Juntos de nuevo, padres e hijos intentan superar el trauma de la separación y reconstruir sus vidas

WASHINGTON— El salvadoreño Gabriel pasó detenido en Texas y separado durante cinco semanas de su hija, Coheli, quien había sido trasladada a un albergue del gobierno en Arizona, pero ahora que están juntos de nuevo, la pequeña aún sufre pesadillas y revive las burlas de otros niños durante su encierro.

La política de “tolerancia cero” en la frontera sur de la Administración Trump, puesta en marcha en abril pasado, fue pensada para disuadir la emigración ilegal desde Centroamérica y dio pie a la separación forzosa de unos 2,550 bebés, niños y jóvenes.

Los que han logrado la reunificación con sus padres –que sólo fue posible gracias a una orden del juez federal, Dana Sabraw- ahora afrontan un largo camino para superar el trauma del encierro y reconstruir sus vidas, según expertos.

En entrevista telefónica, Gabriel, que no quiso dar su nombre completo ni el de Coheli para proteger su caso de asilo, revivió hoy parte de su experiencia al cruzar la frontera por McAllen (Texas) y ser trasladado al Centro de Detención Puerto Isabel, en Los Fresnos, en el mismo estado.

“No sabía que me la iban a quitar… me sentí muy mal, con ganas de morirme, porque sentí que traje a mi hija a este sufrimiento; no sabía si la iba a volver a ver, me sentí triste“, recordó Gabriel, quien ahora vive con su familia en el Condado de Anne Arundel, en Maryland.

Su hija Coheli, de 9 años, fue trasladada a más de 1,200 millas de distancia a Casa Kokopelli, un albergue en Arizona bajo contrato de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS).

Pero, según Gabriel, no tuvo noticias de ella sino 15 días después de que ambos fueron separados, y tampoco tuvo adelanto de cuándo volvería a verla.

“¿Para dónde vas? ¿A qué horas vuelves?”

“Cuando voy a salir, ella me pregunta ´¿papá, para dónde vas, a qué horas vuelves?´ Eso no lo hacía constantemente. Me contó que la metieron en una jaula, y que cuando se ponía rezar, otras niñas se burlaban de ella”, agregó.

“Se levanta como asustadita, tiene pesadillas, a veces no puede dormir o siente que sigue detenida”, dijo Gabriel, al señalar que mañana la inscribirá en una escuela pública.

Su esposa e hijo menor habían cruzado la frontera antes que él y Coheli, pero no fueron separados.

La experiencia le ha dejado un mal sabor de boca, al grado que Gabriel dice que no intentaría otro cruce ilegal para no arriesgar a su familia, pese a que emprendieron el viaje “por necesidad”, pensando que “Estados Unidos es un país seguro”.

Gabriel tenía un negocio de microbús en Puerto el Triunfo, en el departamento de Usulután, pero huyó con Coheli para escapar de las extorsiones, el pago de “renta”, y amenazas de muerte de las pandillas.

Se siente afortunado de haber recuperado a su hija y que las autoridades de Inmigración no le pusieron un grillete electrónico para vigilar sus movimientos. Gabriel aguarda la resolución de su caso de asilo, consciente de que centenares de padres ya fueron deportados.

 “Ya no son los mismos”

En vez de jugar con muñecas o patear una pelota, muchos de los niños y jóvenes que fueron separados y luego reunificados con sus padres, como Coheli, ahora presentan síntomas de ansiedad y trauma y, sobre todo, temor a volver a perder a sus padres.

Algunos recrean las condiciones de su encierro, ya sean en “jaulas” o “hieleras” de los centros de detención, mientras otros ahora juegan con esposas imaginarias para “arrestar” a sus amigos, o simulan usar los walkie-talkies de los agentes de Inmigración.

La mayoría no quiere desprenderse de sus padres o muestran otras señales de “regresión”, un fenómeno psicológico más común en niños pequeños que no entienden las separaciones temporales.

Lucero Ortiz, abogada de Inmigración y directora de servicios legales del grupo CARECEN en Washington, estuvo en la primera ola de abogados que visitó el Centro de Detención de Puerto Isabel el pasado 20 de junio, donde escuchó el testimonio de Gabriel y de otros inmigrantes que han huido de la violencia en Centroamérica.

En entrevista con este diario, Ortiz recordó el caso de Darío, un inmigrante hondureño que fue separado de su hijo adolescente por más de dos meses. Ambos viven en Nueva Orleans (Louisiana).

“Darío dice que su hijo ahora casi no habla… están pasando un mal momento y hasta quieren regresar”, dijo Ortiz, al resumir casos en los que los padres aseguran que fueron engañados por el gobierno, y sus hijos les reclaman un presunto abandono.

“Me dijo que su hijo era un niño normal,  platicaba, pero ahora es muy callado, no se expresa más allá de contestar con un sí o un no”, señaló.

“Recibimos testimonios de inmigrantes que nos dijeron que los agentes les habían mentido, que les decían ´ustedes son culpables´ de la separación de sus hijos….yo les pedí perdón por estar en un país que ha hecho esto”, subrayó.

Según Ortiz, los abogados también han oído casos de niños enviados a hogares de crianza, conocidos en inglés como “foster care”.  La ORR no ha respondido a una solicitud de comentario de este diario.

Administración ignoró advertencias

Durante una audiencia del Comité Judicial del Senado, el comandante Jonathan White, un funcionario de alto rango del HHS, afirmó que ni él ni otros funcionarios tuvieron previo aviso de la puesta en marcha de la separación de familias, pero sí advirtió a la Administración del posible riesgo para los niños migrantes.

“No hay duda de que la separación de niños de sus padres implica un potencial significativo de daño psicológico traumático para el niño”, precisó. White, miembro de la Comisión de Servicios de Salud Pública.

White aseguró a los senadores que HHS continúa los esfuerzos para reunificar en cuanto sea posible a los 711 niños que fueron separados y siguen en albergue, incluyendo a los de 431 padres que ya fueron deportados.

Un informe divulgado hoy por el grupo Refugees International denunció que la política de “tolerancia cero” no sólo es cruel sino que viola las obligaciones internacionales de Estados Unidos bajo la Convención para Refugiados, además de que es costosa y tiene un efecto dudoso para frenar la emigración ilegal.

“Tanto para los migrantes adultos como para su hijos, la detención puede ser un factor principal que contribuye a un deterioro mental, desánimo, conducta suicida, furia y frustración”, advirtió el informe.

El documento delineó el alto costo financiero y humano de la detención de familias, e hizo un llamado a que el gobierno, de la mano del Congreso, busque alternativas más “humanas”.

“Es desgarrador saber que los niños que se han reunido con sus padres muestran signos de trauma emocional y psicológico. Me preocupan estos niños y las muchas familias que aún no se han reunificado”, dijo a este diario el congresista demócrata por Arizona, Rubén Gallego.

“La política de separación familiar cruel e innecesaria de la administración Trump ha causado daños duraderos a estos niños, y deberían tener que responder por eso”, agregó Gallego, quien hoy mismo pidió en una carta  al HHS una investigación inmediata sobre informes de abuso físico y sexual de niños en un albergue de Southwest Key, bajo contrato de ORR, en Glendale (Arizona).

Pero, ante las continuas críticas, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah H. Sanders, repitió en rueda de prensa que el presidente Donald Trump mantiene su amenaza de provocar un cierre del gobierno para presionar por el muro fronterizo y otras medidas contra la inmigración ilegal, porque el Congreso debe corregir “el maltrecho sistema de inmigración”.

“Una guerra contra centroamericanos”

Al igual que activistas cívicos y abogados que están “en las trincheras” a lo largo de la frontera sur, Ortiz denunció la política de “tolerancia cero”, la cual calificó como pieza de la “guerra contra los centroamericanos” que ha declarado la Administración Trump.

Según Ortiz, esa “guerra” se ha manifestado mediante la cancelación del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), en el cual la mayoría de los beneficiarios son centroamericanos, la criminalización de las “maras” y, desde abril pasado, la separación de familias.

“Hasta la guerra tiene reglas, y estamos comunicando al mundo que acá tenemos una guerra contra los centroamericanos” y es inaceptable, enfatizó.

Según la abogada, los flujos migratorios derivados de la violencia en Centroamérica evocan memorias de uno similar en la década de 1980, durante la guerra civil en El Salvador, que también provocó una ola masiva de refugiados a Estados Unidos.

Ortiz explicó que grupos como CARECEN dan prioridad al proceso de reunificación y asistencia legal de familias, aunque está claro que éstas necesitarán donaciones humanitarias para subsistir y asistencia de psicólogos.