NY encabeza demanda para bloquear pregunta sobre ciudadanía en Censo 2020

El liderazgo de Nueva York anunció que daría cara a la decisión de la Administración Trump de exigir información sobre ciudadanía en el Censo decenal de 2020. Este martes, el fiscal general de Nueva York Eric T. Schneiderman, encabezó una coalición de 18 fiscales generales, 6 ciudades y la Conferencia Bipartidista de Alcaldes del país, que busca impedir su implementación mediante una demanda.

La demanda alega que, exigir información sobre ciudadanía en el Censo deprimiría la participación en estados con grandes poblaciones de inmigrantes, amenazando la representación justa de esos estados en el Congreso y el Colegio Electoral, así como miles de millones de dólares en fondos federales cruciales para educación, infraestructura, Medicaid y más.

“Una de las obligaciones más solemnes del gobierno federal es un conteo justo y preciso de todas las personas en el país, ciudadanos y no ciudadanos por igual. Durante décadas, las administraciones de ambos partidos han tratado este requisito constitucional con el respeto y la reverencia que merece”, argumentó Schneiderman.

Ahora, agregó el fiscal, la Administración de Trump está rompiendo con esa tradición, abandonando imprudentemente casi 70 años de práctica al exigir saber el estatus de ciudadanía de cada habitante.

“Dado que las comunidades de inmigrantes ya viven con miedo, exigir el estatus de ciudadanía los llevaría a las sombras, lo que daría lugar a un conteo por debajo de la realidad que amenaza con quitar miles de millones de fondos federales para Nueva York y nuestra justa representación en el Congreso y el Colegio Electoral”, insistió.

La demanda, que se presentó este martes en el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, estuvo dirigida por el fiscal general Schneiderman y cuenta con la participación de los fiscales generales de Connecticut, Delaware, Illinois, Iowa, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Virginia, Vermont Washington y el Distrito de Columbia; también los alcaldes de la ciudad de Nueva York, Chicago, Filadelfia, Providence, San Francisco y Seattle; y la Conferencia Bipartidista de Alcaldes de Estados Unidos.

De Blasio: Vamos a defender a la Gran Manzana

“La ciudad de Nueva York se unirá a la demanda del fiscal general Schneiderman para detener al presidente Trump de esta medida sin precedentes para politizar el censo. Un conteo 2020 justo y preciso tiene mandato constitucional para garantizar que el poder político y los recursos permanezcan donde corresponde, con la gente”, dijo el alcalde Bill de Blasio.

De Blasio añadió que la decisión del presidente Trump pone en peligro a la Gran Manzana como ciudad de inmigrantes y amenaza el financiamiento federal para la infraestructura, el cuidado de la salud y la seguridad pública en Nueva York.

Conforme a la Constitución, la Oficina del Censo tiene la obligación de determinar “el número total de personas en cada estado”. Sin embargo, se espera que exigir la información sobre ciudadanía en el Censo, reduciría la participación de los inmigrantes, causando un conteo insuficiente de la población que afectaría desproporcionadamente los estados y ciudades con grandes comunidades de inmigrantes.

“Desde que asumió la presidencia, Donald Trump no ha perdido la oportunidad de dividir al país, construyendo muros entre las realidades de las contribuciones que los inmigrantes han hecho a esta sociedad y al mismo tiempo difundiendo mentiras que se adaptan a su base derechista”, dijo el presidente del condado de El Bronx, Rubén Díaz Jr.

Rubén Díaz Jr. agregó que esta decisión tiene el potencial de disminuir la participación en el Censo 2020 en comunidades vulnerables, crear una base de datos que pueda usarse para castigar a las comunidades de inmigrantes y hacer que la ciudad de Nueva York pierda recursos federales.

Los no ciudadanos se cuentan en el Censo para fines de asignar fondos federales, la distribución de escaños en el Congreso y los votos del Colegio Electoral, así como para la demarcación de los distritos estatales y locales.

Lo que argumenta el Dpto. de Justicia

El Departamento de Justicia argumentó que la recopilación de dicha información era necesaria para garantizar la aplicación adecuada de la Ley de derechos electorales de 1965. Sin embargo, como argumentaron el fiscal general Schneiderman y otros 18 estados en una carta enviada al Secretario de Comercio en febrero, la demanda tendría exactamente el efecto opuesto al reducir la participación en comunidades de inmigrantes, una preocupación que es aún más aguda en el clima político actual.

La demanda se presentó bajo la Cláusula de Enumeración de la Constitución de los EE. UU., Ya que esta acción de la administración Trump impedirá una “Enumeración real” requerida por la Constitución. También se encuentra bajo la Ley de Procedimiento Administrativo, que permite a los tribunales anular decisiones ilegales, arbitrarias o caprichosas de agencias gubernamentales.

Como antecedente, la demanda cita que en 1980, la Oficina del Censo rechazó la adición de una pregunta de ciudadanía y dijo: “Cualquier esfuerzo para determinar la ciudadanía inevitablemente pondrá en peligro la precisión general del conteo de la población. Obtener la cooperación de una población desconfiada y temerosa sería imposible si el grupo que se está contando percibiera alguna posibilidad de que la información se utilice en su contra. Las preguntas sobre ciudadanía son particularmente delicadas en las comunidades minoritarias e inevitablemente desencadenarán hostilidad, resentimiento y una negativa a cooperar”.

También en 2009, los ocho exdirectores de la Oficina del Censo – que prestaron servicios bajo presidentes demócratas y republicanos- afirmaron que exigir información de ciudadanía deprimiría la participación y conduciría a un recuento insuficiente significativo, lo que socavaría el propósito del propio Censo.

Como se establece en la demanda de hoy, la decisión de la administración es inconsistente con las obligaciones estatutarias de la Oficina del Censo, no está respaldada por una justificación indicada, se aparta de décadas de práctica establecida sin explicación razonada y no considera la disponibilidad de datos alternativos que puedan servir efectivamente a las necesidades del gobierno federal.