le respondí aterrada”, cuenta Juana Cristina, esposa de Rodrigo Núñez de 35 años de edad.

“Una hora más tarde ya no me contestó. A las 10 de la mañana me llamó mi cuñado para decirme que migración había arrestado a mi esposo. Me derrumbé”, dice.

Hugo Mejía y Rodrigo Núñez tenían más de cinco años trabajando para la compañía S&R Drywall. El 3 de mayo les tocaba trabajar en un hospital. Lo que no sabían es que dicho nosocomio se encontraba dentro de la Base de la Fuerza Aérea Travis, ubicada a tres millas de la ciudad de Fairfield en el condado de Solano al norte de California.

“Cuando llegaron, el oficial les pidió una identificación. Ellos le entregaron su licencia de manejo AB60 – que se entrega a los inmigrantes indocumentados de California-”,  narra Juana Cristina.

Después de ver la licencia de manejo, el oficial de la Base Militar, les pidió llenar un cuestionario el cual incluía un apartado para poner su número de seguro social.

“Como ellos no tienen un seguro social, pusieron su número para hacer impuestos. El oficial regresó y les dijo que no era válido. Ellos le explicaron que era su número personal del contribuyente (ITIN). El oficial los esposó y mandó llamar a migración”, recuerda llena de tristeza.

“Dos horas después los oficiales de migración llegaron y los arrestaron. Hasta eso que se disculparon y les dijeron que ese era su trabajo”, cuenta.

Juana Cristina y Rodrigo Núñez, son inmigrantes de Jalisco, México. Tienen tres hijos de 13, 10 y 6 años nacidos en Estados Unidos. Viven en Hayward, una ciudad en el condado de Alameda en el norte de California localizada a unas 26 millas al este de San Francisco.

Una historia muy similar

Rodrigo Núñez entró al país de manera indocumentada en 2001. Migración lo pescó cuando intentaba pasar, le dio orden de deportación y le aplicó un castigo para no entrar al país por diez años. Núñez intentó de inmediato reingresar al país y lo logró.

“Él está muy triste, desesperado, angustiado. Llevaba 11 años haciendo impuestos, evitando que le dieran un ticket –una infracción de tránsito-, cuidando su crédito. Siempre tan derecho”, se lamenta su esposa.

Y agrega que jamás pensaron que a ellos los podría detener la Migra. “La vida nos ha cambiado de la noche a la mañana. Los hijos están desconsolados. No veo una luz de esperanza. Solo quisiera que Migración tomara en cuenta su buen récord”, sostiene desolada.

Rodrigo Núñez se encuentra detenido en la cárcel de Yuba City, a 40 millas al norte de Sacramento.

Los toma por sorpresa

Yádira Munguía, la esposa de Hugo Mejía de 37 años dice que ella se sorprendió mucho cuando su esposo le llamó a las siete de la mañana para decirle que lo estaban interrogando en la Base Militar Travis.

“Le dije que se saliera pero me respondió que no podía. Se dieron las 8 y las 9 de la mañana y ya no contestó el teléfono hasta como a las 11 de la mañana, una hermano que vive en Los Ángeles me llamó para decirme que la Migra lo había agarrado”.

A punto del llanto, relata que la vida les cambió en un instante.  “¡No me digas! Yo empecé a llorar. No podía parar. ¡Cálmate¡ !cálmate! me decía mi hermano pero yo no podía”.

Dice que su esposo detenido en la cárcel de la ciudad de Elk Grove cerca de Sacramento, estaban tan desesperado que casi firma la salida voluntaria.

Hugo Mejía es padre de tres hijos. Los dos mayores de 17 y 16 años son beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el hijo menor de nueve años nació en los Estados Unidos. La familia reside en San Rafael en el condado de Marin a unas 18.5 millas al norte de San Francisco.  Al igual que Rodrigo Núñez tiene una orden de deportación de 2001.

Reviven órdenes de deportación

“ICE está tratando de usar esas órdenes de deportación de hace 16 años emitidas por un agente de migración en la frontera no por un juez para deportarlos inmediatamente cuando ninguno de ellos ha recibido una audiencia ante un juez de migración”, dijo su abogada Alisa Whitfield del Centro Legal La Raza de Oakland quien lleva el caso de los dos inmigrantes mexicanos sin cobrarles un dólar.

La defensora ha apelado la negativa para permitir que sus casos sean escuchados por un juez de migración. Para este martes 20 de junio, se esperaba que dos jueces de migración revisarán los errores en las negativas.

Si bien acepta que el caso de los trabajadores es difícil por las órdenes de deportación previas que ICE revivió, la defensora espera que la fuerte campaña comunitaria dé resultados. “Queremos que el juez cancele su deportación y les permita salir para pelear sus casos fuera de la detención”, sostiene.

Yádira Munguía la esposa de Hugo Mejía dice que han tenido un gran apoyo.”Mis hijos me han dado una gran fuerza para luchar contra la deportación. La escuela de mi hijo menor en el condado de Marin y la comunidad judía han salido en nuestra defensa. Y hasta les ayudaron a abrir una cuenta en el portal GoFundme . Mi esposo era el principal proveedor de la familia”, indica.

El congresista Jared Huffman se ha involucrado en los esfuerzos por liberarlo. Su abogada ha recibido cientos de cartas de apoyo de miembros de la comunidad.

Sindicato se moviliza

El Sindicato Internacional de Pintores y Oficios Relacionados (IUPAT) del cual Hugo Mejía es miembro, urgió a ICE a liberarlo a él y a Rodrigo Núñez. La Federación del Trabajo de California que representa a 2.1 millones de sindicalistas se unió a la petición para que sean liberados.

Este lunes 19 de mayo, miles de trabajadores, miembros del IUPAT hicieron llamadas telefónicas a las oficinas de ICE en San Francisco y solicitaron al director David Jennings que use su facultad procesal para liberar cuanto antes a los dos trabajadores.

“Vamos a estar ahí peleando para que no los deporten y los dejen permanecer en el país.  No podemos ser selectivos y solo defender a quienes tienen derechos migratorios”, sentenció Neidi Domínguez del IUPAT.

Respuesta de ICE