MALDEF exige destitución de director de ICE Tom Homan, por emular las ideas “de un estado totalitario”.

Una de las principales organizaciones nacionales latinas de Estados Unidos exigió este miércoles la destitución del director interino de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) Tom Homan, alegando que recientemente se expresó “como un matón que simpatiza con actividades totalitarias de estado”.

Tom Saenz, presidente del Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y Educación (MALDEF), se refirió así a declaraciones de Homan durante una entrevista con Fox News el martes,  en las que dijo que el gobierno federal podría presentar cargos criminales contra las personas de funcionarios locales que aprueben leyes santuario.

“Tal parece que el director tiene la intención de imitar a un jefe de seguridad de la Europa del Este en la época de la guerra fría”, dijo Sáenz.

“Quizá piensa que puede perseguir a funcionarios locales solamente porque sus decisiones no están de acuerdo con las suyas, pero eso no es consecuente con una democracia como la nuestra, más bien parece Bulgaria en los años 70″, agregó el líder en una entrevista.

El martes, durante una entrevista por el canal Fox News, Homan se refirió directamente a la Ley de Valores de California, que entró en vigor el 1 de enero, y que entre otras cosas limita la cooperación de las autoridades del estado en temas migratorios solamente a casos de delitos graves.

“Creo que debemos acusar penalmente a algunas de estas ciudades santuarios con violaciones a la ley federal”, dijo Homan. “Debemos enfrentar a estas ciudades santuario, llevarlas a los tribunales y acusar personalmente a algunos de estos políticos con un delito”.

Homan también amenazó a California con aumentar la presencia de agentes para perseguir a los indocumentados, una amenaza que ya hizo hace unos meses, cuando el gobernador Jerry Brown firmó la Ley de Valores de California.

De Brown, Homan dijo que “el gobernador piensa que está protegiendo a la comunidad inmigrante y está haciendo justo lo opuesto. Si él piensa que se está deshaciendo de ICE, debo decirle que ahí estaremos”.

El problema con las palabras de Homan, dijo Saenz, de MALDEF, es que no hay nada en la ley federal que conmine a los estados y ciudades a colaborar con actividades migratorias en la forma en que lo requiere este gobierno.

“Hay una ley que dice que los funcionarios locales no pueden impedir la transmisión de información con el gobierno federal. Eso es todo”, dijo Saenz. “Si ellos quieren crear otras leyes, tendrán que hacerlo. Pero hasta ahora el Congreso no lo ha hecho”.

Por otra parte, dijo Saenz, amenazar con perseguir a los funcionarios locales por violaciones que no han cometido viola varias cláusulas de la constitución y, realmente, está dedicado a intimidar a “funcionarios electos localmente por la gente en ese lugar”.

“No solo viola la primera enmienda, que permite y además requiere que los funcionarios electos expresen sus ideas, viola la décima enmienda del derecho de los estados y viola los derechos de los votantes, que han elegido a estos funcionarios locales para que lleven a cabo esas políticas”, apuntó.

Hasta ahora, las cortes han establecido que las ciudades y estados que el gobierno de Trump llama “santuarios” no están haciendo nada ilegal y que las leyes locales como el Acta de Valores, no transgreden ninguna ley federal.

Por ejemplo, ningún tribunal ha permitido el retiro de fondos de seguridad pública con el que Trump y el procurador Jeff Sessions han amenazado a ciudades y estados que no sigan su línea dura contra los inmigrantes o que limiten la colaboración de policías locales con ICE.

No es la primera vez que del gobierno de Trump sale este tipo de retórica. El propio presidente lo hizo esta semana, al indicar que el Departamento de Justicia debería ir tras Huma Abedin, la asesora de Hillary Clinton, por supuesto mal manejo de “protocolos de seguridad”.

Trump ha sido muy criticado, incluyendo de parte de intelectuales republicanos, por insistir desde antes de su elección en la aparente persecución de sus enemigos políticos, un tipo de actitud que no sólo es ilegal sino inconstitucional, según explican.