Buscan voluntarios para ayudar a los niños inmigrantes detenidos en la frontera

Una fundación legal está reclutando a abogados, intérpretes, médicos y terapistas para que entrevisten y evalúen a menores en centros de detención

Buscan voluntarios para ayudar a los niños inmigrantes detenidos en la frontera
Un niña de Centroamérica descansa en un centro de detención de la Patrulla Fronteriza en McAllen, Texas.
Foto: John Moore / Getty Images

La fundación legal sin fines de lucro y de interés público ‘Center for Human Rights and Constitutional Law’ (CHRCL), está buscando a abogados, traductores, pediatras y terapistas, con el fin de que participen como voluntarios en una visita de dos días que se realizará a un centro de detención de niños inmigrantes conocido como ‘Casa Padre’, en Brownsville, Texas.

Amparándose en el acuerdo legal conocido como ‘Flores Settlement’, aprobado por la Corte Suprema de Justicia en 1997 (‘Flores vs Reno’), los abogados del CHRCL tienen acceso legal al interior de los centros de detención donde se encuentran recluidos miles de niños inmigrantes que fueron separados de sus padres o familiares tras cruzar la frontera con México.

Sin embargo, según informó la abogada W. Warren H. Binford, profesora de Derecho y directora del Programa de Derecho Clínico de Universidad de Willamette, en Oregon, a los representantes del CHRCL se les ha dado muy poco tiempo para hablar con una cantidad demasiado grande de niños, por lo que van a necesitar muchos voluntarios durante los dos días que dure la visita, programada para el 12 y 13 de julio próximos.

“Aproximadamente 1,000 niños están detenidos allí y tenemos el derecho de entrevistar a cada uno de ellos bajo Flores, pero tendremos dos días únicamente para hacerlo y sólo de 9 a 12 horas por día. Cada entrevista dura aproximadamente una hora, lo que significa que necesitaremos como mínimo sesenta abogados”, dijo la profesora Binford, una de los abogados que ha ofrecido sus servicios como voluntarios.

“También necesitamos intérpretes que hablen idiomas indígenas de Centroamérica, así como español y otras lenguas (…) Y estamos buscando profesionales médicos pediátricos y terapéuticos que puedan ofrecerse como voluntarios para brindar asistencia en el lugar ambos días”, agregó.

Según explicó Binford, casi ningún ciudadano común puede reunirse con estos niños, pero un número limitado de abogados del CHRCL está autorizado bajo el Acuerdo Flores, y por ello necesitan más voluntarios que se integren a sus equipos de expertos en leyes para poder hacer la mayor cantidad de entrevistas en el menor tiempo posible. Aunque sólo los abogados tienen acceso a esos niños, sí pueden traer con ellos un intérprete o un asistente legal (‘paralegal’).

Una respuesta ‘viral’

Los organizadores de las visitas a los centros de detención infantil aclararon que el trabajo que allí se haga es totalmente voluntario y que no existen fondos para cubrir los costos de viaje para los que participen. Se estima que cada voluntario tiene que pagar de su propio bolsillo una cantidad cercana a los $1,000 en pasajes y estadía, sin contar con el tiempo personal que tienen que invertir.

Sin embargo, esto no ha detenido a miles de personas de todo el mundo que han expresado, en forma masiva, su deseo de convertirse en voluntarios para ayudar a estos menores y sus familias.

“Yo envié un email a mi lista de contactos profesionales, tratando de ayudar a reclutar entre 10 y 20 abogados voluntarios y ese mensaje se hizo ‘viral’. Recibí más de 5,000 mensajes en 72 horas de gente que quiere ser voluntaria para ayudar a estos niños y sus familias. Ha sido una respuesta abrumadora”, dijo Binford, quien aclaró que no es una organizadora de CHRCLF, sino sólo una voluntaria.

“Hemos recibido correos desde Europa, Canadá, México y todas partes del mundo. La gente está dispuesta a montarse en un avión desde España, Portugal, Calgary para ir a estos lugares de detención y asegurarse que estos niños están representados, que sus derechos sean protegidos y que se pueda facilitar su reunificación con sus familias”, aseguró la abogado.

Según explicó la experta en leyes, en menos de 3 días la base de datos del CHRCLF ha crecido a más de 2,200 voluntarios y la gente se sigue registrando.

“También hay una campaña de ‘Go Fund Me Campaign’, que ya suma más de $39,000 en donaciones para ayudar a los voluntarios para que puedan viajar a entrevistar a estos niños y a sus padres y tratar de facilitar la reunificación familiar (…) Esto incluye a muchos de los intérpretes que son fluidos en lenguas indígenas”, agregó.

Binford explicó que, aparte de ‘Casa Padre’, los abogados de CHRCLF están organizando otras visitas a diferentes estaciones de la patrulla fronteriza y centros de detención familiar en todo el país, para chequear las condiciones de estos niños que están cubiertos por el Acuerdo Flores.

El principal objetivo del viaje a ‘Casa Padre’ y otros centros de detención es que los voluntarios logren documentar quiénes son y de dónde vienen esos niños. Tratarán de ayudarlos a recordar dónde y cuándo fueron separados, con el fin de que esa información sirva para identificar a sus padres. La idea es proporcionar estos datos a las cortes y buscar la pronta reunificación de estas familias.

Momento oscuro en EEUU

La abogada W. Warren H. Binford, quien se ha unido a otras causas humanitarias, dio gracias a los voluntarios que de una manera u otra están tratando de ayudar porque, según dijo, para ella la separación de estos niños de sus familias ha puesto de relieve un “punto muy oscuro” en la historia de esta nación.

“Nunca me imaginé que la Administración Trump iba a tener la audacia de separar a los bebés lactantes de los pechos de sus madres; eso fue lo que hicieron los Nazis en Alemania, y lo que pasó en Khmer Rouge, Camboya. Nunca pensé que ninguna administración estadounidense iba a hacer algo tan inhumano”, expresó.

“Como estadounidense pienso que a esta administración y a su presidente tenemos que sacarlos de la oficina con nuestros votos si tenemos un poco de decencia”, agregó.

La experta dijo que la difícil situación que enfrentan los niños inmigrantes en la frontera sur no sólo los afecta a ellos y sus familias sino a todo la sociedad en general.

“Me parte el corazón ver que nuestro Gobierno haga cosas que son tan inhumanas. Pero al mismo tiempo, el haber recibido más de 5,000 correos de doctores, abogados y hasta de aeromozas que están pidiendo a sus compañías aéreas que donen viajes gratis para los voluntarios, eso nos da esperanza. El saber que hay tanta gente generosa y de buen corazón que quiere ayudar a estos niños, renueva nuestra fe en la humanidad”, exclamó Binford.

Para registrarse

Si quiere ser voluntario debe llenar un formulario que el CHRCLF creó en formato de Google Docs. Sus datos pasarán a la base de datos de ese centro. Para contactarse con ellos visite: centerforhumanrights.org o llame al (213) 388-8693.

Sobre el ‘Acuerdo de Flores’

En 1997, el Centro por los Derechos Humanos y Ley Constitucional (CHRCL), cuyo fundador y director ejecutivo es Peter Schey, y que está ubicado en Los Angeles, California, junto a otras organizaciones legales y de defensa de los inmigrantes, llegó a un acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, en una demanda colectiva presentada en 1985 en nombre de niños indocumentados no acompañados.

El caso ‘Flores v. Reno’, mejor conocido como el ‘Acuerdo de Flores’, cuestionó las políticas del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), hoy llamado ICE, que regían la liberación de los niños y las condiciones en que se encontraban durante su custodia.

Para la demanda el CHRCL se basó en el caso de Jenny Flores, una niña salvadoreña de 15 años, arrestada en 1985 cuando entró a EEUU y detenida como una criminal.

Según el Acuerdo, el Gobierno Federal debe minimizar al máximo la detención de niños inmigrantes y refugiados (no más de 20 días). También requiere que se albergue a esta población en instalaciones que tienen licencia para cuidar a menores que no son delincuentes.

Además, estipula que se trate a los niños detenidos en todo momento con dignidad, respeto y consideración debido a sus vulnerabilidades como niños.

Bajo el Acuerdo, los niños detenidos no deben ser llevados a centros de ICE, sino a refugios de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), que es parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos.