Migrantes deportados cuentan que agentes de EEUU no respetan sus derechos básicos

Todos los migrantes, así sean atrapados cruzando ilegalmente la frontera para trabajar o buscar protección en Estados Unidos, tienen derechos básicos que las autoridades de este país deben permitirles ejercer.

Pero no todos lo saben y aunque los agentes de la Patrulla Fronteriza y ICE teóricamente están obligados por ley a informar, facilitar y especialmente no entorpecer esos derechos, esto no siempre ocurre, reveló un reporte y encuesta publicado este miércoles por grupos de derechos humanos.

Tras entrevistar a 600 migrantes deportados a México desde los Estados Unidos, los investigadores concluyeron que los migrantes de ese país sufren una serie de violaciones que van desde no ser informados sobre su derecho a llamar a su consulado, hasta sufrir coacción para que firmen documentos que no han leído y no entienden.

“Lo que encontramos fue contundente”, dijo Sara Campos, experta que colaboró con el estudio patrocinado por el American Immigration Council. “Por ejemplo, la ley dice que todo deportado debe recibir sus documentos de repatriación oficiales. Nuestra investigación nos dice que casi 6 de cada 10 no los recibieron“.

Se entrevistó a migrantes expulsados en Nogales, Nuevo Laredo, Ciudad Juarez y Reynosa.  El 43.5% aseguró no haber recibido la información más básica: su derecho a comunicarse con su consulado al ser arrestados.

Otro 50% dijo que no se les permitió leer los documentos que eventualmente terminaron firmando, a menudo bajo amenazas de detención prolongada o promesas falsas.

“Sería muy importante que las personas migrantes estuvieran informadas y conscientes de varias cosas esenciales”, dijo Rocío Meléndez, abogada del Programa de Defensa e Incidencia Binacional (PDIB), un organismo asentado en la frontera entre México y Estados Unidos que realizó las entrevistas.

Meléndez indicó que a menudo los propios migrantes no se dan cuenta que tienen derechos básicos, porque ellos mismos “se sienten y hasta se auto califican de ilegales y piensan que por eso los pueden tratar de cualquier manera”.

“Queremos que sepan esto: tienen derecho a ser tratados con respeto”, dijo. “Que tienen derecho a comunicarse con su consulado y que tienen derecho a estar informados de lo que firman antes de firmar cualquier documento”.

El reporte alega que agentes del gobierno estadounidense a menudo no informan adecuadamente a los detenidos acerca de sus derechos básicos, o interfieren activamente para separarlos de sus derechos.

Guillermo Cantor, director de investigaciones del concilio dijo que este tipo de denuncias se han hecho en el pasado en base a declaraciones anecdóticas, pero que es la primera vez que se sistematiza y se ofrecen cifras que describen la experiencia de los deportados.

El reporte cuenta la historia de numerosos migrantes que relataron su experiencia a los activistas y abogados tras su repatriación a México.

“A veces encontramos casos de agentes que no dieron información clave a los detenidos, a veces que les dieron información errada o impidieron que hicieran ejercer sus derechos”, dijo Cantor.

Una deportada a Ciudad Juárez, de 41 años, dijo que el agente que la detuvo sí le dijo de su derecho de hablar al consulado, pero otro agente que la procesó no se lo permitió, diciendo que era “un privilegio especial”.

“Yo había visto un poster que decía que podía llamar al consulado y cuando se lo dije al agente me contestó: ¿Donde? ¿Donde dice eso? Yo no veo nada. Y entonces me metió en la celda y cerró la puerta”, dijo la mujer migrante.

Una joven de 20 años deportada a Nogales dijo que la presionaron para dar información sobre su coyote luego de ser arrestada y que la obligaron a grabarla en video, pero posteriormente cuando pidió asilo por temor a las represalias le dijeron que tenía que regresar a México para pedirlo allí, cosa que no es cierta.

“Rosa fue obligada a dar esta declaración grabada y luego la deportaron”, dijo Meléndez.

Los activistas temen que las tácticas se hagan más comunes ahora que Donald Trump es presidente y que la consigna es aumentar las deportaciones y contratar a más personal en forma rápida.

“Estos problemas no son nuevos pero se vuelven más urgentes bajo este gobierno”, dijo Mitra Ebadolahi, abogada del proyecto fronterizo de la ACLU en San Diego.

La abogada dijo que el gobierno está bajo una orden judicial en California debido a una demanda presentada en 2013 en relación a abusos cometidos en el proceso de conminar a migrantes a firmar sus salidas voluntarias, pero que “estos abusos continúan en el resto del país”.