“Atajos republicanos pondrían en peligro a niños no acompañados”

Ex funcionario de la administración Obama cuestiona procedimientos de Trump sobre la seguridad de los menores que migran

WASHINGTON.- Los “atajos” que buscan los congresistas republicanos para remediar el éxodo de niños no acompañados centroamericanos hacia EEUU sólo aumentará el riesgo para estos menores, cuando deberían aprobar fondos para más jueces de Inmigración, afirmó hoy un exfuncionario de la Administración Obama.

En entrevista con este diario, John Sandweg, exdirector interino de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), criticó que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes haya aprobado la semana pasada, sobre líneas partidistas, una iniciativa que busca agilizar la deportación de niños no acompañados centroamericanos.

Los republicanos “están buscando atajos, pero el problema de buscar atajos es que se elimina la salvaguardia para proteger a los niños y que no sean devueltos a situaciones terribles”, dijo.

“Apartando la cuestión de si estos niños tienen derecho a estar acá, hay que tener en cuenta dos cosas: una, que muchos de los padres probablemente están en EEUU y, dos, al regresar a los menores, existe la gran preocupación de que se está creando toda una categoría de huérfanos”, advirtió Sandweg.

La medida republicana aprobada por el Comité, H.R.495, modifica la llamada “Ley Willberforce” de 2008, y facilita la “deportación expedita” de niños centroamericanos no acompañados que no sean víctimas de “una forma severa” de tráfico de personas, no tengan casos de asilo válidos, o “no tengan miedo” a ser regresados a sus países de origen.

Es una de varias leyes contra la inmigración ilegal que el Congreso tiene sobre la mesa.

Bajo la ley de 2008, diseñada para combatir el tráfico de personas, el Departamento de Salud toma bajo custodia a los niños no acompañados centroamericanos, principalmente de Guatemala, El Salvador y Honduras, quienes pueden ser enviados a casas de cuidado temporal, entregados a sus padres o familiares en EEUU, o deportados.

Todo niño que entra ilegalmente a EEUU es sometido a un proceso de deportación pero, esté con sus familiares o en una instalación del gobierno, tiene derecho a defender su caso ante un juez de Inmigración.

El sistema de tribunales de Inmigración tiene un proceso diseñado para evaluar los casos de quienes buscan asilo o refugio en este país y, aunque es un sistema imperfecto, “un juez neutro puede decir si un niño tiene derecho a quedarse acá”, explicó Sandweg.

La llegada de niños a la frontera sur ya no está en los niveles de 2014, cuando surgió la crisis en la zona, según cifras oficiales.

“Todo esto se puede arreglar simplemente con la contratación de más jueces de inmigración… de lo contrario, los atajos para minar el debido proceso incrementan el riesgo de enviar a niños y demás personas a una posible persecución”, afirmó.

Sandweg reconoció que la situación en Centroamérica está obligando a miles a huir de la zona, pero afirmó que la integridad de la frontera no está reñida con el deber de proteger a los menores, identificar a los que tienen casos válidos, y contratar a más jueces para agilizar la adjudicación de casos.

Asimismo, tachó de “rídicula” la acusación de la semana pasada del presidente del Comité, el republicano Bob Goodlatte, de que la Administración Obama “creó el desorden” en la frontera sur.

“Esa es una acusación ridícula, porque el presidente del Comité sabe que tuvimos políticas de cero tolerancia en la frontera…. La Administración Obama tomó muchas decisiones difíciles, incluyendo la detención de familias, y un reajuste de recursos para procesar rápidamente a los niños, así es que todo esto es pura politiquería”, apuntó Sandweg.

“La frustración de Goodlatte es que no ve que los niños están siendo regresados con mayor rapidez, pero la razón de esto es que el Congreso no ha aprobado más fondos para contratar a jueces”, enfatizó.

Según datos de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la Administración Obama deportó a 5,834 niños no acompañados entre los años fiscales 2013 y 2015. La cifra refleja la edad de los menores cuando fueron designados “niños  no acompañados”, pero algunos ya tenían la mayoría de edad cuando fueron deportados.

ICE deportó a 2,545 niños no acompañados en el año fiscal 2016, mientras que en el año fiscal 2017  y hasta febrero pasado, expulsó a 1,164.

El exfuncionario dijo estar consciente de las críticas de grupos pro-inmigrantes a las deportaciones bajo la Administración anterior.

“No pienso que están equivocados. Tomamos una postura muy dura en la frontera, y tengo que ser honesto, yo apoyo la idea de hacer cumplir vigorosamente las leyes de inmigración en la frontera; la gente tiene que ser revisada, pero también debemos asegurar que protegemos a los menores para que no sean regresados a una posible persecución, o algo peor”, puntualizó.

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