Demandar a la empresa se complica
El arbitraje, que no tiene las mismas garantías legales, se impone en la relación con el empleado
Cada vez más empleadores americanos están requiriendo a sus trabajadores que firmen acuerdos de arbitraje obligatorio. “Bajo estos acuerdos, trabajadores cuyos derechos han sido violados no pueden acudir a los tribunales sino ante un procedimiento de arbitraje que los análisis muestran que favorecen mayoritariamente a los empleadores”.
Esta es la primera conclusión a la que llega el insituto de estudios Economic Policy Institute (EPI), en un informe publicado esta semana y que alerta de que la situación puede empeorar porque el Tribunal Supremo va a tener frente a sí en octubre una serie de casos para decidir si es legal o no que las cláusulas arbitrales obliguen a renunciar a demandas colectivas (class actions) .
El arbitraje obligatorio es una práctica cuya ampliación comercial y laboral tiene muchos detractores porque aunque agiliza la resolución de los procesos de disputas, en vez de tener que acudir a costosos y lentos procedimientos judiciales, no tiene las mismas garantías que acudir ante el juez en términos de pruebas o búsqueda de evidencia. Además, se restringe la posibilidad de apelar la decisión.
El problema es que estos arbitrajes son cada vez más prevalentes y no son negociables en muchos de los contratos por lo que se elimina por imposición práctica unilateral la posibilidad de llevar casos de accidentes, salarios o asaltos sexuales, por poner ejemplos, ante un juez.
Como anticipo a la acción que pueda tomar el Tribunal Supremo, otro informe, preparado por Imre Szalai, profesor en la Universidad de Loyola y autor de estudios sobre arbitraje, destaca que el 80% de las mayores empresas del país, las que están en la lista de Fortune 100, usan acuerdos de arbitraje en conexión con las disputas laborales desde 2010. En muchas de ellas hay renuncias a demandas colectivas.
En este informe hecho para el Instituto de Leyes y Política, Szalai expone que según su criterio, la Federal Arbitration Act (FAA), la ley de arbitraje federal, nunca fue pensada para cubrir disputas de empleo y ha sido el Tribunal Supremo quien ha ido dando luz verde a esta práctica.
Por su parte, desde la EPI se ha verificado que desde principios de 2000, el porcentaje de trabajadores sujetos a arbitraje obligatorio se ha duplicado y ahora excede el 55% del total. “Esta tendencia ha debilitado la posición de trabajadores cuyos derechos han sido violados al eliminar el acceso a tribunales por todo tipo de quejas legales incluidas las que se contemplan en la ley de derechos cibivles, las referentes a incapacidad, licencia médica o los de prácticas justas laborales”.
Las cuentas apuntan a que 60,1 millones de trabajadores ya no tienen acceso a la protección legal de las cortes”. Es algo que es más frecuente en las grandes empresas que en las pequeñas.
Alexander Colvin, profesror en la Universidad de Cornell y autor de este informe de la EPI, el arbitraje se ha ampliado y ya sobrepasa los litigios en tribunales como el porceso más común para hacer cumplir los derechos de los trabajadores. De la decisión que tome el Supremo en el caso de las demandas colectivas depende que esta práctica de gestión sea más o menos predominante.
Arbitraje laboral sindical
El arbitraje obligatorio es distinto que el sistema que usan las unions y las empresas para resolver disputas. Primero porque es bilateral en un sistema en el que participan las dos partes y no en un procedimiento desarrollado unilateralmente y forzado por la empresa. Además, las disputas de los sindicatos solo atañen a los contratos colectivos negociados con la empresa, no leyes.