La “tormenta” de Trump en Twitter omite hechos sobre inmigración ilegal

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump está claramente “frustrado” con la negativa del Congreso a financiar por completo su prometido muro fronterizo y, durante toda la semana, tanto él como miembros de su Administración se han dado a la tarea de “vender” argumentos falsos sobre la inmigración ilegal.

Trump se congratuló hoy en Twitter de que México haya “desbandado” la “caravana” de unos 1,500 centroamericanos, la mayoría provenientes de Honduras, que venían rumbo a la frontera sur, muchos de ellos para pedir asilo. El gobierno mexicano dijo el lunes que “repatrió” a 400, y la prensa local dijo que la mayoría del resto se desarticuló por voluntad propia.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, repitió hoy en un programa de Fox News la promesa electoral de Trump de resguardar las fronteras, con la Guardia Nacional si es necesario.

Al anunciar los planes de militarizar aún más la frontera con México, Nielsen dijo ayer que Trump está “frustrado” con la inacción del Congreso para restringir más las leyes migratorias y porque no le aprobó una solicitud de $25,000 millones para la vigilancia fronteriza.

Nielsen y asesores de alto rango de la Administración repitieron ayer argumentos sobre el flujo de inmigrantes indocumentados que contradicen la realidad sobre el terreno.

Durante y desde la contienda de 2016, Trump ha enarbolado la bandera de “EEUU primero”, y es en ese marco que se puede entender su fijación con frenar el paso a inmigrantes indocumentados que, a su juicio, son culpables en gran medida de los problemas sociales y económicos en este país.

A continuación, un resumen de los principales argumentos de la Administración, y la situación real en la política migratoria de EEUU:

Porosidad de la frontera.— Trump insiste en que la porosidad de la frontera permite que se cuelen miles de indocumentados, pero el gobierno de EEUU ha registrado el mayor fortalecimiento de la vigilancia fronteriza en 24 años.

En la actualidad, hay poco más de 20,000 agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), y alrededor de 21,000 agentes de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), y el presupuesto para medidas policiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es de aproximadamente $4,500 millones para el año fiscal 2018.

En lo que va del año fiscal 2018, que comenzó en octubre pasado, hasta el lunes pasado, los agentes arrestaron a 173, 599 inmigrantes indocumentados.

No hay “invasión”,  la frontera cuenta con más agentes y recursos tecnológicos, y está más segura que nunca, como afirmó en su momento la Administración Obama.

Aunque la Administración Trump celebró un drástico descenso en los arrestos en la frontera, a 307,000 en 2017, un “histórico” descenso en 46 años, Nielsen advirtió de un nuevo incremento en los cruces ilegales,  que suele ocurrir en la primavera y verano.

Política de “atrapar y soltar”.— Trump ha prometido eliminar la “ley de atrapar y soltar” a los inmigrantes indocumentados en la frontera, que atribuye a los demócratas.

Pero no existe tal “ley”. La práctica, conocida en inglés como “catch and release”, se refiere a la práctica de poner en libertad a indocumentados mientras aguardan una audiencia ante un tribunal de inmigración, en vez de mantenerlos en centros de detención o deportarlos.

La Administración de George W. Bush puso fin a la práctica que, por consecuencia, también aumentó drásticamente la urgencia de ampliar los centros de detención.

Su sucesor, Barack Obama, la continuó, pero un dictamen de 2015 ordenó que familias con menores fueran puestos en libertad a la brevedad posible.

Trump firmó una orden ejecutiva el 20 de febrero de 2017 para garantizar nuevamente el fin de la práctica,  pero grupos cívicos y pro-inmigrantes han emprendido una batalla legal contra sus políticas.

Acuerdo Flores de 1997.— La Administración Trump asegura que los inmigrantes indocumentados y los contrabandistas en la frontera están aprovechando las “débiles” leyes migratorias, y han arremetido contra el llamado “Acuerdo Flores” de 1997.

Ese acuerdo prohíbe la detención de menores indocumentados por más de 20 días, y exige que el gobierno los coloque en instalaciones menos restrictivas, hogares temporales, o con sus padres y familiares, mientras se resuelven sus casos.

El acuerdo es vinculante, y el gobierno de Estados Unidos se expone a demandas cada vez que lo viola.

Ley “Wilberforce” de 2008.— La ley bipartidista fue adoptada por el Congreso y firmada por Bush para combatir el tráfico de personas y proteger a las víctimas del lucrativo negocio, e impone requisitos para la detención de menores de edad de países no contiguos a EEUU.

Nielsen repitió ayer la exigencia de que el Congreso reforme esa ley, y apruebe más fondos para las medidas policiales contra la inmigración ilegal.

DACA es un “imán”.— La Administración insiste en que el programa de “acción diferida” (DACA) de 2012 es un “imán” para la inmigración ilegal, porque “miles” cruzan la frontera con la expectativa de que podrán acogerse al programa, o que el gobierno les ofrecerá un alivio migratorio futuro.

Pero DACA, puesto en marcha por la Administración Obama en agosto de 2012, tiene requisitos y restricciones sobre quiénes y cuántos jóvenes indocumentados podían solicitar permisos renovables de dos años para evitar la deportación.

En la actualidad, hay alrededor de 700,000 jóvenes amparados al programa, pero ninguno de los niños y jóvenes que crucen ahora podrían calificar para DACA.

Trump desmanteló DACA en septiembre de 2017 pero sendos dictámenes judiciales obligaron a su gobierno a reactivarlo, pero sólo para la renovación de permisos, mientras se resuelve el litigio en los tribunales. 

Fuentes: DHS, CBP, Institución Brookings, Casa Blanca, Factcheck.org