Maestros de Dennis Rivera piden ayuda del Congreso para su puesta en libertad

WASHINGTON— Dos de los maestros del hondureño Dennis Rivera Sarmiento, detenido por ICE en Texas desde hace más de un mes, visitaron este martes varias oficinas del Congreso para presionar por su puesta en libertad, para que pueda graduarse de secundaria en mayo próximo e ir a la universidad.

Rivera Sarmiento, de 19 años, fue arrestado el pasado 30 de enero por la policía de su distrito escolar en el sureste de Houston por haber golpeado a una compañera de clase que lo acosó e insultó por ser indocumentado.

El joven, que ha sido aceptado por al menos tres universidades, huyó con su familia inmediata de la violencia en Honduras en 2013, no tiene ningún permiso legal, y corre riesgo de deportación.

Su caso ha generado quejas sobre los excesos de las autoridades policiales y de inmigración en el Condado Harris, y  ha alimentado la ansiedad entre los jóvenes indocumentados.

Estudiante de Houston afronta posible deportación tras defenderse de acoso por ser indocumentado

Según “United We Dream” (UWD), que organizó la visita al Capitolio, los dos maestros se reunieron con asesores de varios líderes demócratas de ambas cámaras del Congreso, incluyendo de los congresistas Nancy Pelosi y Steny Homer,  y los senadores Dick Durbin, Catherine Cortez-Masto, Bob Menéndez y Michael Bennet.

Previo a sus visitas en el Congreso, Cortez Downey y Manoj Kowshik, de la escuela “Stephen F. Austin”, dijeron hoy a los periodistas que el caso de Rivera Sarmiento, en su último año de secundaria, muestra la urgencia de proteger a jóvenes indocumentados y frenar los excesos de las autoridades de inmigración.

Rivera Sarmiento es un buen estudiante y apasionado jugador de fútbol, en una escuela donde el 90% es de origen hispano, y debería preocuparse su preparación para la universidad en otoño próximo y no en su posible deportación a Honduras, precisaron.

Downey, consejero a cargo de ayudar a los estudiantes en sus trámites universitarios, expresó confianza en que su visita al Capitolio genere apoyo para Rivera Sarmiento, para que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) lo ponga en libertad.

“Definitivamente quiero que (su caso) genere discusión y acción para que esto no le ocurra a ninguno más de nuestros estudiantes. Creo que el elemento más importante que determinará cómo responden los estudiantes es cómo se maneja el caso de Dennis”, dijo.

“Si es deportado eventualmente, sin importar las acciones que tome la escuela, eso enviaría el mensaje de que los estudiantes indocumentados en zonas escolares no pueden tener las mismas protecciones que el resto de los estudiantes, y creo que por eso seguiremos viendo miedo entre nuestros estudiantes indocumentados”, advirtió Downey, quien se mantiene en contacto con la madre de Dennis.

Por su parte, Kowshik señaló que los estudiantes afrontan un “ambiente muy estresante”, donde abunda la violencia y necesitan la guía y ayuda de sus maestros, no solo en “Stephen F. Austin” sino en otras escuelas del distrito escolar en Houston.

“Para nuestra comunidad esto es un asunto muy importante… nos preocupa que las autoridades del condado no están respaldando a nuestra comunidad”, señaló Kowshik, maestro de química, quien afirmó que el lugar de los estudiantes es en un aula, no en un centro de detención.

Rivera Sarmiento fue arrestado por la policía del distrito escolar y trasladado a una cárcel del Condado Harris después de que, según documentos judiciales, tiró a la compañera de clases al piso y la golpeó en la cabeza con los puños.

Como el condado participa en el programa “Comunidades Seguras” –en 2017, recibió el mote de “capital de las deportaciones, por tener el segundo número de arrestos más alto de ICE en el país-, sus huellas digitales y demás datos fueron cotejados contra una base de datos federal que determinó su estatus de indocumentado.

Fue entonces cuando ICE solicitó a la oficina del alguacil que lo retuviera en la cárcel en Livingston (Texas) mientras pasaba a su custodia, pese a que su familia ya había pagado una fianza de $2,000.

La queja de los maestros y grupos pro-inmigrantes, como “UWD”, es que las autoridades del distrito debieron manejar el asunto de forma distinta en vez de imputarle cargos criminales, porque el “castigo” –su posible deportación- es desproporcionado.

La joven que lo acosó con insultos racistas fue tratada en un hospital por lesiones no divulgadas a la prensa, pero no fue sujeta a medidas disciplinarias, según testigos.

Según Downey, el sistema escolar público más grande de Texas debe escoger entre adoptar prácticas que protejan a todos los estudiantes y eviten la detención o deportación de estudiantes indocumentados o, como demuestra el caso de Dennis, dé prioridad al encarcelamiento y no la educación de los jóvenes.