Advierten que plan de traslado de menores de Rikers Island está a medias

A poco más de una semana de que al menos 90 menores sean trasladados de la cárcel de Rikers Island al centro de detención juvenil Horizon, en El Bronx, la planificación parece estar a medias. Así lo dejaron ver este jueves varios miembros del Comité de Justicia Juvenil del Concejo Municipal, durante una audiencia sobre los avances de la implementación de la Ley de Aumento de Edad de Responsabilidad Penal en Nueva York o “Raise the Age NY”.

Durante el encuentro, que duró aproximadamente dos horas, el concejal Andy King, presidente del comité, junto a otros concejales, pusieron entre la espada y la pared a varios funcionarios que hacen parte del proyecto, y que debieron dar cuentas de los avances, luego de que la legislación fuera promulgada por el Senado estatal en abril del 2017 y se pusiera como fecha límite el 1 de octubre para el traslado de todos los jóvenes de 16 y 17 años a centros de detención juveniles en la ciudad.

Dana Kaplan, subdirectora de la oficina de justicia penal de la Alcaldía, aseguró en su testimonio que todo está listo para el traslado de los jóvenes.

“Estamos bien posicionados para aprovechar el progreso significativo que hemos logrado en los sistemas de justicia juvenil de la ciudad de Nueva York hasta la fecha”, indicó Kaplan. “Sin embargo, nuestro trabajo para asegurar la implementación exitosa de esta ley no concluirá el 1 de octubre”.

Punto de gran controversia

Parte del trabajo que aún está por verse está relacionado con la falta de personal calificado para recibir a los menores en el centro de El Bronx, llevando al Departamento de Correcciones (DOC) a tener que usar a 330 oficiales carcelarios que ya emplea para vigilar a los jóvenes dentro de estas instalaciones.

Y es allí donde hay gran controversia, ya que a pocos días de que se haga uno de los traslados carcelarios más importantes de los últimos años, y que en parte busca alejar a menores de situaciones que puedan comprometer su proceso de rehabilitación, específicamente por la cultura carcelaria extrema que se ha registrado en los centros penitenciarios de Rikers Island, el que vayan a ser vigilados por los mismos guardias de la violenta cárcel crea gran preocupación.

La tardanza, asegura Felipe Franco, vice comisionado de la Administración de Servicios Infantiles (ACS), radica en el proceso de contratación de los ‘Youth Development Specialists’, o Especialistas de Desarrollo Juvenil, quienes serían al final quienes estarían a cargo, tanto de la seguridad, como de otros servicios de rehabilitación de menores delincuentes.

Lejos de alcanzar la meta

Esta dificultad ha creado que solo se hayan contratado hasta el momento a 72 especialistas, menos de la mitad de la meta de 175 anunciada por esta oficina, lo que pondría, según Franco, a 87 empleados de ACS, incluyendo consejeros, terapeutas, entre otros cargos, en la instalación, frente a los 330 oficiales del DOC. Para el concejal Rory Lacman, esto es “completamente inaceptable”.

“Esta ley pasó hace 17 meses y en ese momento se habló de la situación de que si oficiales de corrección eran las personas apropiadas para estar en estos centros y cumplir con el propósito del aumento de edad, que es, como mis colegas lo han mencionado, sacar a los menores de las cárceles”, apuntó Lacman. “Ahora, 17 meses después ustedes están diciendo que Horizons va a tener 4 veces más oficiales de corrección que gente de ACS”.

Lacman fue más allá y preguntó sobre la posibilidad de que durante otra audiencia programada para el 1 de octubre, se dé alguna objeción que los obligara a no contratar a oficiales de corrección. “¿Cuál es el plan B?”

“Hemos estado en corte con este tema varias veces y hemos prevalecido”, explicó Kaplan. “Hasta este momento no tenemos ningún obstáculo legal para seguir adelante con nuestro plan. Para el 1 de octubre tendremos el centro con todo el personal y tendremos a todos los jóvenes de 16 y 17 años ahí y continuaremos con nuestro trabajo”.

Detención juvenil

De acuerdo con ACS, el centro de detención juvenil Crossroads, en Brooklyn, está manejado en su totalidad por empleados de ACS, y no recibirá ningún menor delincuente trasladado de Rikers Island, debido, en parte, a que la legislación estatal prohíbe que los menores detenidos antes de la puesta en marcha de la ley, tengan contacto con los nuevos internos.

Sin embargo, el traslado a Horizon también trae consigo a los mismos oficiales que han tratado con jóvenes de Rikers por años, ya que, para poder ser ubicados en el centro de detención, deben haber cumplido, al menos, dos años de trabajo directo con jóvenes.

Para el concejal Keith Powers, presidente del Comité de Justicia Criminal, esto no tiene sentido: “El sistema está roto. Tratamos de encontrar una solución para estos jóvenes y traen a los mismos oficiales que son parte del problema solo porque recibieron una capacitación. ¿Es eso lo que están diciendo?”.

Revisión de casos

El Comité de Justicia Juvenil también votó por una resolución presentada por el concejal Powers, que pide que el Estado revise los casos de cualquiera que haya sido condenado por un delito a los 16 o 17 años antes de la puesta en marcha de la ley.