VIDEO: Canciller salvadoreño urge al Congreso por una solución permanente para “tepesianos”
El Salvador presiona por la extensión del "TPS" y una solución permanente desde el Congreso
WASHINGTON?El canciller salvadoreño, Hugo Martínez, urgió este martes al Congreso a que dé una solución permanente para 190,000 “tepesianos” salvadoreños, como parte de una estrategia de “doble carril” ante el inminente anuncio de la Administración Trump sobre el futuro del “Estatus de Protección Temporal” (TPS).
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Martínez inició hoy formalmente una visita de trabajo de tres días en Washington, la última que hará este año antes de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anuncie, a más tardar el próximo 8 de enero, si extenderá otra prórroga para los salvadoreños amparados al TPS.
En entrevista con este diario, Martínez consideró que los salvadoreños merecen, como mínimo, otra prórroga del “TPS”, si bien lo oportuno es que el Legislativo apruebe una ley que les permita la legalización permanente.
Martínez trajo al Congreso la advertencia de que una posible deportación masiva de “tepesianos” entorpecería la estrategia de estabilidad y prosperidad de su país, porque éstos además desplazarían a personas menos cualificadas en el mercado laboral, lo que a su vez “generaría una nueva ola migratoria hacia EEUU”.
“Estrategia de doble carril”
“Estamos llevando una estrategia de doble carril: estamos buscando una nueva prórroga (por parte del Ejecutivo)… y hemos comenzado a trabajar con más énfasis el Congreso, buscando una legislación que permita una salida de la situación de temporalidad a la permanencia para nuestros compatriotas”, explicó.
Una eventual prórroga del DHS, dijo, sería una “ventana de oportunidad”, o un “puente”, hacia una legislación, porque “un programa no puede seguir llamándose temporal 16 años después”.
Martínez comparó la situación de los “tepesianos” con la de los inmigrantes que se beneficiaron con la “Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda a Centroamérica” (Nacara) de 1997, y que arropó también a extranjeros de Cuba y del antiguo bloque de países soviéticos.
En la actualidad, hay al menos tres proyectos de ley que permitirían la legalización de los beneficiarios del “TPS” y de los amparados al programa de “acción diferida” (DACA) de 2012, pero ninguno ha tenido siquiera un debate en el Congreso.
Según Martínez, hay unos 28,000 salvadoreños amparados al DACA, y unos 190,000 bajo el “TPS”, cifra que refleja el número de quienes se reinscribieron con la prórroga de 2016.
Cualquiera de las medidas sobre el tapete necesitaría 218 votos en la Cámara de Representantes, y al menos 51 en el Senado.
En esta visita enfocada en el Legislativo, que concluirá el próximo jueves, Martínez y varios diputados salvadoreños prevén reunirse con una decena de legisladores demócratas y republicanos, incluyendo a los que promueven una medida para legalizar a los “tepesianos”.
Como en cada visita que ha realizado desde finales de 2016, Martínez reiteró que los salvadoreños contribuyen al tejido social, y el 95% de ellos participa en la fuerza laboral de EEUU.
Los “tepesianos” salvadoreños están empleados principalmente en los sectores de construcción (36,000), restaurantes y servicios de comida (22,400), servicios de jardinería (11,700), turismo y hospedaje (7,900), y supermercados (6,100).
Además de que muchos tienen hipotecas (53%), han establecido negocios, o tienen hijos nacidos en este país, los salvadoreños con “TPS” han contribuido más de $4,800 millones al Seguro Social y “Medicare” en una década.
Si son deportados, eso causaría una pérdida de $31,462 millones en el Producto Interno Bruto (PIB) en una década, según una hoja de datos distribuida por la embajada de El Salvador en Washington.
La prórroga actual del “TPS” para los salvadoreños inició el 10 de septiembre de 2016 y vence el 9 de marzo de 2018.
“El Salvador es tu casa”
Si bien el gobierno de El Salvador espera que EEUU autorizará otra prórroga, también elabora el programa “El Salvador es tu casa”, que incluye proyectos de “capital semilla” para quienes quieran establecer negocios; capacitación laboral, y reinserción de jóvenes al sistema escolar público.
Martínez también negocia con el Ministerio de Hacienda y con diputados de la asamblea legislativa un paquete de incentivos fiscales para exonerar de impuestos los equipos y materiales que trasladen los “retornados” para montar un negocio, para las empresas que los contraten, o para los que ayuden a crear empleos en El Salvador. Esos incentivos fiscales también aplicarían a los que quieran jubilarse en El Salvador.
Consciente de que en la diáspora hay mucho temor por el clima de inseguridad en El Salvador, Martínez insistió en que el programa para los retornados, “les tiende la mano, los conduce y orienta” en temas laborales, de inversiones y seguridad física y jurídica en el país centroamericano.
“Estamos conscientes de que existe un percepción bastante negativa sobre la situación de seguridad… en el último año, hemos reducido los homicidios en más de un 50%, hemos reducido las extorsiones en un porcentaje similar. La situación de seguridad, con sus altibajos, va en una tendencia a normalizarse, está mejorando”, afirmó el canciller.
En el marco de la “Alianza para la Prosperidad” del “Triángulo del Norte”, el gobierno salvadoreño apuesta por mejorar el clima de inversiones, fortalecer la institucionalidad, la transparencia, y la lucha contra la corrupción, aseguró.
Cuestión de plazos
Por ley, el DHS debe anunciar su decisión 60 días antes de que venzan los permisos del “TPS” para el país afectado – en el caso de El Salvador, vencen en marzo próximo- por lo que deberá pronunciarse a más tardar el próximo 8 de enero, aunque, según Martínez, podría hacerlo antes.
El “TPS” fue un programa creado por el Congreso en 1990 para inmigrantes indocumentados que no pueden regresar a sus países de origen debido a conflictos civiles, desastres naturales, u otras circunstancias extraordinarias.
Los distintos gobiernos de turno, demócratas o republicanos, habían autorizado prórrogas para los beneficiarios de diez países, pero la Administración Trump ha venido desmantelando los diversos programas de alivio migratorio, incluyendo el “TPS”.
Así, el DHS anunció a principios de noviembre el fin del “TPS” para los nicaragüenses, que tienen hasta el 5 de enero de 2019 para preparar su salida si no ajustan su estatus migratorio de otra manera, y el 5 de julio de 2018 tomará una decisión definitiva en el caso de los hondureños.
Para los cerca de 60,000 haitianos amparados al “TPS”, el DHS concedió una última prórroga hasta el 22 de julio de 2019.
