Un suplicio obtener certificaciones para visas U y T en NYC

La vida de Félix Valenzuela no volvió a ser la misma desde la madrugada del 19 de julio del 2015. El guatemalteco montaba bicicleta y volvía a su casa después del trabajo cuando fue derribado por dos jóvenes blancos en la intersección de las calles Jackson y Leonard, en Greenpoint, en Brooklyn.

Los atacantes lo golpearon brutalmente mientras le gritaban insultos raciales. “Eres un inmigrante. No deberías estar aquí, vuelve a tu país”, expresaron los agresores, según recuerda Valenzuela.

Uno de los individuos golpeó a Félix con una patineta, causándole fracturas y laceraciones en el rostro, por lo que fue llevado al hospital Woodhull antes de presentar su declaración en el cuartel 94 de la Policía.

Pocos días después del ataque, Valenzuela inició el trámite para solicitar la visa U, que expide el gobierno federal a las víctimas de ciertos crímenes que han sufrido abuso físico o mental, y que colaboran con las agencias de orden público y oficiales gubernamentales en la investigación o proceso penal.

Sin certificación y sin arrestos

Pero la luz de esperanza se desvaneció rápidamente. El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) no clasificó el caso como un crimen de odio sino como agresión, a pesar de que su Unidad Especializada en Crímenes de Odio investigó el caso. Además, la Uniformada no ha realizado arrestos a más de dos años del ataque, según confirmó su oficina de prensa.

Únicamente las víctimas de agresión con arma (tiroteo o acuchillamiento) son elegibles para la visa U, según las normas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), por lo que el caso de Félix no fue elegible para la certificación.

“El incidente quedó registrado en los archivos de la Policía como una pelea, eso impidió que pudiera solicitar la visa U. Fue frustrante”, expresó Valenzuela en una entrevista telefónica. “Tengo miedo de encontrarme con los atacantes, a veces creo que saldrán de la nada y que me caerán encima a golpes. Muchas veces he pensado que esa pesadilla volverá a pasar, me siento atrapado”.

El temor llevó al inmigrante originario de Escuintla, Guatemala a buscar empleo en Connecticut.

“Visito la ciudad una o dos veces por mes. La verdad es que prefiero estar lejos, no me siento seguro”, añadió.

Valenzuela dijo que, con el caso del 2015 en el limbo, su abogada decidió buscar la certificación del NYPD para la visa U por medio de otra agresión que sufrió en 2008. Para entonces, el trabajador de la construcción fue acuchillado frente a su casa en medio de un robo.

Félix explicó que ese caso sí tuvo un arresto y que su colaboración con la Uniformada para identificar a su agresor le permitió obtener la certificación requerida para la visa U. Aunque, según las normas del USCIS, no es necesario un arresto o una condena para que las víctimas obtengan una certificación.

“En septiembre de 2016 me tomaron las huellas. Pero sé que será una espera larga, y estoy muy preocupado de que las actuales políticas del gobierno federal influyan en el proceso. Me siento desprotegido y confuso”, agregó.

Errónea clasificación de delitos graves

Un reporte reciente del Departamento de Investigaciones de la Ciudad de Nueva York (DOI) reveló que algunas prácticas de la Policía dificultan la obtención de certificaciones, aunque la agencia aumentó drásticamente la expedición de este documento en los últimos años.

Precisamente el Comité de Inmigración del Concejo Municipal, presidido por el concejal Carlos Menchaca, analizó el mes pasado cómo se pueden mejorar las prácticas de las agencias de la Ciudad, cortes y fuerzas del orden, para asegurar la expedición de certificaciones a inmigrantes víctimas de trata y crímenes violentos, en respuesta a casos como el de Félix Valenzuela y el reclamo de defensores y organizaciones civiles.

La Uniformada destacó que en los últimos seis años aumentó la expedición de certificaciones para las visas U y T, pasando de 87 en 2011 a 713 en 2016.

Sin embargo, en 2015, cuando ocurrió el caso de Valenzuela, la Uniformado negó 91 peticiones. El 56% de los casos (51 en total) fueron desechados con el argumento de que el incidente no era elegible según las normas del USCIS.

Según el DOI, en la mayoría de estos casos (41 de 51, lo que representa el 80%), la Policía de Nueva York llegó a la conclusión apropiada. Pero activistas advierten que la Uniformada podría estar clasificando erróneamente los casos de delitos graves, lo que dificultaría a las víctimas el acceso a las certificaciones.

“Los oficiales reportan como peleas simples o agresiones menores lo que podría ser clasificado como agresiones de sesgo racial y crímenes de odio. En Jackson Heights y Corona hemos tenido ataques homofóbicos que terminan descritos en los reportes policiales como un incidente menor”, dijo Bianey García, organizadora de Se Hace Camino Nueva York (MRNY).

García dijo que la organización ha registrado al menos 24 crímenes de odio y ataques homofóbicos (5 en trámite para las visas U y T) en lo que va del año, una cifra que difiere abismalmente a la reportada por los cuarteles 110 y 115, que cubren sectores de Queens predominantemente latinos.

Según cifras del NYPD, en el segundo cuatrimestre del 2017, el cuartel 110 registró un crimen de odio, a la vez que el 115 solo reportó dos. Las estadísticas del primer cuatrimestre son muy similares. Para entonces, el cuartel 115 reportó un crimen de odio y el 110 ninguno.

“Hemos presionado para que los oficiales de los cuarteles 110 y 115 sean entrenados para identificar apropiadamente los delitos graves elegibles para visas U y T, y para que respondan con sensibilidad a las víctimas”, dijo García.

La activista adelantó que el entrenamiento se realizará en los próximos días en las oficinas de MRNY de Queens y que participarán víctimas de crímenes de odio, especialmente de la comunidad transgénero, como Sofia, una sobreviviente de trata que se enfrentó a un “calvario” al reportar un ataque transfóbico en 2012.

“He pensado que necesitamos sangrar y estar al borde la muerte para que nuestras denuncias sean tomadas en serio. Yo insistí hasta el cansancio para que mi caso fuera clasificado como un ataque homofóbico y no como una pelea callejera sin importancia”, expresó Sofía, una inmigrante mexicana agredida en una calle de Jackson Heights.

Limbo migratorio

Cecilia Gastón, directora ejecutiva de Violence Intervention Program (VIP), coincidió con García en que la Policía tiende a minimizar los delitos graves, como los de abuso doméstico. Además, algunas de las víctimas interrumpen la colaboración con la Uniformada por temor al agresor, lo que dificulta el proceso, porque los detectives a cargo del caso comúnmente no toman pasos adicionales para identificar la “no colaboración razonable”, explicó Gastón.

Según el DOI, de los 91 casos negados en 2015, el 8% se debió a la no colaboración de las víctimas. Sin embargo, la agencia encontró que “las notas de los oficiales rara vez proporcionan un contexto en cuanto a por qué el individuo dejó de hablar con la Policía”.

El DOI explica que, en los casos de abuso doméstico, el NYPD en ocasiones busca informes previos de incidentes para ver si hay un historial, pero no considera otras medidas, como contactar a las víctimas o sus representantes.

El reporte cita el caso de una víctima de agresión sexual a la que el NYPD le negó una solicitud de certificación. La mujer frenó la colaboración debido a las amenazas de deportación del agresor, quien era su pareja.

“Aunque esta víctima había proporcionado información útil a la Policía, el archivo de investigación señala que finalmente no quiso avanzar con la acusación, por lo que se le negó la solicitud de certificación sobre la base de la falta de ayuda, sin tomar otras medidas para determinar si sus acciones constituyeron una negación razonable”, cita el reporte.

“Actualmente hay un límite de 10,000 visas U y T al año y la expedición del documento implica una espera de 7 a 10 años. Eso es en promedio una década de limbo migratorio. Las autoridades migratorias saben quién es la víctima y dónde hallarla, y eso ha generado temor, especialmente bajo la actual administración federal”, explicó Gastón. “Obtener la certificación es difícil y obtener la visa es aún más difícil, por lo que muchas víctimas están optando por no solicitarla. Es un problema grave, porque eso significa la no denuncia y la no colaboración con la Policía y otras agencias de justicia. Hemos visto gran desanimo”.

¿Qué ha mejorado la Policía?

Tras las recomendaciones del DOI y la revisión del Concejo Municipal, el NYPD ha implementado mejoras en sus prácticas, en colaboración con la Oficina del Alcalde para Asuntos del Inmigrante (MOIA). La Uniformada informó que ha extendido su campaña de educación acerca de las visas U y T por medio de las fiscalías de cada distrito, además de incrementar el número de oficiales autorizados para expedir las certificaciones.

El NYPD también cesó su práctica de denegar la solicitud de certificación en caso de que el delito se haya producido fuera del plazo de prescripción para el enjuiciamiento, por lo que el Departamento decidió revisar nuevamente esos casos.

Más certificaciones

• La Uniformada destacó que en los últimos seis años aumentó la expedición de certificaciones para las visas U y T, pasando de 87 en 2011 a 713 en 2016.
• En lo que va de 2017, las agencias autorizadas de la Ciudad han expedido 347 certificaciones del total de 776 solicitudes.
• El informe del DOI establece que, de las 91 solicitudes negadas por el NYPD en 2015, el 56% fueron porque los delitos no eran elegibles bajo las normas del USCIS, el 8% por la falta de colaboración, el 13% por documentación insuficiente y el 16% por récord penal.
• En 2016, el NYPD incrementó en 82% su tasa de expedición de certificaciones.