Gobierno mexicano espió a equipo de investigación de los 43 de Ayotzinapa

Hace tres años, la noche del 26 de septiembre de 2014, el mundo quedó conmocionado después de que 43 estudiantes normalistas desaparecieran en la ciudad de Iguala, situada a unas 140 millas al sur de la Ciudad de México, tras varios enfrentamientos contra la policía municipal y el ejército nacional.

Ante las irregularidades en la investigación y con el fin de encontrar a los culpables de la masacre, un grupo de investigadores internacionales fue enviado a México para supervisar el caso, aunque lo que nadie imaginaba es que este equipo sería espiado por el gobierno de Enrique Peña Nieto mediante un sofisticado programa de vigilancia diseñado para seguir los pasos de criminales y terroristas.

Según The New York Times, los ataques cibernéticos fueron un elemento más de la campaña de ataques, obstrucciones e interferencias que el grupo de investigadores sufrió durante meses y que les impidió resolver el caso de los estudiantes desaparecidos, una de las mayores violaciones de los derechos humanos cometidas hasta la fecha en México.

Desde el primer momento, los integrantes del equipo internacional se quejaron de la falta de cooperación del gobierno de Peña Nieto y denunciaron que varios funcionarios se negaron a entregarles documentos y grabaciones de entrevistas esenciales para la investigación.

Junto a dichos casos de abuso de poder, nuevas pruebas forenses han demostrado que el grupo de investigadores fue víctima del “spyware” Pegasus, un arma informática que, de acuerdo a un análisis independiente, fue adquirida por el gobierno de México por varios millones de dólares.

El “modus operandi” del programa de espionaje era muy sencillo: durante varios meses, los miembros del equipo recibieron en sus teléfonos celulares mensajes de texto que contenían enlaces vinculados al “software” del Pegasus.

Al acceder a los “links”, los dispositivos se convertían automáticamente en “aparatos de vigilancia” y su contenido encriptado, ya fueran llamadas, correos electrónicos, calendarios o contactos, podía ser monitoreado por otros usuarios desde cualquier lugar del mundo.

Una vez que el Pegasus logró acceder al teléfono celular del coordinador del grupo internacional, el gobierno de Peña Nieto pudo tener acceso a las conversaciones internas del equipo y a sus comunicaciones con fuentes secretas y con la comisión internacional que tomó la decisión de enviar a los investigadores a México.

De esta forma, el espionaje del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala se suma al cada vez mayor control que el gobierno nacional ejerce sobre los periodistas, abogados y activistas contra la corrupción más importantes del país, quienes se enfrentan día tras día a los ataques cibernéticos de las autoridades.

El espionaje bajo la ley mexicana requiere la autorización de un juez federal y puede llevarse a cabo solo si el gobierno es capaz de demostrar una causa razonable para ello; sin embargo, dada la “condición especial” de todos los investigadores, quienes recibieron inmunidad diplomática antes de viajar a México, dicha opción es muy poco probable.

“Si algo así le puede suceder a un individuo protegido por la comunidad internacional e invitado por el propio presidente, no quiero ni imaginarme lo que le puede pasar a un ciudadano normal en ese país”, aseguró Francisco Cox, miembro del equipo de investigadores y uno de los abogados más reconocidos en Chile.