Tribunal Supremo estudia legalidad de “veda musulmana” en su tercera edición

WASHINGTON— En uno de los casos más anticipados del año, el Tribunal Supremo escuchó este miércoles los argumentos sobre la legalidad de la tercera versión de la “veda musulmana” de la Administración Trump, cuyo desenlace tendrá amplias repercusiones no sólo para los musulmanes sino para toda la comunidad inmigrante.

Fiel a su promesa electoral de prohibir el ingreso de musulmanes, el presidente Donald Trump emitió su primera orden ejecutiva en enero de 2017, pero se vio forzado a emitir otras dos versiones, en marzo y septiembre de ese año, porque los tribunales le bloquearon cada una.

Casi 15 meses después de la primera veda contra inmigrantes de siete países de mayoría musulmana, los nueve magistrados escucharon durante poco más de una hora los argumentos en el caso “Trump v. Hawaii”, en una audiencia salpicada de preguntas sobre asuntos relacionados con la seguridad nacional, la política migratoria, política exterior, y la separación de poderes.

La audiencia reflejó las diferencias ideológicas de los jueces, que emitirán su dictamen sobre la legalidad y constitucionalidad de la medida para finales de junio próximo. Hawaii necesitará un mínimo de cinco votos para lograr la anulación de la “veda musulmana”.

La versión “3.0” es similar a las dos que la precedieron y que fueron bloqueadas en cortes de menor instancia, pero con importantes ajustes que, según la Administración, la mantendrán a salvo del hachazo de la corte.

En su versión actual, la medida restringe la entrada a inmigrantes de Libia, Irán, Somalia, Siria, el Yemen –cinco países de mayoría musulmana-, Corea del Norte y Venezuela. Para sus detractores, la inclusión de Corea del Norte y Venezuela -que no son parte del caso- sólo fue para disfrazar que la medida se ensaña contra inmigrantes musulmanes.

Pero el abogado de la Administración ante el Tribunal Supremo, Noel Francisco, insistió en que la orden emitida en septiembre pasado estuvo sujeta a una extensa revisión “multi-agencial”, tras lo cual el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recomendó restringir la entrada a inmigrantes de países que no adoptaron normas mínimas para escudriñar los antecedentes de sus viajeros.

La jueza Sonia Sotomayor, una de cuatro jueces de corte progresista, cuestionó que Trump intente adjudicarse autoridad que no tiene o pasar por encima de las normas que ya ha establecido el Congreso, incluyendo una amplia revisión de viajeros de países que no cumplen con normas mínimas de seguridad, y un mayor escrutinio de inmigrantes de países con problemas de terrorismo.

“¿De dónde saca el presidente la autoridad de hacer más de lo que el Congreso ya ha decidido que es lo adecuado?”, preguntó Sotomayor.

Pero, a juzgar por los cuestionamientos de los cinco jueces conservadores, es muy probable que el Tribunal Supremo deje en pie la orden migratoria de Trump.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, afirmó que si el gobierno recibe información sobre inmigrantes sirios que intentan entrar a EEUU con armas químicas y biológicas, las autoridades deben poder frenar su ingreso.

“Estos (extranjeros) podrían matar a decenas de miles de estadounidenses, y en esa situación, ¿podría el presidente prohibir la entrada de nacionales sirios ese día?”, preguntó Roberts.

El abogado de los demandantes, Neal Katyal, afirmó que el Ejecutivo tiene potestad para actuar en nombre de la seguridad nacional y para atender emergencias, pero no tiene derecho a discriminar sistemáticamente.

A una pregunta de Roberts sobre hasta cuándo, dentro del debate migratorio, debe cargar Trump con las declaraciones que hizo en la contienda, Katyal señaló que Trump pudo haberlas repudiado después pero no lo hizo.

Mientras, el juez Samuel Alito dijo que hay unos 50 países musulmanes pero la orden sólo incluye a cinco –o cerca del 8% del mundo musumán-, lo que hace suponer que la medida fue adoptada por la seguridad nacional y no por una fobia a los musulmanes.

“Si vemos lo que se hizo, no parece del todo una veda musulmana… hay otras justificaciones que saltan a la vista sobre por qué estos países fueron incluidos”, explicó Alito.

Por su parte, el juez Stephen Breyer, dejó entrever que si la Administración permite exenciones para ciertos viajeros “caso por caso”, y no solo como un “puro artificio”, entonces estaría dispuesto a respaldar la medida.

Katyal dijo que el gobierno federal no ha informado al público sobre las exenciones dentro de la orden ejecutiva, y citó el caso de una niña yemení con parálisis cerebral que necesitaba tratamiento médico urgente, pero el Departamento de Estado le negó la visa.

También argumentó de que sólo el Congreso puede adoptar leyes migratorias pero el veto migratorio de Trump actúa como una “bola de demolición” en la separación de poderes.

En su réplica, Francisco afirmó que la medida responde a intereses de seguridad nacional y política exterior, y que desde la puesta en marcha de la tercera medida en septiembre pasado, el gobierno ha autorizado 430 exenciones para permitir el ingreso de ciertos viajeros.

Entre los invitados al salón de audiencias figuraron el creador de “Hamilton”, Lin Manuel Miranda; el senador republicano Orrin Hatch; el abogado de la Casa Blanca, Don McGahn, y la viuda del juez Thurgood Marshall, Cecilia.

El interés en la audiencia fue tal que Roberts permitió la difusión  de su grabación hoy mismo.

La retórica y los tuiteos del presidente

En las escalinatas del Tribunal Supremo, en medio de consignas contra Trump y su política migratoria, un nutrido grupo de activistas musulmanes y pro-inmigrantes expresó confianza en que la máxima corte no se dejará engañar por la “máscara” de la tercera medida presidencial, y la declarará inconstitucional porque viola el principio contra la discriminación religiosa.

Farhana Khera, directora ejecutiva de “Muslim Advocates”, dijo que, a su juicio, lo más importante es que Katyal y los demás litigantes reafirmaron que solo el Congreso puede hacer leyes de inmigración, pero Trump quiere usurpar esos poderes “y los jueces no deben permitirlo”.

“Acá hay mucho en juego, y la decisión de la corte puede alterar la vida de incontables estadounidenses, de pacientes que no pueden entrar a recibir tratamiento, de personas que son separadas de sus cónyuges, hijos, padres y hermanos en EEUU”, dijo Khera.

“La Administración se quiere pasar de lista, modificando la veda, pero aún la tercera versión es un artificio para lo que, en el fondo, sigue siendo una política intolerante… otras cortes así lo han dicho, apoyándose en los tuiteos de Trump, y esperamos que este tribunal la declare inconstitucional”, enfatizó.

Por su parte, Marielena Hincapié, directora ejecutiva del “Centro Nacional para Leyes de Inmigración” (NILC), dijo que es difícil predecir cómo se pronunciarán los jueces, pero expresó esperanza en que éstos evalúen “el impacto humano” de la medida.

“Esperamos que el Tribunal Supremo entienda que en un país fundado en parte por la libertad de religión, es importante que rechace esta orden ejecutiva”, dijo.

Aunque Trump tiene mucha autoridad ejecutiva, sus comentarios públicos fijaron la atención de los jueces en parte de la audiencia y “demuestran un racismo… el daño está hecho, las familias musulmanas están sufriendo los daños de este veto”, enfatizó Hincapié.

Consciente de que las palabras de Trump podrían usarse en su contra, Francisco sugirió que lo que cuenta es el contenido de la medida y cómo se está aplicando.

También trató de convencer a los jueces de que la orden ejecutiva “no es la llamada veda musulmana”, porque si lo fuera “sería la más ineficaz que uno pudiera imaginarse” porque no incluye a la mayoría de países musulmanes.