El estado de Nueva York estudia desinvertir en prisiones privadas

Albany considera una ley para prohibir que las pensiones públicas apuesten por las acciones de estas compañías

El gobierno de Trump aprieta su lucha contra indocumentados.

El gobierno de Trump aprieta su lucha contra indocumentados. Crédito: ROBYN BECK/AFP/Getty Images | ROBYN BECK/AFP/Getty Images

“No hay ninguna razón por la que un estado progresista como Nueva York se beneficie de las encarcelaciones masivas”. Con esta filosofía el senador demócrata Brian Benjamin ha presentado en Albany un proyecto de ley para prohibir la inversión futura, y proceder a la actual desinversión de fondos de pensiones públicos que tengan acciones de cárceles públicas en sus carteras.

El estado mantiene actualmente unos $11.5 millones en fondos mutuos que tienen parte de sus inversiones en estas compañías. En 2017 el contralor de la ciudad de Nueva York, Scott Stringer anunció la desinversión de los fondos de la ciudad en compañías como CoreCivic y Geo Group.

Su homólogo en el estado, Thomas DiNapoli, ha empezado a liquidar de la cartera pública las acciones de operadores privados de prisiones pero el objetivo de Benjamín es que se asegure la total salida de esta opción de inversión y evitarla en el futuro. “Quiero que el estado de Nueva York no premie a las cárceles donde se envía a las personas de color”, explica.

Benjamín justifica esa acción en el hecho de que el fuerte crecimiento de estas empresas se debe a un sistema “racialmente injusto y estricto de sentencias impuesto en los ochenta y noventa” y la política anti inmigración. Este senador recuerda que buena parte de los inmigrantes indocumentados que son detenidos llegan a prisiones privadas. “Y cada vez serán más dada la severidad con la que se está actuando”, estima.

El senador recuerda además que los abusos son frecuentes en estas prisiones y en la justificación de la ley apunta que “el fin de lucro lleva a los gestores de estas cárceles a proveer servicios inadecuados y cuestionables”. De hecho, un informe del Departamento de Justicia en 2016 concluyó que no solo se cumplía peor con la misión del penal sino que además no se ahorraba dinero público a través de estas operadoras.

La reforma de las prisiones privadas no se ha producido, ni tiene visos de producirse con la Administración Trump.

El senador Benjamín dice que va a hacer de esta cuestión su prioridad y cree que va a ser posible conseguir los apoyos tanto en la cámara como en el gobierno del estado para que salga adelante.

Para este legislador este es un punto inicial para un debate mayor sobre la situación penitenciaria y un sistema de justicia que lamenta que manda a demasiadas personas a la cárcel. “Quisiera que habláramos de reforma de fianzas, de mejores procesos de discovery, sentencias distintas…”, enumera.

Benjamín cree que este es un debate sobre responsabilidad social de las inversiones que excede el del estado Nueva York y “debería ser una conversación con otros sistemas de pensiones públicos del país”. “Pero de momento tenemos que empezar por nuestro propio estado”, explica.

Las cotizaciones de estas empresas llevan meses lejos de máximos y pese a la política más restrictiva del Departamento de Justicia su precio no ha tenido una evolución clara ascendente.

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