Preocupa intención del gobierno de vigilar cuentas de medios sociales de inmigrantes

A partir del 18 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzará a recopilar información sobre las cuentas de medios sociales de inmigrantes o extranjeros en Estados Unidos para incluirlas en los ya extensos archivos que guardan sobre cualquier persona que tenga o haya tenido un proceso migratorio y de naturalización o algún contacto con las autoridades migratorias.

De acuerdo a una noticia publicada en el Registro Federal , se trata de añadir esta  información al “A-File” de cada persona, incluso de ciudadanos naturalizados y residentes legales, con el propósito de “facilitar la administración de beneficios y aplicación de la ley de inmigración y proteger la seguridad nacional”.

El “A-File” significa “archivo del extranjero” (A es inicial de “alien” que significa extranjero en inglés y es un término legal usado en Estados Unidos para todas las personas no nacidas aquí). El A File ya incluye una extensa cantidad de datos de las personas que en algún momento han estado en contacto con las autoridades de inmigración, fronterizas, cortes migratorias, USCIS, etc.

Pero DHS quiere aún más datos y la notificación en el Federal Register deja en claro que las cuentas de medios sociales ahora también son un método investigativo.

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Esto realmente no es nuevo, pero su articulación en forma de reglamento es preocupante, dijo Charles Kuck, profesor de leyes de Emery University en Atlanta.

“La noticia aquí es que por años el gobierno federal ha usado los medios sociales de las personas en investigaciones puntuales, pero esta es la primera vez que adoptan un reglamento diciendo formalmente que van a guardar dicha información, es decir, que la van a tener ahí para cualquier uso futuro”, dijo Kuck.

Preocupa especialmente que se busque vigilar los medios sociales de los inmigrantes en forma especial. “Ahora son los inmigrantes, luego será todo el mundo”, dijo Kuck.

Medios sociales como Facebook han sido utilizados para buscar información incriminadora en casos de terrorismo, como el ataque de San Bernardino por parte de Syed Rizwan Farook y Tashfeen Malik en 2015.

Sin embargo los expertos indican que una cosa es revisar los medios sociales de grupos reducidos o sospechosos de un delito y otra muy distinta guardar millones de cuentas de FB, Twitter o Instagram en un archivo gubernamental.

“Coleccionar esta cantidad de información es carísimo y una gran pérdida de tiempo”, dijo Alex Nowrasteh, analista del Cato Institute, una organización de tendencia política libertaria, generalmente opuesta a las intromisiones del gobierno en la vida de los individuos. “No ayudará en seguridad ni tiene sentido, ya que los medios sociales ya son públicos”.

A Tom Saenz, del Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal (MALDEF), le preocupa que esta información haga que los inmigrantes se cohiban de participar en la vida política o pública.

“No sé si ese sea el objetivo, pero puede que esta sea la consecuencia de este anuncio”, dijo Saenz. “¿Qué puede el gobierno ganar con esto? No lo tengo claro, pero si creo que es preocupante porque puede hacer que la ciudadanía sienta que no puede expresar ciertas ideas públicamente”.

Para el abogado de inmigración Ashkan Emami, del bufete Path Law Group en Los Angeles, no es posible saber para qué planea el gobierno usar esta información, pero considera que los inmigrantes deben protestar ante sus congresistas.

“Especialmente los ciudadanos naturalizados y residentes permanentes, creo que deberían expresar su preocupación al respecto a sus congresistas”, dijo Emami. “Esto es un tipo de vigilancia innecesaria que no es efectiva desde el punto de vista de seguridad porque es tanta la información que tendrían que revisar para prevenir algo, que es virtualmente imposible que puedan sacarle algún provecho”.