En Connecticut, ni una palabra a ICE

Connecticut estudia acabar con la ayuda policial a "La Migra" y, como Nueva York, reducir las penas de un año para evitar deportaciones

En Connecticut, ni una palabra a ICE
Veronica Ubaldo durante la presentación de la propuestas de ley para proteger a inmigrantes./Cortesía
Foto: El Diario/Cortesía

Verónica Ubaldo se naturalizó en 2015. Esta mexicana y su pareja tuvieron que decidir quién de los dos podía acceder antes a este proceso porque no tenían dinero para ambos. Él estaba en libertad condicional por lo que Ubaldo refiere como un error que había cometido. Estaba obligado a ver a un oficial cada cierto tiempo. Un día, ella y su cuatro hijas tuvieron que convencerle de ir a esa cita porque no quería. “Nunca volvió”, explicaba con la voz quebrada.

“Me llamó a las 9.00 para decirme que le había cogido la Migra“.

Ubaldo reside en Connecticut un estado en el que hay ya una propuesta de ley para evitar que lo que le pasó a ella y otros inmigrantes vuelva a ocurrir, es decir, acabar con la colaboración que las fuerzas de seguridad de este estado con ICE.

Al igual que ocurre en el área de Nueva York, Connecticut está tratando de reforzar la protección de los inmigrantes y evitar con ello el sufrimiento de familias como la de Ubaldo, cuya hija mayor ha tenido que dejar sus estudios superiores para trabajar y colaborar en el mantenimiento del hogar. Verónica explicaba a este diario que otras dos de sus hijas, ciudadanas por nacimiento, han intentado ser detenidas y deportadas como su padre, algo que no puede ocurrir.

El estrés de estar sin él está perturbando a esta familia. Y esta es solo una de las muchas afectadas.

La propuesta que ahora tienen ante si los legisladores del estado y apoyan diversas organizaciones políticas como Working Families Party y la Alianza de Derechos de los Inmigrantes de Connecticut (CIRA, en sus siglas en inglés) pasa por actualizar una ley de 2013 llamada Trust Act que prohibe que las fuerzas de seguridad del estado y local retengan a personas para que ICE pueda detenerlas.

Pero esta ley tiene algunos agujeros que ahora quieren cerrarse. El principal es el llamado “detainer” que es una solicitud civil de ICE para que la policía detenga o les notifique antes de dejar en libertar a personas que puedan ser arrestadas por problemas de inmigración.

Los tribunales han dictaminado que los detainers son opcionales y de hecho su cumplimento obligatorio es inconstitucional porque retener o detener a alguien por una solicitud que no es una orden de detención es ilegal y viola la Cuarta Enmienda de la Constitución. Estos detainers no son órdenes (warrants) emitidas con las mismas garantías procesales, pueden dar lugar a abusos y una de sus posibles consecuencias es que se detenga a una persona sin motivo. Lo que se quiere ahora es que no se les dé curso por parte de las fuerzas de seguridad del estado.

Según un informe de Worker and Immigrant Rights Advocacy Clinic (WIRAC) de la facultad de Derecho de la Universidad de Yale, en 2016 y 2017 los agentes judiciales de Connecticut, Judicial Marshalls, han colaborado enérgicamente con los detainers de ICE a pesar de no solo no ser obligatorio de acuerdo con la ley sino posiblemente inconstitucional. Desde WIRAC se explica que cuando se da cumplimiento a un detainer están mandando a prisión a gente solo por su documentación de inmigración, no por un crimen, y sin recursos legal.

Muchas personas sobre las que se emite esta solicitud de detención no tienen cargos pendientes y no hay causa para que sean detenidos.

Los detractores del uso de este detainer consideran que incentiva la discriminación, prejuicios raciales y perjudica la confianza que se tiene en la relación de las fuerzas de seguridad y las comunidades que protegen.

Luiz Casanova, asistente del jefe de policía de New Haven dijo el viernes en un acto de apoyo a esta actualización de la ley que para que la policía pueda hacer su trabajo no solo se necesita policía sino a la comunidad y la confianza de esta y tal y como están las cosas hay una quiebra de esta confianza. “No somos ICE y no tenemos interés en hacer su trabajo”.

Un día, mucha diferencia

Los legisladores de Connecticut también quieren hacer otro cambio que ayuda a proteger a las personas que no son ciudadanas y que pueden estar en grave riesgo de deportación, independientemente del estatus migratorio, en caso de que sean acusados de una falta o delito menor con pena prevista de un año. Se imponga la sentencia o no, en su integridad o no.

La Asamblea General ha registrado una propuesta para reducir estas condenas a 364 días. Es apenas 24 horas menos que cambian la vida a todos los que no son nacionales.

Ya hay otros 10 estados que han adoptado esta medida y en Nueva York, la senadora estatal Jessica Ramos, ha propuesto también reducir las penas de estos delitos a 364 días para evitar deportaciones automáticas.

El senador demócrata de Connecticut, Saud Anwar, explicaba el viernes en Hartford que aprobar estos cambios son necesarios para que evitar la dureza del juicio de la historia cuando se revise lo que ha pasado estos años. Anwar pidió que se recapacitara y se pensara en cómo responder en el futuro a la pregunta “¿Qué hacías tú mientras pasaba esto?”.

Se espera que ambas propuestas sean aprobadas por el legislativo bicameral en el que el partido demócrata tiene mayorías amplias.

Propuestas

  • Prohibir que las fuerzas de seguridad del estado de Connecticut detengan a ninguna persona por un detainer o solicitud de ICE.
  • Prohibir que las fuerzas de seguridad del estado compartan información confidencial con ICE sobre personas que están bajo custodia a no ser que así lo obligue la ley federal.
  • Clarificar que los oficiales de libertad condicional también son fuerzas de seguridad.
  • Asegurar que cualquier persona detenida sin motivo por una solicitud de ICE tiene recursos legales (seguridad jurídica
  • Incrementar la transparencia y responsabilidad para hacer público y accesible información sobre las comunicaciones y colaboraciones de las agencias del estado y local con ICE.
  • Adicionalmente se busca reducir un día a sentencia máxima de un año por los delitos menores Clase A para que sea de 364 días. Quienes no son ciudadanos pero son acusados de una falta o delito menor penada con un mínimo de 365 días pueden ser deportados aunque no se imponga la sentencia tipificada.