Centro de detención en “medio de la nada”, limita el acceso de migrantes a sus abogados

Para los detenidos que esperan su deportación en el centro de detención de migrantes más grande del país en Lumpkin, Georgia, es muy difícil obtener un abogado: el lugar es lejano, aislado y toma cinco horas de manejo en total transportarse desde Atlanta, la ciudad más cercana a 150 millas de distancia.

Pero según una carta enviada por la organización Southern Poverty Law Center (SPLC), el acceso a sus abogados se dificulta aún más por las condiciones y reglamentos del lugar, creando una “violación al proceso debido” e impidiendo el acceso a la ayuda legal necesaria.

“Tenemos abogados listos y preparados para asistir a estos inmigrantes, pero las limitaciones innecesarias que existen en Stewart impiden que hagan su trabajo”, dijo Dan Werner, director de la Iniciativa de Libertad para Inmigrantes del Sureste (SIFI) de la organización SPLC.

El centro de detención Stewart tiene capacidad para albergar 1900 detenidos en un momento dado. Todos los detenidos son civiles, es decir, están allí por un proceso migratorio y no por un asunto penal.

Pero el lugar apenas tiene tres cuartos de visita para abogados, no se permite el contacto directo -un lado está separado de otro por gruesos cristales- y el local impide que los profesionales lleven celulares o computadoras para, por ejemplo, contactar un servicio de traductor.  Esto no ocurre en otros centros de detención.

“Ningún abogado, especialmente un abogado que está dando su tiempo como voluntario, debe esperar horas para tener uno de los tres salones de visitas que sirven a 1900 detenidos”, agregó Werner.

SPLC es una ONG que opera un programa de visitas y asistencia legal a detenidos en Stewart, y la organización lleva meses pidiendo que la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) y la compañía privada CoreCivic implementen cambios y faciliten el acceso legal de los detenidos.

Los activistas legales comparan la situación con las condiciones de los detenidos criminales que están en la cárcel  de Muscogee County en Columbus, Georgia, donde caben solo 1000 presos y hay diecinueve celdas de contacto para que estos se reúnan con sus abogados, tienen acceso a teleconferencia confidencial y a comunicación por email, también confidencial.

Nada de eso existe para los migrantes detenidos en Stewart.

Las condiciones y reglamentos que impone Core Civic, con al aprobación de ICE y el gobierno estadounidense, obliga a los abogados a esperar largas horas, y a limitar el tiempo de las citas.

“Solo una persona puede hablar a la vez por el vidrio, de manera que al necesitar un traductor, si es que es posible encontrar uno que esté presente, o el abogado o el traductor deben gritar, permitiendo que la conversación sea escuchada por muchas personas”, alegan en el documento, enviado a altos funcionarios de ICE y de la compañía privada que maneja la cárcel.

El sistema de justicia para extranjeros en proceso de deportación se administra en forma muy diferente en el sistema penal o criminal del país y en algunos casos, los migrantes tienen menos derechos que un criminal.

Por ejemplo, no hay derecho a un abogado público para los  migrantes, como sí lo hay para un acusado en el sistema penal que no puede pagárselo. 

Esta diferencia es aún más acentuada en centros como Stewart, construidos en lugares remotos y lejos de ayuda legal, de las familias y de cualquier red de apoyo para los inmigrantes.

Pero aún cuando tienen abogados, el acceso es dificil.

La queja de SIFI alega que sus abogados han perdido más de 150 horas esperando ver a clientes, en los dos meses y medio que llevan ofreciendo asistencia a migrantes en Stewart.

No sorprende entonces, que sólo el 6% de los detenidos allí hayan tenido representación legal, de acuerdo a un estudio que evaluó los casos entre 2007 y 2012, en comparación a 37% de los inmigrantes en el país. Cuando un migrante tiene un abogado, sus posibilidades de ganar su caso se incrementan 20 veces, calculan los expertos.

Abogados de SIFI han tenido varias reuniones con el liderazgo de Stewart desde abril, avisando de su intención de expandir la ayuda para estos y pidiendo cambios en las condiciones de contacto entre detenidos y asesores legales.

Según la organización, nada ha cambiado desde entonces y ahora están exigiendo reformas, incluyendo espacios para al menos seis a ocho abogados y varios intérpretes, horas de visita más amplias, y el uso de computadoras y otros aparatos electrónicos, como ocurre en otros centros de detención.

“Los protocolos de acceso de los abogados son totalmente inadecuados e impiden que los clientes tengan acceso a sus abogados voluntarios”, señala la carta, alegando que es mejor resolver el asunto “sin involucrar a los tribunales”.

Una demanda legal sería el próximo paso, dijo la organización.