Una convención constitucional pondría en peligro el bienestar de los trabajadores hispanos

Aparte de votar por alcalde, defensor del pueblo u otro cargos públicos, este martes los neoyorquinos también tendrán que decidir si se lleva a cabo una convención constitucional.

La pregunta de si se debe o no tener una convención constitucional surge como tema de votación cada 20 años con el fin de traer reformas a la constitución del estado, si es necesario. Algunos tratarán de venderle el cuento de hadas que esta será una “convención popular” que “vaciará el pantano” y que acabará con la corrupción en Albany. Pero la realidad es que nos saldría el tiro por la culata si lo permitimos.

Como dice un viejo dicho “no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes”. Muchas de las protecciones que nuestra comunidad disfruta, como el derecho a la educación pública para nuestros hijos están consagradas bajo la constitución estatal actual. Como neoyorquinos, muchos de nosotros recordamos la demanda por la equidad fiscal, que descubrió que las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York en muchos de nuestros vecindarios no recibían la financiación que debían obtener del estado. Ese derecho a fondos justos fue establecido por la constitución de nuestro estado. Todo eso se podría perder si tenemos una convención constitucional.

Y eso no es todo. Esta básicamente amenazaría el arduo camino que hemos logrado en conseguir, tales como protecciones, derechos y beneficios para la clase obrera, como el derecho a días de enfermedad pagados. Es por eso que  hombres y mujeres que trabajan en nuestras comunidades se oponen a la Convención constitucional.

Además, si se aprueba la medida que convoca una Convención Constituyente, los empleados públicos podrían enfrentar recortes significativos en sus pensiones que se han ganado con años de sudor. No solo sería un golpe para nuestros bomberos, maestros, y policías, sino también para la economía. En un momento en que otros estados del país atacan los derechos de los trabajadores, Nueva York no debería considerar ninguna medida que pueda poner en peligro el bienestar de nuestros trabajadores, especialmente la de nuestros inmigrantes.

Esta convención, en vez de solución traería más de lo mismo a un precio aún más alto. La verdad es que la mayoría de los delegados a la convención serán informantes políticos, representantes de intereses especiales y cabilderos con altos sueldos. Si se promulga, será un asunto costoso con un personal que, según se prevé, ganaría un promedio de $79,000 al año que saldrían de los propios impuestos que pagan los contribuyentes. Para aquellos de nosotros que denunciamos que los políticos ganan salarios extremos, una convención constitucional será más de lo mismo.

Hay quienes argumentan que en New York, esto nunca sucederá. Somos neoyorquinos, y sabemos que no podemos dejar las cosas al azar. Solo recuerde que para esta fecha  el año pasado, pensamos que tendríamos a Clinton como presidente y no a Trump en el cargo ahora mismo.

Todos podemos estar de acuerdo en que Albany necesita mejorarse y hay formas de hacerlo. Una convención constitucional simplemente NO es la respuesta. Al final del día, los asuntos que más nos impactan y nos preocupan se pondrían en riesgo con una convención constitucional. La estructura misma de lo que hace que Nueva York sea especial para los latinos, los inmigrantes y todos, independientemente de dónde se encuentre, es algo que debe ser apreciado y protegido y eso es el derecho y garantías justas para prosperar.

-Maritza Silva Farrell es directora ejecutiva de ALIGN, una alianza entre comunidades locales  y sindicatos laborales por un Nueva York sostenible y justo.