Administración Trump lleva su lucha contra indocumentados a las cárceles

WASHINGTON.- Sin bombos y platillos, la Administración Trump sopesa poner en marcha un plan, con la ayuda de alguaciles, para transferir a inmigrantes indocumentados detenidos en cárceles locales a prisiones federales, como una especie de rebelión contra tribunales que han declarado inconstitucionales las órdenes de retención de los detenidos por parte de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

En meses recientes, algunos tribunales federales han dicho que las órdenes de detención de ICE,  para que las cárceles locales retengan provisionalmente, por hasta 48 horas, a criminales indocumentados mientras son transferidos a la custodia federal, violan la Cuarta Enmienda de la Constitución, que restringe y condiciona las órdenes de cateo, confiscación y arresto de las personas.

ICE ha insistido en las órdenes de detención preventiva –conocidos en inglés como “detainers”- para facilitar la deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales, aún cuando ya han purgado su sentencia, o sus casos han sido cerrados.

La agencia ya recibe toda información de los inmigrantes detenidos en las cárceles locales, y sus huellas digitales, por los dispositivos colocados en las cárceles para incentivar el intercambio de datos con ICE bajo el programa “Comunidades Seguras”.

El plan daría mayor protagonismo a las oficinas de alguaciles, que se encuentran en la primera línea de defensa contra inmigrantes con expedientes o cargos criminales, ya que controlan el 85% de las cárceles en EEUU.

Aunque ICE emitía “detainers” durante la Administración Obama, desde que el presidente Donald Trump asumió el poder, la agencia estatal, que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha rondado cerca de 11,000 de estas órdenes al mes, lo que equivale a un incremento del 78% respecto a 2016.

El plan en ciernes, adelantado por el diario The New York Times y confirmado hoy a este diario por ICE –aunque la agencia dijo que “aún no hay una decisión firme” al respecto- sería una especie de “rebelión” contra los dictámenes que han limitado la cooperación de la policía con las autoridades de Inmigración.

También serviría para contrarrestar la resistencia de alguaciles en “ciudades santuario”, que se niegan a realizar tareas de Inmigración y obedecer los “detainers”, aunque ICE no quiso divulgar cifras al respecto.

¿Cuál es la estrategia de los alguaciles?

El plan fue ideado por el alguacil Bob Gualtieri, del Condado Pinellas, en Florida, y presentado en junio pasado durante la convención anual de la Asociación Nacional de Alguaciles. Su objetivo es comenzar con un programa piloto en Florida y ampliarlo a nivel nacional.

De acuerdo con la táctica legal en ciernes, ICE y las oficinas de alguaciles suscribirían un contrato bajo el cual la agencia federal pagaría una cuota diaria para retener al inmigrante indocumentado hasta que pueda ser trasladado a la custodia del gobierno.

El argumento legal es que, de esta forma, el inmigrante indocumentado estaría técnicamente bajo custodia de ICE, no del alguacil, que se lavaría las manos de cualquier responsabilidad sobre el detenido.

El aguacil Richard Stanek, del Condado Hennepin, en Minnesota, también ha defendido el plan. Su cárcel recibe solicitudes de “detainers” de ICE para aproximadamente mil inmigrantes indocumentados cada año.

El plan de Gualtieri también tiene el apoyo de los alguaciles del Condado de Cochise, en Arizona, y de la jurisdicción de St. Charles, en Louisiana.

¿Es legal este cambio?

Expertos consultados hoy por este diario advirtieron de que el plan no sólo no resta responsabilidad a los alguaciles sino que además servirá de aliciente para la detención prolongada de inmigrantes indocumentados.

No está claro que, revestido con una nueva táctica legal, el plan sea aprobado por los tribunales, agregaron.

“Mi impresión inicial es que cuando las cortes revisen este nuevo plan, harán la misma pregunta: ¿Sigue el alguacil reteniendo control del individuo?, porque si el aguacil, o cualquier otra agencia policial local, siguen teniendo custodia legal del individuo, entonces es probable que los tribunales den la responsabilidad legal al alguacil por esa continua detención”, explicó Greg Chen, abogado de la Asociación de Abogados de Inmigración de EEUU (AILA).

“Me sorprendería si las cortes deciden que los alguaciles ya no tienen responsabilidad legal o constitucional solo porque ICE les está pagando la factura bajo un contrato. Las cárceles locales de por sí ya solicitan reembolso parcial bajo ciertos fondos federales por la detención de ciertos inmigrantes no autorizados… tendría que una indicación mayor de que ICE tiene la autoridad legal sobre el detenido”, enfatizó Chen.

Por su parte, Alyson Sincavage, abogada de AILA, agregó que si los alguaciles aceptan dinero de ICE, eso “inevitablemente sería un aliciente para que las autoridades policiales locales persigan agresivamente a los inmigrantes en sus comunidades”.

“Este tipo de política también permitirá que la gente languidezca en detención… porque ICE no tendrá presión para ir a recoger a alguien de un centro de detención local”, agregó Sincavage.

El abogado de inmigración, Marty Rosenbluth, puso en duda que el plan pasará la prueba legal y constitucional a largo plazo, y advirtió de que éste “causará mucho daño, tanto a la confianza de las comunidades inmigrantes  hacia la policía como en las propias comunidades inmigrantes”.

Rosenbluth cuestionó la “ficción legal” del alguacil Gaultieri y recordó cómo, durante la peor parte de la discriminación racial de “Comunidades Seguras” bajo la Administración Obama, los alguaciles y las autoridades federales jugaban a buscar culpables por los efectos negativos de esa política.

“ICE decía que ellos no hacían el arresto inicial, y el alguacil replicaba que ICE cargaba la culpa de la deportación de la gente”, señaló Rosenbluth.

El plan también crearía otra problemática, al producir un hacinamiento en las cárceles, según AILA.

“La Casa Blanca de Trump no puede crear resquicios legales” para violar la Cuarta Enmienda, y el plan de “alguaciles anti-inmigrantes” debe frenarse de inmediato, dijo, por su parte, Jacinta González, activista de “Mijente”.

“Lo que está proponiendo la Casa Blanca crea una crisis constitucional y una pesadilla judicial para cualquier agencia policial que participe… el Congreso debe eliminar los fondos para la agencia (ICE) y las autoridades locales deben negarse a ser parte de la fuerza policial política que está adoptando Trump”, enfatizó.