Las ciudades advierten a las empresas que no cooperen con Trump

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Las ciudades advierten a las empresas que no cooperen con Trump
En un voto unánime, la junta del fondo de pensiones decidió vender acciones y bonos valorados en $48 millones de tres compañías de prisiones, entre ellas, dos de las más grandes del país: GEO Group y CoreCivic. /ARCHIVO

Las ciudades han sido los principales puntos de resistencia contra la política de Donald Trump, en particular sus planes de tomar medidas contra los inmigrantes.

Las ciudades se han mantenido firmes y proclamado orgullosamente ser santuarios de inmigrantes ante las amenazas de la Casa Blanca de quitarles fondos federales. Han prometido apoyar el acuerdo de París sobre el clima después del sorpresivo anuncio de Trump de que Estados Unidos dejará de respaldar el histórico pacto.

Y ahora, las ciudades parecen estar actuando con incluso más audacia. En todo el país, las ciudades han estado tomando medidas contra las compañías que ayudan al gobierno de Trump o se mantienen al margen mientras implementa sus planes. Su principal herramienta es la desinversión de fondos municipales en compañías privadas.

Este mes, Nueva York fue la ciudad más grande que tomó medidas al respecto. El contralor municipal de Nueva York Scott Stringer anunció que la ciudad sería la primera en dejar de invertir el dinero de su sistema de pensiones en compañías de prisiones privadas. En un voto unánime, la junta del fondo de pensiones decidió vender acciones y bonos valorados en $48 millones de tres compañías de prisiones, entre ellas, dos de las más grandes del país: GEO Group y CoreCivic.

La medida envía un contundente mensaje a empresas de prisiones privadas y centros de detención de inmigrantes: si cooperan con Trump, habrá consecuencias.

Y las medidas del contralor Stringer son apenas las más recientes en una serie de decisiones tomadas por ciudades de todo el país. En mayo, en el primer acto de este tipo, el Defensor del Pueblo de la ciudad de Nueva York instó públicamente a JP Morgan a retirar su inversión en compañías de prisiones privadas y centros de detención de inmigrantes. Una propuesta legislativa reciente en Nueva York cortaría toda relación entre el fondo estatal de pensiones y las firmas que respaldan los planes de Trump respecto a inmigración.

Además de Nueva York, varias ciudades han tomado medidas creativas para limitar su interacción con empresas que respaldan las propuestas de Trump. En febrero, el Concejo Municipal de Seattle votó a favor de retirar $3,000 millones de Wells Fargo porque respaldó el gasoducto Dakota Access. Un mes más tarde, el Concejo Municipal de Berkeley votó para dejar de invertir en cualquier empresa que construya, diseñe, financie o realice algún tipo de trabajo en el muro fronterizo de Trump. En mayo, el Concejo Municipal de Filadelfia votó en contra de que Wells Fargo administre su planilla de $2,000 millones.

Make The Road New York y Center for Popular Democracy han estado ayudando a impulsar estos esfuerzos por medio de nuestra campaña Corporate Backers of Hate, que se propone dar a conocer la complicidad de ciertas compañías con los planes de Trump. La campaña está dirigida a nueve empresas vinculadas a Trump o que se podrían beneficiar de su política, entre ellas Wells Fargo, JP Morgan y Goldman Sachs. Menciona y repudia a dichas firmas y alienta a funcionarios electos y otros a que las critiquen en público por apoyar a Trump. Como parte de la campaña, miles de personas han enviado mensajes electrónicos a los líderes corporativos de esas empresas, instándolos a distanciar sus negocios del gobierno de Trump.

Esto está claro: Trump no puede poner en práctica sus planes llenos de odio sin el respaldo de las grandes corporaciones de Estados Unidos. Pero como hemos visto hasta ahora, por ejemplo, dada la mínima disminución de respaldo a Trump después de que se retiró del acuerdo de París, será necesario ejercer mucha presión para que las corporaciones realmente rompan filas con el gobierno. Está en manos de todos nosotros presionarlas en ese sentido y seguir respaldando plenamente los esfuerzos de las ciudades de todo el país.

-Ana María Archila es codirectora ejecutiva del Center for Popular Democracy