2017: el año que cambió la vida de los inmigrantes y sus familias

En enero 20 de este año, Donald J. Trump tomó posesión de la presidencia de Estados  Unidos, con la promesa de “regresar la grandeza a los Estados Unidos”.

En los meses subsiguientes, el nuevo gobierno tendría un efecto radical en la vida de millones de inmigrantes y sus familiares.

Miles de inmigrantes como Marco Tulio Coss, un padre de familia de Arizona con una orden vieja de deportación, se presentaron a citas con la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) como lo hacían cada año, esperando recibir otro permiso para seguir con sus familias en Estados Unidos, pero esta vez fueron encarcelados y, en muchos casos, deportados.

Cientos de miles de jóvenes beneficiarios del programa de Acción Diferida para Arribados en la Infancia (DACA), que pensaron que ya habían salido de las sombras, comenzaron a temer por su futuro. Las noticias sobre jóvenes con DACA arrestados con diferentes razones -o excusas- y el anuncio en agosto de que vendría el fin del programa, cambió radicalmente su situación.  

Lourdes Ortega, Líder de la organización CASA en Maryland y una “dreamer” de Ecuador, explicó que desde que se benefició de DACA, ella y su familia han abierto su propio negocio y comprado casa. El fin del programa podría significar un muro insalvable entre ellos y el sueño que los trajo a los Estados Unidos.

“Somos gente que lucha, que trabaja y que contribuye a este país”, dijo Ortega.  “Nuestra situación cambió de la noche a la mañana y nuestro futuro quedó en el aire”.  Activistas y expertos estiman que más de 11,000 jóvenes ya han perdido su DACA sin poder renovarlo y que ese número se multiplicará a partir de marzo, fecha en la que expiran números masivos de permisos, entre los más de 800,000 existentes.

Miles de inmigrantes también comenzaron a experimentar un cambio inmediato en las acciones de los agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza, que por medio de órdenes ejecutivas del presidente Trump y de sus superiores en el Departamento de Seguridad Nacional, comenzaron a tomar acción más agresiva para arrestar a cualquier inmigrante que consideraran “deportable”, sin pararse a considerar si eran o no personas con antecedentes negativos o delincuenciales.

Jesús Arreola Robles, un residente de North Hollywood (Los Angeles) con un record limpio, vivió en carne propia este cambio de actitud.

Arreola fue arrestado en febrero al recoger en su Uber a unos residentes de Los Angeles en San Diego. Los pasajeros estaban siendo vigilados por la Patrulla Fronteriza, porque eran indocumentados y lo acusaron de traficante. Lo arrestaron, quitándole su estatus DACA. Tomó meses de lucha legal por parte de abogados de la Unión de Libertades Civiles (ACLU) para lograr la libertad del joven y una orden judicial para que le devolvieran su estatus.

Miles de familias con hijos ciudadanos, incluso casos de menores vulnerables por enfermedad o discapacidades, se vieron separadas o amenazadas por la nueva política y el cambio ordenado desde arriba.  Un caso desgarrador -entre muchos otros igual de trágicos- fue el de Silvia Ocampo, camarera de un hotel en San Diego, California y madre de tres hijos ciudadanos, la más pequeña con una discapacidad.

Ocampo trabajó el año pasado con su sindicato y con la asambleísta de California Lorena González Fletcher para impulsar una ley que permitiera limpiar el record de personas que recibieron malos consejos de abogados y se declararon culpables de delitos menores. Estando a una semana de beneficiarse por dicha ley, Ocampo fue deportada a México con una orden que estaba pendiente desde 2010.

En la frontera sur, decenas de miles de potenciales asilados provenientes de América Central o el Caribe experimentaron una política más restrictiva y dura respecto a la situación de familias migrantes cuando intentan acogerse a la otrora generosa protección de Estados Unidos.

Una joven familia de El Salvador llegó a Tijuana a mediados de noviembre con dos hijos menores. José y Olivia decidieron que José intentaría pedir asilo primero, llevando consigo al pequeño Mateo, de un año de edad.  La esperanza es que José y Mateo serían detenidos, quizá llevados a un centro familiar de detención y luego liberados bajo palabra mientras se procesaba su caso de asilo.

Así ocurrió en muchos miles de casos anteriores, con familias centroamericanas que buscaban refugio en este país. Pero las autoridades migratorias detuvieron a José y lo separaron de Mateo, que terminó en un refugio para “menores no acompañados”.

Aún entre los que han tenido la suerte de no caer en manos de las autoridades migratorias, el miedo es constante compañía, dijo James Hassan, abogado de inmigración en Denver, Colorado.

“Al día siguiente de la victoria de Trump, mi oficina recibió docenas de llamadas de clientes que estaban súbitamente preocupados por la posible separación familiar, temiendo ser inmediatamente deportados”, dijo Hassan. “Los cambios que hemos visto desde entonces han afectado a mis clientes y a la comunidad en general, todos en forma negativa”.

La nueva situación está teniendo efectos más profundos en la salud mental de la comunidad inmigrante y también en la sociedad estadounidense.

En Octubre se publicó un estudio de Rice University en el que se reveló que  uno de cada cuatro indocumentados sufre de un trastorno mental relacionado a ansiedad, una cantidad cuatro veces más grande de lo que ocurre en el resto de la población. La conclusión del análisis fue que esta población está sufriendo estragos en su salud mental, no sólo por la situación existente, incluyendo el temor a la deportación y separación familiar, sino por la falta de acceso a atención médica y tratamientos de salud mental.

Ese mismo mes apareció el resultado de un amplio sondeo de maestros realizado por el Instituto de Democracia, Educación y Acceso de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA).  Cientos de profesores de secundaria en todo el país reportaron un aumento significativo en el estrés estudiantil y la multiplicación de tensiones raciales dentro y fuera del salón de clases desde que Donald Trump tomó posesión de la presidencia estadounidense.

Hacia un sistema migratorio más estricto y desalmado

Tres millones de inmigrantes fueron deportados durante los ocho años de presidencia de Barack Obama.  Sin embargo, al final de su primer período de gobierno y particularmente durante el segundo, el gobierno de Obama cedió a la presión del movimiento pro inmigrante y comenzó a hacer cambios en política migratoria que resultaron en la protección de cientos de miles de inmigrantes, incluyendo jóvenes llamados “dreamers” e indocumentados sin delitos graves y con familias y arraigo en este país.

Estos cambios se tradujeron en programas como DACA, el cierre o suspenso de decena de miles de casos de deportación, la extensión de permisos temporales bajo el TPS y otras medidas que paliaron en cierta forma los riesgos de la comunidad indocumentada y sus familias.

Cuando Obama propuso más programas de protección para jóvenes y para los padres de residentes y ciudadanos, el tiempo se había terminado y llegaron las elecciones de 2016.  Demandas republicana impidieron que entraran en vigor programas como DAPA y DACA plus y dejaron en el limbo a varios millones de inmigrantes que se hubieran beneficiado.

Y entonces llegó Donald J. Trump.

Trump inició su gobierno lanzando una orden ejecutiva tras otra, en la que cambiaba significativamente la forma en que se aplican las leyes y reglas de inmigración, y con constantes mensajes por medio de su Twitter y sus representantes como Jeff Sessions en la procuraduría y John Kelly (en sus inicios) apretando las tuercas en el Departamento de Seguridad Nacional.

Medidas de política migratoria bajo el gobierno de Trump

• Memorandos que implementaron cambios administrativos en políticas de arresto y deportación, con el objetivo de arrestar y deportar a cualquier persona que estuviera “fuera de estatus”, sin dar prioridad a los que hayan cometido delitos graves, sino incluyendo a cualquiera.
• Arrestos en los “check-ins” o citas con inmigración y en cortes locales, cerca de escuelas y otros centros que pueden considerarse “sensibles”.
• Suspensión del cierre administrativo de casos pendientes que permitía a los individuos vivir con una especie de limbo en el cual no se aplicaba la orden de deportación
• Eliminación de DACA y de los programas de TPS de Sudán, Nicaragua y Haití. Se pospuso seis meses una decisión en el caso Hondureño y en enero debe tomar la decisión en torno a 200,000 salvadoreños.
• Reducción en el número de refugiados a su nivel más bajo desde el inicio del programa en 1980
• Eliminación del programa para menores centroamericanos en sus países (CAM) y purga de miles de archivos pendientes de solicitantes.
• Aumentó el número de órdenes de arresto “detainers” por parte de ICE
• Persiste y se amplía el rechazo a solicitantes de asilo en las fronteras
• Se presentan varias versiones de una veda de viajes contra personas de varios países musulmanes que pasa por varias demandas y tribunales pero terminar siendo permitida por la Corte Suprema mientras hay un juicio acerca de su validez constitucional. La misma impone diversas restricciones a la entrada de personas provenientes de Chad, Iran, Libia, Corea del Norte, Siria, Somalia y Yemen. También incluye a Venezuela, pero únicamente a personeros del gobierno de Nicolás Maduro y sus familiares.
• La orden “Compre Americano, contrate Americano” ordenó una revisión del sistema de visas, mencionando específicamente las H-1B, utilizadas primordialmente por la industria tecnológica y de la computación, pero también por algunos otros profesionales como doctores, poniendo mayor escrutinio al otorgamiento de estas visas y vigilando los abusos, aunque no se tocaron las visas H2B que corresponden a trabajadores temporales como los que trabajan en los hoteles Trump. De hecho, mientras se imponen restricciones a otras visas como las H1-B y las H2A para trabajadores agrícolas, el gobierno aumentó en un 45% el número de visas H2B, como las que usan las empresas del presidente.
• Ataques constantes a los llamados estados o localidades “santuario”, que limiten las colaboración de sus departmentos policiales con las autoridades migratorias federales. Aunque Trump y su procurador Jeff Sessions han insistido en que castigarán retirando fondos federales de la lucha contra el crimen a aquellas jurisdicciones que no se conviertan activamente en un brazo del gobierno federal para aplicar leyes de inmigración, los tribunales han puesto coto a sus ambiciones por el momento. El tema sigue debatiéndose a nivel judicial.

La ponzoña anti inmigrante de Trump

Más allá de los cambios concretos, el gobierno de Trump ha creado un ambiente anti inmigrante en torno a todas las acciones de su personal , y ha usado su arma favorita “Twitter” para dirigir la opinión pública en responsabilizar los programas migratorios o los inmigrantes por problemas de la sociedad estadounidense.

Para algunos expertos, el escalamiento de la retórica negativa contra los inmigrantes (donde un atentado terrorista como el de la bomba colocada en una estación del metro de Nueva York la pasada semana se convierte en un ataque a todo el programa de Lotería de Visas), es probablemente tanto o más nociva a largo plazo que las órdenes ejecutivas antes mencionadas.

“Creo que la retórica que usan Trump y los que lo rodean, calificando de criminales a los inmigrantes a raíz del delito cometido por uno o el uso de un evento para responsabilizar a toda una comunidad es más ponzoñosa que sus políticas”, dijo Stephen Yale-Loehr, profesor de ley migratoria en la Escuela de Leyes de Cornell University.

“Hace poco, Trump dijo en un rally en Pensacola, Florida, que los países están enviando a los peores criminales por medio de la lotería de visas, y eso es totalmente falso, ya que el sistema de revisión de antecedentes de la visa es igual de estricto que el que pasan los que piden su residencia de cualquier otra manera. No hay forma que otro país pueda violentar dicho sistema”.

Otro ejemplo del tipo de retórica es la utilizada en el caso del inmigrante indocumentado que mató a Kate Steinle, una joven de San Francisco y cuyo caso terminó en un dictamen de no culpabilidad hace poco, generando la ira de Trump.

“El usó este ejemplo durante su campaña para atacar a las llamadas ciudades santuario”, dijo Yale-Loehr, pero la verdad es que todos los estudios señalan que los inmigrantes, incluso los indocumentados, cometen menos delitos que la población en general.

La socióloga Irene Bloemraad, experta en migraciones de la Universidad de Berkeley, en California, opina que el gobierno de Trump es parte de un movimiento “neo-anti inmigrante en el cual las actitudes de sospecha hacia los inmigrantes indocumentados se han ampliado a todos los inmigrantes e incluso a la segunda generación descendiente de inmigrantes

“Han atacado a los musulmanes, a cualquiera que sea refugiado, a solicitantes de asilo, han presentado a los refugiados como ilegítimos, están fraguando cambios en la reunificación familiar y quieren reducir la cantidad de inmigración legal”, dijo Bloemraad.

“Trump inició su vida política cuestionando la legitimidad del nacimiento del ex presidente Barack Obama, así que puede argumentarse que su enfoque negativo se extiende incluso a las segundas generaciones de inmigrantes, ya que Obama es hijo de un hombre de Kenya que vino a vivir a Estados Unidos”.