¿Legalización? Una buena opción para las cuentas públicas

Los impuestos derivados de las ventas pueden llegar a $436 millones para el estado
¿Legalización? Una buena opción para las cuentas públicas
El debate sobre la legalización de la marihuana en Nueva York, cada vez cobra más fuerza.

¿Y si se legalizara el consumo de marihuana para los adultos? La oficina de la contraloría de la ciudad ha hecho las cuentas y le salen positivas desde dos puntos de vista, el de los ingresos y el de los gastos.

Para empezar, la oficina de Scott Stringer estima que si la venta fuera legal el mercado potencial en el estado movería alrededor de $3,100 millones de dólares, algo más de un tercio de esta cantidad en la ciudad de Nueva York. Y si sobre estas ventas se aplican la misma tributación (un total del 35% sobre el precio de venta) que hay en estados como Washington y Colorado, el estado podría recaudar $436 millones en nuevos impuestos y la ciudad unos $335 millones.

El contralor cuenta con que los consumidores gasten al año unos $2,080 anuales a la marihuana, una cantidad promedio en los dos estados donde se legalizó el consumo en 2014.

Estas cifras son conservadoras porque no se incluye el potencial de las ventas entre la población trabajadora en la ciudad que no vive fuera de ella (unos 970,000) y las que se hagan a los turistas, tanto nacionales como internacionales.

Estos nuevos ingresos recaudados se podrían usar para invertir en las comunidades más perjudicadas por la criminalización del uso y posesión de marihuana durante décadas. “No solo se trata de dólares, es una cuestión de justicia. La marihuana no es solo una fuente de ingresos que no se ha usado por la ciudad sino que además la persecución de ofensas relacionadas con esta han tenido un impacto devastador y desproporcionado en las comunidades negras y latinas durante demasiado tiempo”, explicaba Stringer en un comunicado.

La descriminalización, cuya propuesta de ley ha sido presentada por la senadora Liz Krueger y la asambleísta Crystal Peoples-Stokes, puede producir unos beneficios sociales que reducirán los gastos de seguridad pública y, según estima Stringer, ayudará a mitigar problemas de salud pública relacionada con la crisis de los opioides además de más beneficios sociales que serán beneficiosos una vez que se elimine una fuente de daño para las comunidades de color.