Editorial: “La persecución a los inmigrantes”

La escena de las autoridades pidiendo documentos en el transporte público pertenece a una dictadura. Es ofensivo en un sociedad diversa considerar sospechosa a una persona que parece extranjera, porque cabe en un estereotipo racial y económico. Esta es la realidad de nuestra democracia cuando se da rienda libre a una fuerza policial como la Agencia para el Control de Aduanas y de Inmigración (ICE).

La administración Trump primero declaró que los inmigrantes son todos sospechosos y después autorizó su cacería. Los agentes de ICE para detener inmigrantes entran a los tribunales, irrumpen en la madrugada en los hogares, emboscan a padres cuando llevan a sus hijos a la escuela y los detienen sorpresivamente en oficinas de inmigración. Hacen redadas haciéndose pasar por policías. Allí dicen que buscan a una persona y se llevan a todos  los de alrededor, aunque sean residentes y ciudadanos. Basta lucir sospechoso, o sea extranjero.

Para la deportación no importa si se es un empresario jordano honrado con casi 40 años de residencia, como Amer Adi; o haber pagado impuestos por 30 años como el mexicano Jorge García, o ser médico como el polaco Lukasz Niecm o el profesor Syed Jamal de Blangladesh. La persecución llega a los mismos defensores de los inmigrantes como Ravidath Ragbir en Nueva York, Maru Mora-Villalpando en el Estado de Washington y la detención del marido de Ingrid Encalada Latorre quien hoy esta refugiada en una iglesa de Denver, Colorado.

El sentido de compasión y humanidad desapareció cuando se quiere deportar a gente a países en guerra como Afganistán, Irak y Somalía. Hubo una vez que Estados Unidos en estos casos era refugio, hoy es expulsión.

El director interino de ICE, Thomas D. Horman, dijo el año pasado que los inmigrantes indocumentados “deberían estar asustados” al explicar las nuevas prioridades de la agencia federal. Esta amenaza en la realidad se convirtió en accionar despiadado, sin limites y con un alcance mucho mayor de lo anunciado.

Es muy difícil diferenciar a un inmigrante sin usar un perfil racial de cuestionable legalidad. Los inmigrantes legales y aquellos que están procesando sus papeles están bajo la mira. Ni los ciudadanos se salvan de arrestos y hasta deportaciones, como lo demuestran numerosos estudios. No defendemos a criminales, ni a los integrantes de la MS-13. Pero rechazamos la comparación que desde la Casa Blanca se hace entre inmigrantes honestos y trabajadores.

Creemos que una nación tiene derecho a decir quien puede ingresar a su territorio, incluso Estados Unidos. Eso no significa que la compleja situación migratoria se solucione separando familias con las deportaciones. La respuesta es una reforma integral y realista de las leyes de inmigración, para un borrón y cuenta nueva. La meta de querer deportar millones de personas es tan absurda, e indigna, que se recurre a los métodos del autoritarismo.