Niños migrantes retornados claman ayuda al gobierno de México
Sus principales problemas son educativos, de salud, falta de desarrollo social, bullying y hasta falta de identidad sin actas de nacimiento
MÉXICO.- La pequeña Érika Liliana Trinidad Pérez, de ocho años, no lo sabe expresar, pero, a su modo y acompañada de su madre Isabel y un grupo de organizaciones a favor de los derechos de la infancia, llega al Senado de la República para resumir de un tirón sus problemas.
“La maestra no me quiere, sólo tengo tres amigos porque todos dicen que soy presumida por hablar inglés y, y… algo por lo que mi mamá se ponía triste”, cuenta mientras trepa traviesa la reja que divide la calle del recinto legislativo y espera su turno para ser el ejemplo tangible de un problema de falta atención a los niños migrantes de retorno.
La madre interviene y busca explicar con detalles los sinsabores que minutos antes quiso expresar su hija nacida en Estados Unidos pero radicada en México desde 2013 cuando Isabel, madre soltera de entonces 22 años, fue deportada.
– Me ponía triste porque no le querían dar su acta de nacimiento aquí como mexicana para que ella empezara a estudiar y decían que el acta de EEUU era ilegal.
Isabel acicala a su niña. Le acomoda los lentes, la abraza. Están a punto de entrar con un grupo de legisladores de la mano del Consejo de Niñas y Niños y Adolescentes Migrantes, un grupo articulado por Eunice Rendón, directora de la civil Agenda Migrantes, que esta mañana trae bajo la manga un propósito muy concreto.
“Queremos hacer un llamado a los legisladores y al gobierno federal para que consideren desde ahora a los niños migrantes en los recursos (del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018) haciéndoles ver cuáles son los problemas: desde los educativos, de salud, falta de desarrollo social, bullying y hasta falta de identidad sin actas de nacimiento”, precisa Rendón.
La idea concreta es que dupliquen los dineros que recibió en 2017 el rubro de Política y Servicios Migratorios de 1.7 millones de pesos (alrededor de 105 mil dólares).
“Sí es un asunto de presupuesto”, arroja Nashely Ramírez, directora de la organización pro infancia Rekkirki, apenas toma la palabra frente a los congresistas. “No se pueden seguir atendiendo a los niños migrantes con políticas públicas como si fueran adultos”.
En ese momento la pequeña Érika toma de la mano a su madre y lee otra vez el tatuaje de Isabel sobre el dorso: “Pain”, dice moviendo los labios casi en silencio.
Isabel ha tenido un duro regreso al país que la vio nacer y emigrar a lado de su padre a los cinco años y aunque poco a poco ha salido sola adelante hasta ser hoy una traductora de los centros de detención estadounidenses donde, irónicamente ella estuvo, cree que la vida en México hubiera sido más sencillo desde un principio con una buena política pública.
Por eso hoy ella es también activista de la organización New Comienzos creada por deportados que buscan cambiar esas condiciones que requieren de voluntad y recursos.
Desde capacitar a los funcionarios del Registro Civil para que sepan qué hacer con los niños de doble nacionalidad; instruir a los profesores sobre el perfil y los conflictos de los niños binacionales y hasta para que el sistema público de salud entienda qué hacer con las vacunas y tratamientos que los menores traen del otro lado.
Los senadores escuchan a los presentes y, al parecer por sus por sus discursos, han tomado a bien la iniciativa de la sociedad civil. El legislador Jesús Valencia toma la palabra y precisa con optimismo que los recursos podrían salir del “ excedente”que ha generado el impuesto a la gasolina: 45,000 millones de dólares para ser exactos.
¿Por qué no aplicarlos a una buena causa?- se pregunta.
Érika mira al senador, pero su mente está en otra parte, en la esperanza de que en su escuela dejen de hacerle bullying cuando a veces no entiende el español o corrige a la maestra porque dice mal la palabra “purple”.
