Lanzan campaña nacional para proteger el “TPS” para centroamericanos

Los activistas advierten de que los beneficiarios del "TPS" viven con el temor de que EEUU elimine esa protección y los ponga en la vía rápida a la deportación.
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Lanzan campaña nacional para proteger el “TPS” para centroamericanos
La eliminación del “TPS” provocaría pérdidas de $45,000 millones al PIB de EEUU.

WASHINGTON.- Centenares de activistas de varios estados invadieron este viernes los pasillos del Capitolio al lanzar una campaña nacional para salvar el “Estatus de Protección Temporal” (TPS) para más de 300,000 inmigrantes y que sea un paso hacia su legalización permanente, pese a que el gobierno sopesa su eventual eliminación.

Portando carteles con mensajes de apoyo al “TPS”, los activistas realizaron una sesión informativa con asesores legislativos y una rueda de prensa para advertir del impacto negativo que acarrearía la eliminación del programa migratorio por parte del secretario de Seguridad Nacional, John Kelly.

Así, activistas y beneficiarios de la llamada comunidad “TPSiana” viajaron a Washington desde ciudades como Los Angeles (California), Dallas y Houston (Texas), Las Vegas (Nevada), Chicago (Illinois), y de toda el área de la capital estadounidense, para presionar a cerca de un centenar de legisladores de ambos partidos a favor de su causa.

También realizarán una vigilia frente a la Casa Blanca por la tarde y, en  un futuro cercano, visitarán las oficinas de los legisladores en sus propios distritos.

En declaraciones a este diario, la salvadoreña Evelyn Hernández, coordinadora de la campaña por parte de CARECEN, en Los Ángeles, explicó que “los amparados al TPS contribuyen a la economía, han echado raíces en EEUU, y merecen una solución permanente para no vivir con la zozobra de una posible deportación”.

La activista salvadoreña de CARECEN, Evelyn Hernández dice que “la comunidad TPSiana merece una solución permanente”. Foto: María Peña/Impremedia

“Queremos que los congresistas vean la urgencia de salvar el TPS y no quedemos en un limbo y expuestos a la deportación. Una extensión de seis meses no ayuda… nos preocupa esta incertidumbre, y lo más indicado es que el TPS fuese más permanente, un camino hacia la legalización”, dijo Hernández, cuyo grupo aguarda respuesta del DHS para reunirse con Kelly.

Pablo Alvarado, director ejecutivo de “NDLON”, coincidió con Hernández en que los beneficiarios del “TPS” deben ser “los primeros en fila” para un camino hacia la legalización permanente, porque ya han “pagado derecho de piso” y se han ganado el derecho de quedarse en EEUU.

Adriana Beltrán, analista de temas de seguridad ciudadana de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA),  señaló que la deportación de miles de migrantes a países plagados de violencia e inseguridad “perjudicaría a las familias en Centroamérica que reciben remesas, y pondría más presiones sobre economías ya debilitadas”.

Lo propio para EEUU, según Beltrán, es que EEUU ayude a Centroamérica a fortalecer sus instituciones, mejorar el combate a la violencia, y fomentar el desarrollo económico para que la gente no se vea forzada a emigrar hacia el Norte.

Grandes costos para EEUU y para Centroamérica

Si la Administración Trump pone punto final al “TPS” para El Salvador, Honduras y Haití, como temen muchos activistas, eso perjudicaría no sólo a Estados Unidos sino también a los países que se benefician de las remesas que envían sus migrantes.

Un informe del mes pasado, realizado por la socióloga Cecilia Menjívar, de la Universidad de Kansas, indicó que la eliminación del “TPS” podría provocar pérdidas de $45,000 millones al Producto Interno Bruto de Estados Unidos, la pérdida de ingresos al gobierno por $6,900 millones, y cerca de mil millones de dólares en costos directos para los empleadores.

Según el estudio, el 93,9% de los hombres y el 82,1% de las mujeres amparadas al “TPS” participan en la fuerza laboral, principalmente en los sectores de construcción y de servicios, y contribuyen al Seguro Social.

El 80,3% paga impuestos sobre sus ingresos, el 79,3% trabaja por su cuenta, y el 90% declaró impuestos el año pasado. Además, cerca de un 32% es dueño de casa, y el 30% participa plenamente en grupos y actividades en sus comunidades.

La eliminación del “TPS” también afectaría a las economías de sus países, por concepto de las remesas que envían para el sustento de sus familias.  Cerca del 77% de los beneficiarios envía remesas a sus países, con un promedio mensual de $303 entre los hombres, y de $226 entre las mujeres, según el informe.

Lo que está en juego

El “TPS” es un alivio migratorio que concede EEUU por periodos de entre seis y 18 meses a ciertos inmigrantes indocumentados que no pueden regresar a sus países de origen debido a conflictos armados, desastres naturales y otras condiciones “extraordinarias”, o porque el país no está listo para recibirlos adecuadamente, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Los beneficiarios del “TPS” reciben protección temporal de la deportación, un permiso de trabajo y, en ciertos casos, permiso para viajar fuera de EEUU, además de que pueden ajustar su estatus migratorio si reúnen todos los requisitos.

De los 10 países beneficiados por el “TPS”, en la actualidad, unos 204,000 salvadoreños, 61,000 hondureños, 50,000 haitianos, y 2,800 nicaragüenses reciben ese alivio temporal, según cifras de 2015 de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).

El mes pasado, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, dijo que extenderá el TPS para Haití solo por seis meses, hasta el próximo 22 de enero, cuando volverá a evaluar la situación en ese país, que aún intenta reponerse del terremoto de 2010.

El DHS evaluará la renovación del “TPS” para los demás países “caso por caso”, pero el temor entre los activistas señalaron es que la Administración Trump deje de renovarlo cuando venza para Honduras, El Salvador y Nicaragua.

“La Administración ha demostrado, mediante su retórica y acciones, que no considera importante el alivio humanitario. Si elimina el TPS sólo agravará las condiciones en las comunidades donde viven los beneficiarios y en sus países de origen, provocando que sigan huyendo del peligro” hacia EEUU, advirtió Abel Núñez, director ejecutivo de CARECEN en Washington, DC.