Gobierno de Estados Unidos separa familias que buscan asilo y presenta cargos criminales contra los adultos

El caso de Blanca, viuda de un militar salvadoreño asesinado por la mara, es uno de los que ilustra el más reciente cambio en la práctica hacia las familias centroamericanas migrantes.
Gobierno de Estados Unidos separa familias que buscan asilo y presenta cargos criminales contra los adultos
Blanca Vasquez no ha visto a su hijo Luis desde que los separaron en octubre, pero el niño se reunión con su hermano y un tío en Nueva Orleans (Foto: proporcionada)

Cuando la salvadoreña Blanca Vásquez llegó a la frontera de Texas-México con su hijo de 12 años Luis en octubre pasado, sólo tenía consigo una biblia y la esperanza de que al decir la verdad de lo que le había pasado a su familia con las maras, Estados Unidos la protegería.

Blanca, de 41 años, perdió a su esposo Juan Gilberto Landaverde en febrero de 2012, luego que el veterano sargento del ejército salvadoreño fuera asesinado por orden de la mara.  El caso fue noticia en El Salvador.

“Mi esposo trabajaba dentro de las prisiones. Estaba a cargo de prevenir la corrupción que ocurría dentro. Lo más común es que las pandillas operen sus empresas criminales desde allí” afirma Blanca en su declaración jurada. “Pero mi Juan era incorruptible”.

Desde la muerte de su esposo, Blanca y sus dos hijos pasaron un viacrucis. Se mudaron repetidas veces, recibieron amenazas y su hijo mayor estuvo en la mira autoridades que aseguraban que él era marero y habían vendido a su papá. Finalmente, los pandilleros buscaban reclutar al pequeño Luis para sus actividades ilegales.

El hijo mayor, William, escapó a principios del 2016 y fue detenido en la frontera, pero aprobó su entrevista inicial y fue liberado a su tío en Nueva Orleans. Blanca escapó como pudo a principios de 2017 con su hijo más pequeño y pasó diez meses en México.

En octubre de 2017 tras  cruzar el rio grande en Texas “con el agua a la cintura” Blanca NO se encontró con agentes que la llevaron a un centro de detención para ayudarla a ella y a su hijo Luis mientras pedía ayuda al gobierno de Estados Unidos.

Lo que Blanca encontró, fue la nueva política de la Patrulla Fronteriza bajo las órdenes de Donald Trump y el procurador Jeff Sessions: separación familiar y acusación criminal del adulto.

“Ella expresó el miedo de regresar a su país, pero en vez de llevárselos y detenerlos, los separaron de inmediato y decidieron presentarle a ella cargos penales por “entrada ilegal“, explicó a La Opinión la asesora legal Adriana Zambrano, que junto a la abogada Bridget Cambria, de Pennsylvania, tomó el caso de Blanca en enero cuando la salvadoreña lo tenía casi todo perdido.

Más familias migrantes enfrentan separación

Blanca y Luis no fueron al mismo centro de detención mientras su “unidad familiar” que es como el gobierno llama a las familias que buscan asilo, peleaba su caso legal.  Esto era lo común bajo el gobierno de Barack Obama.

“Lo diferente es que ahora estamos viendo más casos de madres -o padres- con niños pequeños que en vez de quedar detenidos juntos para pelear su caso, los separan, mandando al niño a un refugio y al padre o madre a un centro de detención”, dijo Zambrano.

La cosa no termina allí. Además de separar a las familias, las autoridades estadounidenses están acusando a los adultos -el padre o la madre- de un cargo criminal, lo que los hace automáticamente deportables y excluíbles del país por muchos años.

Según los abogados y varias quejas presentadas por organizaciones de defensa de los niños migrantes, no está claro cuál es el criterio que están usando para separar a las familias.

En enero, Adriana y Bridget Cambria, de la organización ALDEA, comenzaron a defender legalmente a Blanca. La organización no lucrativa tiene como objetivo ayudar a los niños y familias que buscan asilo.

Su trabajo legal de varios meses rindió frutos cuando un estricto juez de El Paso, conocido por ser uno de los más estrictos del país,  aceptó que el caso de Blanca era creíble y le dijo que podía salir bajo fianza.  El pequeño Luis, tras pasar mes y medio en un refugio en Nueva York, fue reunido con su hermano William y su tío en Nueva Orleans. 

Una campaña pública para levantar fondos logró recabar lo necesario para cubrir la fianza de Blanca y espera seguir recabando fondos para ayudar a otros casos.  Blanca está a punto de salir del centro de detención y reencontrarse con sus dos hijos, posiblemente esta misma semana.

“Sabemos que allá en El Paso hay muchas otras familias en esta situación, pero no nos damos abasto para ayudarlas”, dijo Zambrano.

Cambio de política para “castigar” a migrantes

Se sabe que el gobierno de Trump ha venido considerando la separación familiar en la frontera para “desincentivar” o el cruce de las familias, pero se supone que la práctica no se había iniciado formalmente.

Asímismo, el procurador Jeff Sessions instó desde abril pasado a los fiscales federales a acusar a los migrantes que cruzan en repetidas ocasiones del delito más grave posible. Pero Blanca nunca había cruzado, no tiene antecedentes penales y, además, es una solicitante de asilo.

Solicitudes de información a DHS para que explicaran el criterio o cuántas familias han sido separadas han sido hasta ahora en vano.

En los últimos meses y semanas, grupos que abogan por niños migrantes y familias en busca de asilo han levantado la voz de alarma.

En diciembre, por ejemplo, organizaciones como KIND (una ONG que ayuda a buscar abogados para estos niños, presentaron una queja formal pidiendo una investigación de la práctica y reportó documentar unos 150 casos de separación familiar, 90 de ellos sólo en los tres meses antes de octubre de 2017.

Adicionalmente, dijo Zambrano, la oficina de Derechos Civiles del Departamento de Seguridad Nacional ha recibido 130 solicitudes de información de parte de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados -que se ocupa de los niños migrantes y los coloca en refugios- por presunta separación familiar.

No fue posible confirmar la cifra anterior en forma independiente, pero la Unión de Libertades Civiles ACLU presentó una demanda hace unos días en el caso de una mujer del Congo que fue separada de su  hijo al entrar por la frontera.